Opinión

Michoacán,¿ahora sí?


 
¿Por qué hemos de creerle al gobierno que ahora sí pondrá orden en Michoacán? La verdad, no lo sé.
 
Una parte importante del territorio michoacano está en guerra. Una guerra civil gestada durante décadas, producto de la presencia del narcotráfico, la corrupción y la indolencia de los gobiernos y de la sociedad. Una guerra que se veía venir y que nadie, nadie, hizo algo para evitarla.
 
 
Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de gobernación, firmó un convenio más con el cuestionadísimo gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. En el Palacio de Gobierno de Morelia, reunió a los integrantes del gabinete de seguridad y a las autoridades locales para anunciar a los medios de comunicación y a los mexicanos que, ahora sí, hará lo que la ley ordena. Que ahora sí cumplirá con su deber. Que ahora sí el Estado mexicano se hará sentir en esa región azotada por el crimen organizado.
 
Tuvo que ser el caos que estalló en Apatzingán, y en toda la región de la tierra caliente, lo que hizo reaccionar al gobierno. Tuvo que ser el hartazgo de una población aterrada por la amenaza de los narcos, secuestradores y extorsionadores y la presencia de las autodefensas lo que obligó a Osorio Chong adoptar una decisión tardía y carente de imaginación.
 
¿Por qué firmar un convenio con el gobierno de Michoacán para que la federación cumpla con su obligación constitucional de acudir en auxilio de cualquier estado de la república amenazado? ¿Por qué acordar con el incapaz gobierno de Fausto Vallejo lo que el Gobierno de la República tiene como obligación, es decir, garantizar la seguridad de la población?
 
Al secretario Osorio Chong le faltó un pequeño detalle: sentar en la mesa y acordar con los grupos de autodefensa deponer las armas, regresar a sus vidas normales para permitir que la autoridad cumpla con su deber.
 
 
Faltan también resultados rápidos y contundentes en la lucha contra los cárteles del narcotráfico que han azotado todos esos municipios michoacanos y que han desplazado a las instituciones del Estado para implantar su ley, la ley del terror.
 
 
Falta que se esclarezca sin duda alguna si hay o no, si hubo o no, funcionarios de cualquier gobierno involucrados con el narco. Y encarcelar a quienes lo merezcan. Las acusaciones en ese sentido siguen vigentes y el silencio de la autoridad en ese tema, también.
 
Falta despejar todas las dudas que hay sobre el origen, la finalidad y el financiamiento de los grupos de autodefensa. Es necesario que México sepa, con toda certeza, si se trata o no de grupos paramilitares financiados por el narco.
 
 
Aún nos falta mucho por ver. Lo más probable es que el ejército mexicano no salga bien librado de esta nueva tarea para resolver lo que la autoridad civil no pudo o no quiso evitar. Esperemos.
 
 
Hasta el viernes.