Opinión

Muerte digna: legislación francesa

 
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Pedro Ramírez Vázquez

Por Víctor Manuel Pérez Valera.

Para iluminar sobre este punto la constitución CDMX, es conveniente hacer un esbozo de la legislación francesa.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó en 1999 la famosa recomendación 1418 sobre la protección de los derechos del hombre y la dignidad de los enfermos incurables y moribundos. Allí se afirma claramente que “el deseo de morir de un enfermo incurable o moribundo no puede nunca constituir un fundamento jurídico de su muerte a manos de un tercero”.

Sin duda estas y otras razones aducidas por el Parlamento del Consejo de Europa influyeron en los legisladores franceses. Él mismo ex-senador Henri Caillavet que tanto luchó en pro de la eutanasia, a la postre declaró: “Personalmente yo me inclino por el modelo alemán. La prohibición de matar debe continuar, pero en caso de un estado de necesidad, cuando los sufrimientos son intolerables, cuando el paciente no puede continuar con su vida y reclama la muerte, un espacio de seguridad jurídica debe ser garantía para los médicos que recurran a la eutanasia”. Se pretende dar a los médicos seguridad jurídica, pero no caen en la cuenta que esa ley daría inseguridad a los pacientes más vulnerables y más débiles. Trivializar la eutanasia y legalizarla indiscriminadamente sería una calamidad.

Robert Badinter a quien se debe la abolición de la pena de muerte en Francia se ha expresado con claridad: “El sólo valor de la ley en este dominio es el de proclamar el respeto por la vida”.

Después de unas sesiones tumultuosas en el Senado y un debate profundo y sereno en la Asamblea Nacional el 22 de abril de 2005 se publicó en Francia la nueva ley “relativa a los derechos de los enfermos y al fin de la vida”. Los debates parlamentarios habían sido precedidos por una intensa campaña mediática a favor de la eutanasia.

Por principio el gobierno francés se opuso a legislar en un ambiente de tanta tensión emocional y decidió crear una comisión que acumulara información en torno al “acompañamiento al fin de la vida”. El tacto y talento de Jean Leonetti, presidente de la comisión, encaminó la reflexión a un terreno en el que se superaron los prejuicios emocionales y partidistas. Se decidió escuchar las opiniones de más de 80 expertos de diversas orientaciones. También se visitaron los Países Bajos en donde la eutanasia está, bajo ciertas condiciones, legalizada, e igualmente tuvieron contacto con unidades de cuidados paliativos. Al aceptar la complejidad del problema se logró superar los slogans superficiales, las actitudes simplificadoras y la ridiculización de las posiciones contrarias.

Se discutió la posibilidad de modificar el Código Penal francés para despenalizar la eutanasia en circunstancias muy especiales. Pero se concluyó que sería muy difícil precisar esas circunstancias y que se corría el grave riesgo de abrir un camino que fuera más allá de lo que pretendía el legislador.

Existía, además, un propuesta del Comité Nacional de Ética de introducir una “especie de eutanasia de excepción”. Es decir que el enfermo pudiera someter su caso a una comisión de expertos, que pudieran cambiar las reglas jurídicas considerando el caso concreto. Esta propuesta fue muy criticada pues manifestaba la fragilidad del razonamiento jurídico de esta demanda.

Lo anterior no impide que los tribunales ponderen las circunstancias atenuantes de cada caso. Se adujeron, además, en contra de la despenalización argumentos de más envergadura: primero la repercusión que la despenalización de la eutanasia traería para los enfermos en general y para los enfermos terminales en particular, la angustia que podría suscitarse en ellos y, en segundo lugar, la vulneración de la relación de confianza médico-paciente.

El autor es Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana.

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