Opinión

#MisionCumplida

 
1
 

 

ME. La mala leche española.

Así etiquetó la Policía Nacional de España el tuit que usó para difundir la detención de Humberto Moreira el viernes pasado. Según información difundida, la detención se produjo a petición de un tribunal de Texas que investiga una red de desfalco de fondos públicos y lavado de dinero que supuestamente operó en el estado de Coahuila cuando Moreira era gobernador.

Un elemento de la investigación sería una transferencia de 200 mil euros que hizo el exgobernador a bancos de España donde actualmente cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque la cantidad es irrisoria frente a las fortunas que se amasan al amparo del poder político (menos de cuatro millones de pesos), puede constituir el hilo que deshaga un enjambre y que lleve al origen de esos y otros recursos más cuantiosos.

La reacción del PRI fue que “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran”. Pero las instituciones deben funcionar para evitar o sancionar a quienes las habitan y abusan del erario público. Y la palanca que permite que esas instituciones (gubernaturas, ministerios públicos, procuradurías, congresos) cumplan su función es la voluntad política para aplicar la ley, sea quien sea. Son personas, no instituciones o burocracias abstractas, las que dan curso para que expedientes sean atendidos, investigados y sancionados y son esas personas quienes con frecuencia bloquean su operación para encubrir, negociar y tolerar la corrupción.

Por ejemplo, ¿dónde estaba el Congreso local de Coahuila cuando Humberto Moreira solicitó los créditos que llevaron la deuda de esa entidad de 323 millones a más de 36 mil millones de pesos en pocos años? ¿Por qué el gobierno anterior lo exculpó en 2012 por
–presuntamente– carecer de evidencia por haber contratado deuda con documentos falsos? ¿Por qué la Procuraduría General de la República determinó en 2015 que debía ser exonerado de la acusación de enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita?

La “misión cumplida” de la Policía española quita brillo a la “misión cumplida” en Los Mochis una semana antes. Como ya ha ocurrido anteriormente, algunos festejos se eclipsan por recordatorios de la terca realidad que con cierta regularidad se aparece para recordarnos lo poco que ha cambiado México y que, a pesar de la captura de El Chapo y lo simbólico y positivo que ello fue, el problema de la impunidad y la complicidad prevalece como la norma más que la excepción. La captura de El Chapo no es reflejo de un nuevo país; es resultado de una estrategia del gobierno para capturar a un delincuente con nombre y apellido, mas no forma parte de un nueva era para garantizar la legalidad y atrapar a los criminales y corruptos, sean quienes sean.

La falta de acciones internas para combatir la corrupción de manera sistemática –no sólo por parte de los ejecutivos, sino también de los poderes Legislativos y Judiciales– puede convertir al juez Santiago Pedraz en el héroe internacional que detone una investigación que México no pudo dar. El ánimo mediático y de fama mundial del juez español lo puede llevar a alargar el proceso, filtrar investigaciones en curso y convertir al caso en un verdadero dolor de cabeza permanente para el gobierno mexicano. Es muy prematuro saber el curso que tomarán las investigaciones, pero no debe descartarse la posibilidad de que se conviertan en la fuente de escándalos y acusaciones más prolongada de las últimas décadas; en un juicio que sea fuente de maledicencia en contra del gobierno y de la clase política mexicana.

Según Víctor Beltri, el juez Pedraz ha tenido a su cargo casos muy complejos y mediáticos que ha abordado con una perspectiva personal y justiciera. “Se ha enfrentado con militares gringos, con el gobierno guatemalteco, con China, con el Partido Popular siendo partido en el poder, entre muchos otros”. Concluye: “lo que vendrá es de pronóstico reservado, pero una cosa sí es cierta: la llegada del juez Pedraz a la vida política mexicana puede ser el evento más disruptivo que hayamos tenido en décadas”.

El bono de confianza y credibilidad de la captura de El Chapo se esfuma rápidamente por la terca realidad que se aparece por doquier. Aunque sea tarde, el Estado mexicano –reitero, no sólo es responsabilidad del gobierno federal– podría enfrentar el toro por los cuernos y combatir la corrupción como debe hacerse: en los hechos, con pruebas, con consignaciones, con sanciones penales. Que haya un proceso legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser ya un pretexto para seguir pateando la pelota.

La negligencia para investigar y castigar la corrupción puede dar pie en algunos años a una cruzada justiciera de algún líder mesiánico que use los instrumentos del poder para castigar a los corruptos sin el debido proceso y violando derechos humanos. Cada acto de corrupción no castigado hoy es gasolina para que su combate en el futuro sea con sed de venganza. Y eso sería lo peor para construir un sistema político íntegro y una cultura de la legalidad.

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
Mamacita, Gamboa y 'El Chapo'
Agenda electoral 2016
Saldo electoral 2015