Enfrentados a las consecuencias de la intempestiva estrategia del gobierno federal para resolver la arraigada práctica del robo de combustible, traje al presente pedazos de información y experiencias del pasado, que me permiten ofrecer este enfoque diferenciado.
Durante los años noventa, e incluso los primeros años de este siglo, diversas empresas proveedoras de servicios de Pemex nos buscaban, al igual que a otros asesores en materia de Propiedad Intelectual, para presentar solicitudes de patente relacionadas a supervisión y reparación de ductos de petróleo. Desde aquella época, para la paraestatal, ya era un foco de atención el robo de combustible a través de tomas clandestinas.
Lo más sorprendente era que, cuando se solicitaba al interesado información sobre la invención que pretendía patentar, resultaba que, o se trataba de tecnologías obsoletas del dominio público, o eran simples ocurrencias que no tenían posibilidad alguna de funcionar. La clara pretensión del "empresario", era la de justificar documentalmente la posesión de una patente de cierta tecnología en ese campo de actividad, que le diera la apariencia de ser dueño de la exclusiva para su uso y explotación.
Esta pretensión no tenía otro objetivo que ser beneficiarios de adjudicaciones directas de parte de Pemex, para lo cual, se requería de al menos una solicitud de patente con relación al presunto método "exclusivo" para reparar perforaciones en los ductos. La confabulación con el personal que asignaba los concursos era evidente, porque bastaba dar una leída a la descripción de la patente para descubrir el entuerto.
Lo que recuerdo con claridad es que, en los resultados del estado del arte que ya se tenían hace 25 años, ya existían tecnologías altamente capaces de detectar fugas, e inclusive, de repararlas a distancia, o bien, implementar operativos de alta eficacia, al poder determinar con precisión el punto de abastecimiento ilegal. Pero esas patentes no se emplearon, en su lugar, simulacros de soluciones técnicas fueron presentadas para ganar los contratos, por vía de la simulación.
Cabe desde luego preguntar, si realmente las empresas mexicanas en esa época se hubiesen dado a la tarea de diseñar soluciones novedosas a ese problema particular, ¿no serían dueñas de patentes competitivas para ofrecer soluciones científicas al problema? La otra pregunta, ¿alguien en el gobierno federal, o en Pemex, está revisando las soluciones más avanzadas que existen en patentes concedidas en Estados Unidos o en otros países con problemáticas similares?
Todos, sin excepción, coincidimos en que es necesario atacar el problema de raíz, pero es inaplazable usar la mejor tecnología disponible para hacerlo, y no pretender apagar el fuego a cubetazos. Es el momento de convocar a nuestros mejores investigadores y científicos a repensar las soluciones en el corto plazo, pero también, las de movilidad y energías limpias para el futuro. De paso, revisar las anquilosadas leyes de concursos y licitaciones de los gobiernos federal y estatales, para desterrar las viejas prácticas del huachicoleo de dinero público a través de adjudicaciones simuladas.