Opinión

6 mil 575 millones de pesos al día

14 noviembre 2013 5:2

 
No estoy seguro de que la doctora Mercedes Juan, la secretaria de Salud, tenga idea de la magnitud de las cifras de las que ayer habló cuando cuantificó el impacto de la violencia en la economía.
 
Refirió que ese efecto equivalía al 15 por ciento del PIB. De acuerdo con las estimaciones del PIB para este año, esta cifra sería equivalente hasta de 2.4 billones de pesos. Esto equivale a 6 mil 575 millones de pesos al día o 273 millones de pesos por cada una de las 24 horas del día.
 
 
La cifra resulta muchas veces mayor que el cálculo del INEGI respecto al impacto económico de la delincuencia y el crimen, que fue de 1.34 por ciento del PIB.
 
 
Se puede argumentar que en esta estimación se cuantifican los daños materiales, el efecto en la productividad, atención médica, rehabilitación, servicios de seguridad y desinversiones.
 
 
El dato presentado por la secretaria de Salud es mucho más amplio que el cálculo del INEGI. Sin embargo, dista mucho del rigor con el que fue estimado el dato del INEGI.
 
 
Y además, al ser tan amplio el concepto, es mucho menos útil para diseñar las políticas públicas.
 
 
Querría decir que si se desterrara la violencia de todo tipo en la sociedad, el PIB sería 17.7 por ciento mayor.
 
 
Lo mínimo que habría que pedir a la secretaria es un detalle respecto a los cálculos, pues la verdad es que según estos datos, deberíamos dejar de discutir el tema de los cambios estructurales, pues con desterrar la violencia, tendríamos un impacto positivo en el PIB mayor al que podrían tener todos ellos.
 
 
Si ese fuera el caso, lo primero que deberíamos decirle a la doctora Juan es que le explique lo anterior a sus colegas, como el secretario de Hacienda o el de Energía, para que sean consistentes con las medidas que van a tener un impacto mayor en la economía.
 
 
A reserva de que se informen las razones de la estimación, la verdad es que todo indica que se trata de un ejercicio con un alto componente especulativo, que en poco contribuye a priorizar y darle orden a las políticas públicas.
 
 
La CNTE
 
 
Muchos inversionistas y ciudadanos se han sentido decepcionados de las autoridades, federales y locales, respecto a la tolerancia que existe a la disidencia magisterial.
 
Se ha generado la impresión de que, por la puerta de atrás, se han creado condiciones para no cumplir con los términos de la reforma educativa, tanto en su expresión constitucional como legal.
 
 
Hace décadas, los gobiernos priistas se distinguían por su habilidad para mantener la estabilidad política, al margen de que se cumpliera o no con la ley.

 
Y ahora se teme un regreso a esa estrategia, que ha llevado a dejar que los maestros disidentes abandonen su trabajo y bloqueen plazas públicas por meses.
 
 
Más allá de la gravedad de este hecho, lo peor es el temor de que se trate de un comportamiento sistémico.
 
 
Es decir, que vuelva a prevalecer el criterio de valorar la estabilidad política por encima de todo.
 
 
Aquí le comentamos la visión expresada la semana pasada por Ernesto Zedillo, que argumentó que la falta de Estado de derecho es el principal problema del país.
 
 
Una visión que privilegie la estabilidad por encima del cumplimiento de las leyes, en poco va a contribuir a darle certidumbre a las personas o a las empresas en México.
 
 
Otra percepción que se ha generalizado, con razón, es la idea de que se ha mostrado el camino. Si alguien quisiera que alguna ley no se cumpla, basta con reunir a suficientes personas y ser tan intolerante y violento como para generar temor entre las autoridades.
 
 
La señal es más que negativa para el país. Ojalá que las percepciones estén equivocadas y pronto el cumplimiento de la ley se convierta en un valor que practica la autoridad de manera clara y manifiesta.
 
 
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