Opinión

Mucho reformar, cambiar poco

10 febrero 2014 4:17 Última actualización 21 octubre 2013 5:2

 
Manuel Villa

Prácticamente superado el trámite congresional de lo que pretenden reforma fiscal, sigue ahora compensar a los partidos de oposición –al menos es lo que se avizora–, con una demanda que quieren hacer pasar como de gran relevancia. Otra vez, una ¡reforma electoral!, que nadie ha escuchado que los ciudadanos la reclamen. Según PAN y PRD, siguen siendo víctimas de un sistema injusto y por eso tienen pérdidas electorales. Se trata ya no sólo de una falacia, sino de un pésimo recurso que sólo busca seguir viviendo de los ciudadanos, sin darles nada sustancial a cambio.
 

En las condiciones del sistema político mexicano cualquiera de las reiteradas propuestas, como la segunda vuelta, régimen semi-presidencial, reelección de legisladores y tantas más, no van a resolver nada porque el problema está en los mecanismos de funcionamiento del sistema. Precisamente, en la parte esencial, los partidos políticos. Por ello es ridículo, casi cínico, proponer que el gran cambio vendría ahora con un Instituto Electoral Nacional, que borre a los respectivos de las entidades de la Federación. No vale la pena discutir los argumentos, se trata de otra añagaza más en beneficio de las partidocracias. Las deficiencias del sistema están, en efecto, en otra aparte, se pueden detectar con una breve revisión de fondo de los síntomas: elecciones muy onerosas –dispendiosas–, candidatos encumbrados y fabricados con dinero o poder burocrático –del gobernador–; excesos de publicidad y mercadotecnia, así como pobreza de contenidos e inmediatismo de los partidos.
 

En el modelo clásico de la representación, se asume que ésta siempre será defectuosa o sesgada, pero los actores principales del poder son claramente visibles y responsables. Es decir, que cumple con la función esencial para representar: sumar fuerzas, llevar a cabo agregaciones de poder, en las que, en algún grado, participa la organización ciudadana –por supuesto entre más, mejor. Desde luego, siempre acompañado o incidido todo ello por intereses específicos de índole, las más de las veces, económica.
 

En México no parece ser así, los actores principales, encargados de agregar fuerzas, hacen todo lo contario, desarticulan y disgregan. De hecho, la agregación la hace el ciudadano al poner su voto en las urnas, y esa resulta en mera sumatoria. En tales condiciones, no existe el cinturón o el conglomerado de poder que ordene, acote y mesure las conductas de partidos y candidatos. De tal manera que, a la hora de los resultados, cada quien puede protestar y aceptar lo que mejor le convenga.
 

Se entiende, con razón, que todo proceso electoral es, en lo sustancial, una lucha por el poder entre agentes del poder político. Cuando es así, la lógica natural va en el sentido de la suma o adición de fuerzas y en la medida que se acerca el día de los comicios hay indicaciones claras del grado de agregación que ha conseguido un candidato o un partido. Pero en México parece ocurrir algo sólo semejante, pálidamente parecido, la única evidencia del poder acumulado por los contendientes es la de la suma de simpatías que reflejan las encuestas. O bien, la intensidad de la propaganda y promoción en medios. Como consecuencia, es fácil sembrar la sospecha de que X o Z, representa intereses oscuros, fuerzas ocultas que lo financian y promueven, etcétera.
 

En otras palabras, que el problema de la inacabable controversia de los resultados y la perniciosa riña poselectoral, no parece estar esencialmente en los actores, sino en el poder, del que ellos no son sino producto. De manera que lo que hay que desentrañar es el modo cómo las relaciones de poder se han construido o, se construyeron, durante el curso de la liberalización económica y política en México, pues todavía no es tan seguro que haya sido una efectiva democratización.
 

La gran deficiencia cobra forma cuando se detecta a los verdaderos actores y el poder en que se sustentan, -por lo menos en su mayoría-, y lo que se constata es que no responden a una lógica del poder político, construido desde la agregación ciudadana, sino a una distinta, la de los negocios; no buscan poder político, tratan de limitarlo, condicionarlo y reducirlo a su mínima expresión. Quizás el efecto más pernicioso y si no de largo, sí de mediano plazo, sea el que se observa en la clase política. El supuesto o la predicción fue que la formación de una clase política apropiada a la democracia llevaría tiempo, las fardos y deformaciones que dejaba el sistema priista no se superarían de un día para otro, y una buena generación de políticos demora en establecerse. El lapso transcurrido parece estar probando que no es esto lo que está sucediendo, ya pasó bastante tiempo y cada vez más se padecen elencos de políticos absolutamente deplorables, cuando no nocivo para el país.
 

Esto lleva a pensar que lo que se produjo, bajo la lógica del poder económico, fue una clase operadora, de hombres de negocios del poder, cuyos medios esenciales son el dinero, la mercadotecnia y el favor de los medios de comunicación.