Opinión

Mejor de una buena vez

 
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La semana pasada estuvo llena de incidentes relevantes para la agenda de seguridad. Reseño a continuación los tres más significativos. El lunes amanecimos con la noticia de una balacera en la discoteca Blue Parrot, de Playa del Carmen, con saldo de cinco muertos. Este ataque ha sido uno de los más graves para la imagen de México como destino turístico, pues ocurrió en el marco de un festival de música que atrae visitantes y artistas de todo el mundo. La balacera –seguida por una serie de ataques a instalaciones del gobierno estatal en Cancún– recibió amplia cobertura en medios internacionales. Los hechos son anómalos; una organización dedicada al narcomenudeo y a la extorsión de establecimientos, como es el caso de la célula que se adjudicó la balacera (Los Zetas Vieja Escuela), evita llamar excesivamente la atención si lo que busca es simplemente castigar a un negocio que se negó a pagar cuota. No se puede descartar que la balacera ocurriera por un exceso al calor del momento. Sin embargo, también es probable que los atacantes buscaran mandar un mensaje al gobernador entrante, Carlos Joaquín (acaso una amenaza de parte de funcionarios del gobierno saliente o del propio exgobernador Roberto Borge).

El miércoles, en Monterrey, un alumno de 15 años del Colegio Americano del Noreste disparó contra tres de sus compañeros, contra su maestra y finalmente contra sí mismo. Independientemente del caso del menor que disparó, posteriormente se difundió que en nuestro país existen grupos que promueven este tipo de violencia en redes sociales. No me aventuraría a decir que tragedias como la del Colegio Americano del Noreste se relacionan con la crisis de violencia e inseguridad que afecta desde hace diez años a varios estados del país (y que fue particularmente cruenta en Nuevo León en 2011 y 2012) como señaló Héctor de Mauleón en su columna 'Juvenicidio' publicada en El Universal el jueves pasado. Tragedias similares, mucho más grandes incluso, se han registrado en todo el mundo, a veces en lugares con bajísima incidencia delictiva. Explicar los factores de fondo que propician esta forma de violencia escolar extrema corresponderá a los pedagogos y psicólogos con experiencia en el trabajo con adolescentes.

Sin embargo, hay un factor circunstancial que también debe estar en el centro del debate público: lo ocurrido en el Colegio Americano del Noreste es producto de la presencia de armas en los hogares y de la falta de cuidado para resguardarlas. Aunque las organizaciones criminales en México tienen fácil acceso a armas que ingresan ilegalmente al país, nuestra regulación para la venta y posesión legal de armas de fuego, que es relativamente restrictiva, ha evitado que sectores más amplios de la población tengan una pistola o un rifle en casa. Lo anterior es relevante pues hay un vínculo entre la presencia de armas de fuego en los hogares y la incidencia de algunas modalidades de homicidios (en particular los homicidios pasionales y culposos en el ámbito doméstico y las masacres en escuelas). Es importante tener presente dicho vínculo en un tiempo en el que algunos actores políticos, en un ánimo francamente demagógico, impulsan iniciativas legales que facilitarían la venta legal de armas.

El jueves pasado, a unas horas de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, finalmente se concretó la extradición de Joaquín Guzmán Loera, quien fue trasladado a Nuevo York, donde deberá hacer frente a un juicio que muy probablemente concluirá con una sentencia que lo mantendrá el resto de sus días en un penal al norte de la frontera. La defensa de Guzmán Loera denunció que su cliente es usado como un “trofeo” para Trump. En contraste, el Washington Post reportó que –de acuerdo a una fuente del gobierno mexicano– la apresurada extradición fue más bien un “regalo de despedida” para la administración saliente.

La decisión de entregar al Chapo en las últimas horas del gobierno de Obama también pudo haber sido más que un gesto simbólico. Para concretar una extradición es necesario afianzar numerosos acuerdos. Por ejemplo, los fiscales que llevan el caso en Estados Unidos discretamente retiraron una serie de cargos por homicidio, que hubieran hecho al Chapo elegible para la pena de muerte, lo que a su vez hubiera sido un impedimento para la extradición.

Desde que se fugó del Altiplano, Guzmán Loera ha sido una carga para el gobierno de Peña Nieto. Por una parte está la constante atención de las condiciones en las que vive en el Penal de Ciudad Juárez, y por otra el inmenso ridículo que significaría una nueva fuga. La incertidumbre que genera la llegada de Trump a la Casa Blanca, y del polémico Jeff Sessions al Departamento de Justicia, probablemente generó preocupación en Los Pinos. Un cambio inesperado de las condiciones impuestas por las autoridades en Estados Unidos podría haber retrasado la extradición de forma indefinida. Tal vez el presidente Peña fue alertado sobre este riesgo y el gobierno operó para que El Chapo mejor fuera extraditado de una buena vez.

Twitter: @laloguerrero

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