Opinión

México, restablecer el Estado de derecho y la confianza

El complejo entorno económico, político y social que está viviendo México cada vez más llama la atención de las plumas de conotados periodistas y analistas del exterior, que sin ambages, piensan que el país está “al borde de un precipicio” y que a pesar de las recientes reformas aprobadas por el Congreso, que podrían darle viabilidad al sistema político y a la economía, no se descarta la posibilidad de que la actual administración tenga que enfrentar una crisis de gran magnitud.

En este contexto, en el periódico español El País en su edición del 3 de diciembre pasado, aparece un artículo de Jorge Zepeda Patterson (JZP) en el que se consigna que el problema del gobierno (de México) es que su estrategia de largo plazo “fracasó y ahora está fallando la táctica para enfrentar las consecuencias de ese fracaso”. Para JZP el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) apostó a que las reformas económicas emprendidas bastarían para rescatar a México de la parálisis y el rezago. No había necesidad de ocuparse de la inseguridad o la corrupción, “por que la economía sería la locomotora que jalaría al tren y lo sacaría del túnel en el que estaba estancado”; asimismo, el “renovado” PRI no se preocupó de el combate al tráfico de influencias, en virtud de que es parte sustantiva de un sistema de prácticas que explican su sobrevivencia. Transparencia Internacional en su evaluación anual 2014 sobre la corrupción ubica a México en el sitio 103 de las 174 naciones que consideró en su análisis.

Para JZP las reformas son débiles dada la complejidad estructural que experimenta México: el peso de la economía informal, la ausencia del Estado de derecho, la presencia del crimen organizado y su infiltración en las instituciones, la inseguridad pública, el desbordamiento de la corrupción y la creciente impunidad en la impartición de la justicia. Por lo demás, existen lagunas legales y operativas importantes que hacen lenta y ambigua la aplicación de las reformas. También han enfrentado la resistencia de grupos que se ven afectados, incluso algunos de ellos han mostrado reacciones violentas como las manifestaciones de una parte del magisterio que abiertamente se oponen a los cambios educativos y, que junto con la izquierda radical, han creado disturbios para que no se concreten. Otro caso es de grupos que han estado “cómodamente posesionados” en el sector energético y en el de las telecomunicaciones, principalmente, que se han opuesto a las reformas.

JZP considera que el control de daños derivado de las políticas de EPN “ha sido patético”. Las medidas de contención para abordar la crisis que se ha suscitado han provocado el efecto contrario. De acuerdo a JZP el gobierno ha desestimado la importancia de los sangrientos hechos de Tlataya y Ayotzinapa; reaccionó tarde y débil y sus respuestas han sido a la zaga de las reacciones de la opinión pública. EPN asumió que bastaba un decálogo de propuestas vagas contra la corrupción para calmar la indignación de los miles que han marchado por las calles del país.

En un entorno de turbulencia política y social, y de un débil crecimiento económico y una expectativa incierta sobre el futuro próximo por la sensible baja de los precios internacionales del crudo y la significativa depreciación del peso frente al dólar, la credibilidad en el presidente se ha desmoronado rápidamente. Además influye el asunto de la adquisición de la "casa blanca" por parte de su esposa al contratista del Grupo Higa, que forma parte del consorcio al que se le había asignado la concesión del tren rápido de la ciudad de México a la de Querétaro y que fue cancelada; parece que hubo una licitación amañada. Resulta difícil de creer que la PGR no haya emprendido causa legal contra funcionarios públicos y contratistas involucrados en este asunto. “La protección al Grupo Higa indica un aparente temor a que se investiguen procesos que ocurrieron antes en el Estado de México cuando EPN fue gobernador de el mismo”. En este ámbito, existe enojo entre diferentes empresarios porque las nuevas obras de infraestructura federales han sido asignadas a los amigos del presidente.

JZP expresa que más preocupante aún es la manera en que el gobierno coquetea con una salida autoritaria a los conflictos: “Si se equivoca en esto las consecuencias podrían ser desastrosas”. La ciudadanía quiere que se castigue a los instigadores de la violencia y a los políticos omisos que no la enfrentaron, pero dentro del marco de la ley; exige que el gobierno asuma sus responsabilidades a las que de alguna forma ha claudicado, sus acciones torpes y tardías son evidencia de este hecho.

EPN y su círculo estrecho de colaboradores tienen que enfrentar los costos de sus errores y omisiones. El presidente tiene que dar rumbo certero a su desempeño, cambiar a las personas que ya no son útiles
--no para él, sino para el país--, hacer que su gobierno sea totalmente transparente en su desempeño y combatir a fondo la corrupción y la impunidad. Esto sólo para empezar.