Opinión

Microfinanzas:
¿Tasas usureras o tasas realistas en México?

 
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El microcrédito nació con la promesa de solución a la pobreza. Su expansión mundial en los años noventa derivó en un amplio movimiento con muy diversas tendencias; la de América Latina dominada por un enfoque comercial, alta rentabilidad y centrada en el crédito no llegó a los estratos más pobres sino a los más dinámicos de la base de la pirámide, aquellos que pueden pagar tasas altas y pagos rápidos: pequeño comercio y servicios.

El microcrédito por tanto, no llegó a los más pobres, con excepciones no atiende a los micro y pequeños productores agrícolas. Desde principios del siglo XX el microcrédito vive un fuerte cuestionamiento
acerca de su legitimidad. Ya son evidentes sus limitaciones para superar la pobreza y el efecto de tasas altas e inversiones de corto plazo hace dudar de su eficacia en el desarrollo económico.

Aunado a esto, la evidencias negativas en diferentes contextos del mundo aumentaron la alarma: crisis de no pago (boliva, Nicaragua), incrementos en la violencia intrafamiliar (múltiples países), suicidios
en quienes no podían pagar (crisis de Andhra Pradesh, India) y por no haber encontrado impactos contundentes y generalizados en más ingreso o reducción de pobreza en países de África y Asia como Bangladesh, la cuna del Grameen Bank.

México ha pasado ileso a todo este tipo de crisis, mas no ha sido inmune a las críticas sobre el microcrédito que llega a la población de bajos ingresos, ya que bajo el argumento de que no hay crédito más caro que el que no existe, cualquier umbral de tasas de interés puede llegar a la población más vulnerable, registrándose instituciones que prestan dinero con tasas efectivas anuales superiores al 120 por ciento que en un mismo municipio coexisten con otras tasas efectivas anuales de entre 20 y 40 por ciento.

Si bien el microcrédito es más caro, ya que tiene altos costos de transacción, información y recuperación, también es cierto que algunas
instituciones financieras extienden esta argumentación más allá de los límites financieros y racionales.

Nuestro país es visto en América Latina como un caso escandaloso que permite tasas de interés en operaciones de microcrédito formal equiparables a las de la usura ilegal, es decir, aquéllas que superan el 100 por ciento.

Ante esto, la autoridad generalmente busca soluciones rápidas en las que la reducción de tasas de interés en la microfinanza se dé por decreto o entregando el crédito directamente con un subsidio insostenible a la tasa; por su parte, las instituciones pujan porque 
la tasa de interés activa sea la más alta posible. En medio de los extremos, el consumidor paga las consecuencias con la pérdida de bienestar.

En un país donde prevalecen grandes desigualdades, pobreza y muchos abusos, no sólo es necesario sino urgente que los intermediarios financieros que trabajan en zonas rurales empiecen por empoderar a sus clientes y socios, en beneficio mutuo, ya que un cliente que se desarrolla con un crédito y logra generar más

ingresos, además de que es un cliente que paga sus deudas, tendrá mayor capacidad de ahorro, de inversión y por tanto de expansión.

¿Cuál es la solución? La respuesta radica en no una, sino varias acciones concurrentes en las que la autoridad tiene un papel fundamental sobre todo tratándose de zonas rurales y de población de bajos ingresos.

Tales propuestas implican que todas las instituciones financieras estén obligadas a hacer la mercadotecnia de sus productos de forma mucho más transparente e informativa, lo cual significa que previo a la contratación de un producto de crédito, el individuo debe estar perfectamente claro de cuál es el monto que contrata, cuál será la tasa
efectiva que pagará y la cantidad final.

Asimismo, los canales para imponer una queja y pedir apoyo ante la Condusef, todavía no son lo suficientemente populares en zonas rurales, lo cual le daría al consumidor la posibilidad de conocer mejor
sus derechos como usuario y saber cómo comparar mejor los costos de los productos de crédito que se ofrecen en su región.

En estricto sentido, la información es la llave para que las microfinanzas puedan ser mucho más competitivas en términos de sus tasas de interés y el consumidor informado pujará para que los precios se equilibren de mejor manera.

Finalmente, la autoridad pudiera tener un rol mucho más proactivo en tales disparidades de tasas de interés en las microfinanzas a través de la medición del desempeño social, es decir, la regulación y supervisión de los intermediarios no sólo en su salud financiera, sino en cómo su actividad tiene impactos positivos en sus clientes.

Esto es viable, no es costoso para las instituciones y no es distorsionante. En otras latitudes de Latinoamérica, la medición del desempeño social en materia financiera emana de las leyes bancarias (Bolivia, Ecuador, Nicaragua) y lejos de entorpecer el mercado, ha fomentado la innovación y la competencia, ya que los intermediarios formulan su acercamiento con productos que satisfacen necesidades de sus clientes y contribuyen a su desarrollo.

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