Opinión

Michoacán, normalidad política

 
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Silvano Aureoles

Tras un sexenio de aguda crisis que vio desfilar a dos gobernadores y un virrey federal a la cabeza de las instituciones locales, Michoacán retoma el camino de la normalidad política con la toma de posesión de un nuevo gobernador electo por la vía democrática.

El núcleo de las preocupaciones del nuevo gobierno está, como es natural, en el tema de la inseguridad generada, desde administraciones anteriores, por el crimen organizado y su colusión con autoridades en diversos niveles de la estructura gubernamental que catalizó de manera determinante el deterioro de la estabilidad política, económica y social en el estado.

El discurso pronunciado por el nuevo mandatario estatal al asumir su encargo transmite un mensaje directo de fuerza, que reconoce abiertamente esa connivencia entre crimen y autoridad, particularmente en el orden municipal, advirtiendo la adopción obligada del mando único policial en toda la entidad como una medida para terminar con la inseguridad, sumada a otras como la inmediata certificación de los cuadros directivos de las policías, el robustecimiento de la vigilancia técnica en las principales ciudades y la implementación de un sistema de inteligencia. Todo ello, con la participación de dependencias federales, como la Defensa, Marina y Policía Federal, que proporcionarán, según lo anunciado por el propio mandatario, un contingente de cinco mil elementos para tareas de seguridad.

Bien entendido, el modelo que anuncia el naciente gobierno michoacano no es otra cosa que la reedición del que siguieron sus antecesores, soportado en la acción de la fuerza federal y con la idea de centralizar el control policial a nivel estatal, propuesta que ha sido cuestionada y, en muchos casos, rechazada abiertamente por ediles y gobernadores al considerar que invade la libertad municipal.

La disposición anunciada sobre el mando único toma como justificación, avalando la postura de la Federación, la vulnerabilidad municipal mostrada frente a las presiones de organizaciones delictivas que someten a sus autoridades, bajo amenaza, a seguir sus instrucciones, pero nada sugiere de los vergonzosos sucesos en los que se ha hecho evidente la identidad que existe entre autoridades estatales o personajes allegados y conocidos delincuentes.

Ciertamente, las enjundiosas declaraciones iniciales del gobernador michoacano, su reconocimiento abierto de los severos problemas que padece su entidad a causa de la corrupción y la determinación que parece animarle, envían una poderosa señal de que las cosas pueden cambiar y que el gobierno debe desembarazarse de la fatalidad inducida por la tan socorrida frase de “plata o plomo”.

Las intenciones parecen sinceras y las propuestas se antojan viables si la voluntad las soporta. Éstas tendrán que traducirse en hechos y en resultados tangibles, con o sin mando único, más allá de la clásica retórica y la cómoda estadística que normalmente acompaña a la excusa ante el fracaso.

Un asunto que en materia de centralización policial sin duda será una piedra en el zapato es el de las autodefensas que, transformadas en una especie de policía de complemento, dejan serias dudas sobre su legitimidad y sanidad.

Pero si las cosas le salen bien a don Silvano, si su sistema de inteligencia resulta eficaz y logra cortar el nudo gordiano que sus antecesores le han heredado, puede ser ejemplo, no sólo para otras entidades en igualdad de circunstancias, sino para la propia Federación.

Le deseamos muy buena suerte.

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