Opinión

Mi juicio político

 
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  [El próximo 30 de octubre otros cuatro consejeros del IFE culminarán sus labores/Cuartoscuro/Archivo]

Fue desechado la semana pasada después de 10 años de haber sido presentado. Supongo que podría sentirme algo especial por tratarse de una de las 364 solicitudes de juicio político que se han presentado en los últimos 14 años. Mi solicitud de juicio fue desechada junto a otras 108 por prescripción —muchos servidores públicos simplemente ya no lo son, como es mi caso—, así como el hecho de que el asunto carece de sustento.

En esa lista aparecen funcionarios y exfuncionarios de diverso tipo y color, entre ellos los exprocuradores generales de la República Marisela Morales, Daniel Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora; los exsecretarios de Estado Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz, Reyes Tamez Guerra y Julio Frenk Mora; también el expresidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, los exmandatarios capitalinos Marcelo Ebrard y Alejandro Encinas; incluso el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por una solicitud iniciada en su contra cuando estuvo al frente de la Procuraduría capitalina. La lista se completa con exdiputados y exsenadores de distintas legislaturas, así como algunos exgobernadores.

Mi demanda de juicio fue interpuesta en 2006 en mi calidad de consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) por la Coalición por el Bien de Todos, alianza que postuló en aquel año a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Motivo: el presunto fraude electoral que habría cometido en la elección de julio de ese año. Ha pasado más de una década sin que haya surgido una evidencia de tal maquinación —fotografía, video, audio, correo electrónico— que para ejecutarse habría requerido de la participación de miles de funcionaros de casilla, representantes de partido y funcionarios del IFE.

Seis años después se interpuso otra demanda en contra del presidente del IFE, entonces Leonardo Valdés, por “no haber garantizado la libertad de voto y la equidad” en la contienda electoral de julio de 2012. En esa ocasión fue interpuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano encabezados por Ricardo Monreal, quien argumentó que los consejeros del IFE (incluido su presidente): “incurrieron en errores graves que permitieron la violación a la Constitución; violaron los principios de libertad de sufragio, de seguridad del sufragio, de imparcialidad; afectaron la equidad y los principios rectores del proceso”.

El juicio político se instauró con la Constitución de 1917 para sancionar “los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

A pesar de la amplia evidencia de que muchísimos servidores públicos han causado daño en las últimas décadas, son apenas siete los casos de juicio político que han sido admitidos a trámite por el Congreso de la Unión, aunque ninguno de ellos concluyó con la destitución o inhabilitación de algún funcionario.

En ocasiones la figura del juicio político se usa como divertimento de estridencia mediática o de simple propaganda: quiero desahogarme o señalar algún abuso, interpongo un juicio político. En ocasiones hay materia de fondo, pero el Congreso es omiso en atender los casos con oportunidad. Apenas hace 18 meses, la subcomisión a cargo del desahogo de las solicitudes de juicio se reunió por primera vez en 12 años. Hubo algunas reuniones en 2016 para desahogar los asuntos pendientes, pero no volvió a sesionar. Hace pocas semanas esa subcomisión fue multada con siete mil 500 pesos por un juez federal por incumplir, gracias al diputado Rafael Hernández Soriano quien interpuso un recurso.

Muchas solicitudes de juicio quedan sin materia porque los funcionarios denunciados dejan de serlo o incluso fallecen; algunas de ellas carecen de elementos o pruebas suficientes. Lo anterior sumado a la complejidad del procedimiento y a la misma voluntad política de varios actores, hacen de este mecanismo un simple instrumento de ataque político y mediático.

Caso distinto pero muy semejante es la figura de la declaración de procedencia (mejor conocido como desafuero). Se usa para someter a un servidor público con fuero a un proceso penal que eventualmente puede llevar a la cárcel. El caso más polémico ha sido el de López Obrador quien en 2005 fue desaforado como jefe de Gobierno del Distrito Federal por violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado por otras administraciones. A este ejemplo le anteceden los desafueros del exdiputado local René Bejarano Martínez (2004) y el del exsenador Jorge Díaz Serrano (1983). Igual que el juicio político, el desafuero ha sido un instrumento inefectivo para sancionar a los corruptos o a quienes infringen un daño a la Hacienda pública.

Twitter: @LCUgalde

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