Opinión

Mejor reforma fiscal empieza por gasto, no por ingreso


 

México recauda poco, gasta poco y gasta mal. Sus ingresos tributarios representan alrededor del 10 por ciento del PIB, su gasto apenas alcanza 20 por ciento frente a 28 por ciento de los países de la OCDE, pero el mayor problema es que aun ese bajo nivel de gasto se ejerce con baja eficacia, dispendio y áreas de mucha opacidad.

 


 

Aunque el gasto público es bajo frente al promedio de la OCDE, ha crecido mucho en los últimos años. Entre 1997 y 2012 el gasto neto del gobierno federal creció 85 por ciento en términos reales. A la par, los ingresos tributarios —los únicos reales y sostenibles— sólo crecieron 33 por ciento. La diferencia se financió, en buena medida, con los excedentes petroleros. Desafortunadamente, una parte significativa de ese crecimiento del gasto no fue para crear infraestructura, sino para gasto corriente, de tal forma que quemamos riqueza petrolera sin construir patrimonio.


 

 

Fascinados por el supuesto poder transformador del gasto público, políticos y funcionarios festejan más presupuesto aquí y allá sin cuestionar su eficacia: año con año se exige más gasto para universidades públicas, carreteras, programas agrícolas, arte y cultura. Pero casi nunca se evalúan los réditos de ese mayor gasto y con frecuencia beneficia más a intermediarios, clientelas políticas y grupos organizados que a los estudiantes, consumidores y ciudadanos sin membresía política.

 


 

Durante los últimos años, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado muchas irregularidades en el manejo del fondo de gastos para la educación básica, el llamado FAEB. Mientras en San Lázaro se festejaban incrementos a la educación —pasó de 200 mil a 279 mil millones de pesos entre 2007 y 2013—, en las entidades algunos gobernadores usaban esos mayores recursos para gastos de publicidad, para pagar a comisionados sindicales o para otros fines.

 


 

Asimismo, mientras el ex presidente Calderón festejaba recursos históricos para el Seguro Popular —su presupuesto pasó de 27 mil a 67 mil millones de pesos entre 2007 y 2013—, muchos gobiernos estatales pagaban precios exorbitantes por las medicinas que beneficiaban no a los pacientes de hospitales sino al bolsillo de los distribuidores de medicinas, con frecuencia dispuestos a sobornar para ganar contratos.

 


 

Por eso la mayoría de los mexicanos considera que el gobierno es un mal administrador. De acuerdo con una encuesta reciente de GEA, 75 por ciento dijo que el gobierno malgasta los recursos y 78 por ciento que lo destina a asuntos que no son importantes. Asimismo, el 89 por ciento está en contra de aumentar la tasa del IVA y 60 por ciento no está nada de acuerdo con contribuir con más impuestos para mejorar los programas contra la pobreza.

 

 

Que los mexicanos perciban que su gobierno es mal gastador es uno de los mayores obstáculos políticos de una reforma hacendaria. Los gobiernos carecen de legitimidad para pedir más dinero si antes no demuestran su eficacia e integridad para gastar bien. El gobierno ha prometido que los ingresos de la reforma hacendaria serán para el seguro de desempleo y la llamada pensión universal. Pero la experiencia pone en duda la capacidad gerencial para diseñar y ejecutar con eficacia programas de desarrollo social. (Después de 20 años de gastos históricos en materia social la cifra de pobreza sigue siendo la misma que a principios de los años noventa, según el último informe de Coneval).

 


 

La ruta ideal de una reforma estructural en materia hacendaria habría sido que los gobiernos (federal y locales) primero mostraran avances en la forma como gastan y sólo después pidieran más ingresos. Aunque esa ruta ya no es opción, todavía se puede mejorar la propuesta de reforma hacendaria por la vía del gasto.

 

 

Primero, explicar la operación, las metas y la instrumentación del seguro universal y del seguro de desempleo. (Hasta ahora sólo hay enunciados de objetivos, pero faltan metas y el proyecto de operación). Segundo, vincular las asignaciones presupuestarias de programas sociales a las evaluaciones que realiza el Coneval cada año. Tercero, que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación tengan consecuencias sobre los montos de las transferencias federales a las entidades: es inadmisible que los gobiernos estatales hagan mal uso de los recursos etiquetados sin que paguen las consecuencias. Cuarto, homologar los mecanismos de revisión de los órganos de fiscalización de los estados y dotarlos de capacidad de sanción directa y de presentación de denuncias penales (esto sería mucho más efectivo que seguir en la discusión de una comisión anticorrupción).

 


 

Finalmente, si una reforma hacendaria implica el sacrificio de algunos segmentos de la población, es muy importante simbólicamente que la sociedad perciba un sacrificio también de sus gobernantes. Por ejemplo, acotar el financiamiento de los partidos políticos, contener y transparentar las subvenciones a los grupos parlamentarios de todos los congresos del país, eliminar los gastos de propaganda gubernamental y sólo mantener los de campañas de interés público. Quizá no sean recortes significativos por su monto (aunque sumarian algunos miles de millones), pero sí lo serían por su simbolismo.

 


 

Twitter: @LCUgalde