Restringe directiva europea uso de obras por derechos de autor en la red
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Restringe directiva europea uso de obras por derechos de autor en la red

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Restringe directiva europea uso de obras por derechos de autor en la red

27/06/2018

La aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de la Directiva Europea de Derechos de Autor -estando aún pendiente de pasar el filtro final de la Cámara Europea-, representaría el avance más notable en defensa de los derechos de autor en internet y el golpe más severo a los que aspiran a mantener y ensanchar las libertades para el intercambio y la publicación de contenidos en la red. Es claro que esta normativa representa el campo de batalla más influyente en esta materia, y de lo que de este debate resulte derivarán trascendentales derroteros que serán replicados en tratados y legislaciones en todas las jurisdicciones.

Dos son los principales aspectos de controversia. El primero, la llamada “tasa Google”, que consiste en limitar la posibilidad de los motores de búsqueda de indexar información -aún en títulos breves-, de diarios y sitios de noticias, salvo acuerdo previo de pago de regalías por el uso de la información. El argumento básico es que dicha indexación supone una reproducción de cierta información del propietario de los contenidos, que a Google le genera un lucro por vía del tráfico que genera en sus plataformas. El asunto tiene tal impacto que muchos estiman que la dominancia de empresas como Google, y la fisonomía misma de internet, sufriría una transformación radical a partir de esta nueva legislación.

En contra de la medida, no sólo se han pronunciado los activistas que defienden la no intromisión en la red, sino también actores de mayor trayectoria académica que lo miran desde la perspectiva del derecho a la información, como un principio fundamental en la construcción de las sociedades modernas, abiertas, plurales y basadas en la transparencia.

El otro gran tema que ha sido señalado como determinante en el futuro de la red, es la nueva norma que traslada responsabilidad a los proveedores de internet que permiten y alojan contenidos proporcionados por los usuarios, en el sentido de exigirles que nieguen el acceso a los que vulneren derechos de autor. Esto significa que, si un artista pretende subir una interpretación musical a YouTube, Facebook o Twitter, el sitio deberá corroborar que no se violan derechos de autor, usando “técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos”, debiendo negar o bajar aquellos que no pasen el filtro.

La crítica que se ha dirigido desde diversos frentes a esta medida es que pretende convertir a las plataformas de internet en policías de la información, al asignarles una función de autoridad que prejuzgará la legalidad de los contenidos; las voces en contrario se orientan a una justificación de orden práctico, demostrando que estos grandes jugadores de la red se han beneficiado permanentemente de material violatorio de derechos de autor, sin asumir responsabilidad alguna.

Es claro que ambos temas ponen freno de mano en la formación de la utopía de la “sociedad de la información”, pero es claro que sin pago a los autores no existe fórmula que aliente la cadena de valor que inicia con la creación. Al final, internet está llegando a este intrincado e inaplazable punto de inflexión.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.