Opinión

Merecemos un México seguro, justo y próspero

La función principal del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esta máxima ha sido reiterada por filósofos, juristas y politólogos a lo largo de los siglos. Desafortunadamente, en México la inseguridad ha crecido significativamente en la última década. Las razones son diversas y profundizaré en ellas en una contribución posterior donde hablaré del informe global sobre homicidios publicado este año por las Naciones Unidas.

Aunque la tasa de homicidios de nuestro país es inferior al promedio de América Latina, se ha duplicado en los últimos años a 21 homicidios por cada 100 mil habitantes y la brecha con respecto a Estados Unidos se ha ampliado significativamente.

Aún después de considerar este incremento, el promedio de la tasa de homicidio en América Latina es 13 por ciento superior a la tasa mexicana. Existen países como Guatemala con una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes u Honduras, con 90. En estos países la violencia ha llegado a niveles insostenibles. A pesar de que nuestro índice general de violencia es inferior a otras naciones del continente, tenemos regiones particularmente violentas en la frontera y en estados como Guerrero y Michoacán. Por ello, y porque la sociedad ya no está dispuesta a tolerar más violencia, nos enfrentamos con la urgente necesidad de actuar.

La trágica desaparición de 43 estudiantes en Guerrero y otros episodios igualmente lamentables, han orillado a la sociedad a manifestar con vehemencia su hartazgo. En las redes sociales y hasta en la página de la Presidencia de la República, ha cobrado notoriedad el hashtag: #PORUNMÉXICOENPAZ. Lo suscribo.

La sociedad tiene todo el derecho –y la obligación– de manifestar su descontento, pero nunca estaré de acuerdo con el vandalismo o las protestas violentas porque es absurdo combatir la impunidad con más impunidad. No creo que la anarquía sea la solución a los problemas de nuestro país, de eso tenemos ya más que suficiente.

Lo que necesitamos, hoy más que nunca, es un gobierno fuerte y responsable, capaz de cumplir puntualmente con su obligación de brindar seguridad a todos, sin importar la región donde habitemos, nuestras preferencias políticas o nuestro nivel socioeconómico. Ésta es la piedra angular del Contrato Social. Es completamente inaceptable encontrar un solo municipio donde prive el secuestro, la extorsión o el pago de “derecho de piso”. Es responsabilidad de todos el asegurarnos que el gobierno en todos sus niveles cumpla con su deber y arranque de raíz la hiedra de la delincuencia organizada.

La voz de malestar de la sociedad llegó fuerte y clara al gobierno federal, y el pasado 27 de noviembre el presidente Enrique Peña, en un mensaje a la nación, ofreció un plan de diez puntos que deberán contribuir a evitar el terrible avance de la delincuencia —muchos se han expresado a favor y en contra, pero no me queda duda que estas diez acciones constituyen un buen punto de partida para fortalecer nuestra seguridad y el Estado de derecho.

No me detendré a comentar cada una de las medidas anunciadas, que se pueden consultar aquí, pero quiero destacar algunas. Para empezar, el presidente presentará una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, con la cual se establecerá que los ayuntamientos infiltrados podrán ser disueltos para que el gobierno federal restaure inmediatamente el orden y la legalidad, una medida urgente ante la creciente sospecha ciudadana de que decenas de municipios ya se encuentran tomados por la delincuencia organizada.

En segundo lugar, el presidente anunció que presentará una iniciativa de ley para redefinir con claridad qué órganos de gobierno deberán atender cada delito, con lo que habrá responsabilidades claras para atacarlos y en su caso proceder con toda la fuerza de la ley.

Se promoverá también una reforma constitucional que desaparecerá mil 800 policías municipales débiles y corruptibles y en su lugar se fortalecerán 32 corporaciones policiacas estatales que resultarán mucho más eficaces en su actuar contra la delincuencia. En Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, estados particularmente amenazados por el crimen, iniciará este nuevo modelo.

Una iniciativa que me llama especialmente la atención es la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Una ZEE es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer empresas y generar empleos de calidad.

La experiencia internacional en esta materia es amplia. De acuerdo con el Banco Mundial, en el mundo existen tres mil 500 ZEE en más de 100 países que buscan explotar sus respectivas ventajas comparativas a través de este instrumento. Dada esta vasta experiencia mundial, es fundamental entender qué funciona y qué no.

Entre los incentivos más potentes encontramos la eliminación de impuestos al consumo y sobre la renta por periodos de hasta veinte años; eliminación de toda restricción e impuestos al comercio exterior; reducción de requisitos, licencias y trámites para las empresas; construcción de infraestructura moderna como carreteras, puertos y aeropuertos; provisión de energía eléctrica confiable y la concesión de tierras para establecer fábricas y centros de distribución. Otro instrumento poderoso es la deducción inmediata del total de las inversiones de capital. En mi opinión, incentivos tibios como una reducción parcial en impuestos o topes a la inversión deducible, reducirían considerablemente el potencial de estas zonas para atraer inversión privada y detonar el empleo en las regiones que más lo requieren.

El Banco Mundial considera que este modelo ha sido extremadamente exitoso para detonar el crecimiento económico regional en muchos países, permitiendo, por ejemplo, la creación de más de 100 mil nuevos puestos de trabajo en la industria manufacturera de República Dominicana. Historias de éxito similares se han documentado en Corea, Taiwán, Honduras, El Salvador, Madagascar, Bangladesh y más recientemente en Vietnam.

De acuerdo con el portal de la Presidencia, las Zonas Económicas Especiales que se proponen para México tendrán: infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior; así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones a la seguridad social.

La experiencia internacional confirma que las ZEE son eficaces para atraer inversión nacional y extranjera, contratar servicios locales y aumentar la competitividad de las empresas y con ello impulsar a las economías regionales. Creo que debemos utilizar este instrumento de manera firme y decidida. Como siempre, los empresarios tenemos mucho que contribuir en el desarrollo de nuestro país, especialmente en las regiones con las carencias más apremiantes.

También se promoverá que el Congreso apruebe leyes relativas al combate a la corrupción –otro cáncer social especialmente arraigado en nuestro país–. Como ya he comentado en una entrada anterior en mi blog, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en el combate a la corrupción y, como primer paso, se promoverá una ley de obras públicas para que los recursos de los mexicanos se administren mejor y que los proyectos sean supervisados y auditados durante todo el proceso.

En el tema fundamental de la transparencia, el gobierno federal habilitará un nuevo portal de información con los datos de los proveedores y contratistas de obras públicas, así como el número y monto de los contratos asignados. No obstante, de nada sirve que éste ofrezca una mayor transparencia si nosotros los ciudadanos y las empresas no ejercemos nuestra responsabilidad de vigilar activamente que los recursos se utilicen de una manera apropiada y eficiente.

En este y otros ámbitos, el papel del ciudadano es igual de fundamental que el del gobierno. No podemos evadir nuestra responsabilidad, ya que el cambio que queremos para México empieza por nosotros mismos. El combate a la corrupción y a las prácticas deshonestas empieza en el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo.

Como siempre, soy optimista sobre el futuro de México y en Grupo Salinas ejercemos siempre un optimismo activo, a través de más de cuarenta iniciativas sociales.

México es imparable, no me queda duda, pero necesita cambiar. Confío en que 2015 marque, para bien, un antes y un después en la historia de nuestro país, pero esto depende de cada uno de nosotros. A nadie conviene que el combate al crimen fracase. Sin importar nuestras preferencias políticas, unidos debemos apoyar todo cambio que lleve a México al camino de la seguridad, la justicia y la prosperidad.

Twitter: @RicardoBSalinas

“tasa_de_homicidios"