No es sorpresa. El reporte que emite la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual en materia de piratería resulta por demás predecible, pero al mismo tiempo inoportuno. No era difícil pronosticar que el resultado de la evaluación anual que hace esta organización, haría un señalamiento sobre nuestros bajos índices de observancia de derechos de la propiedad intelectual, pero es claro que en este momento el tema es particularmente sensible, con la renegociación del TLCAN en curso.
El estudio contiene dos señalamientos por demás relevantes. El primero de ellos es el rezago que nuestras leyes en materia de derechos de autor padecen, como resultado de 20 años de cambios meramente cosméticos. Justo cuando la revolución de internet y las nuevas tecnologías han cuestionado, en estas dos décadas, todos los fundamentos de este tipo de leyes, nuestro país ha asumido una postura contemplativa. Hay que recordar que, paradójicamente, los últimos cambios se gestaron en la reforma de 1996, como consecuencia de los compromisos asumidos en el TLCAN y en la OMC.
De hecho, aun en el inicio del milenio, nuestro país suscribió sendos tratados auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que aportaban el paquete de soluciones mínimas que podían implementarse en las leyes nacionales para enfrentar los desafíos de la era digital. Sin embargo, los ajustes realizados en nuestra legislación fueron mínimos, facilitando la proliferación de actividades de piratería y competencia desleal.
El segundo punto que el reporte de la Alianza Internacional destaca es el consistente en que México ocupa el lugar número dos en el mundo –después de Rusia– en piratería de películas grabadas desde las propias salas de cine, lo que refleja también la existencia de toda una red de distribución masiva, que sigue creciendo como la expresión más elocuente de una informalidad incontrolable a lo largo del territorio nacional.
El efecto del reporte es que México sea eventualmente incluido en la repudiada watch list, de los países que son observados especialmente por su bajo perfil de respuesta en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual, lo que nos ubica en la tesitura de ser sancionados bajo la sección 301 de la legislación comercial de Estados Unidos. En otros tiempos, la consecuencia era meramente 'de mala imagen'; en tiempos de Trump, sin embargo, nada descarta que se pretenda aplicar las sanciones económicas que el dispositivo previene, o sencillamente que esta vulnerabilidad se vuelva moneda de cambio en el TLCAN.
Si nos quedamos sólo en la superficie, el asunto queda entre los bastidores de las negociaciones de los nuevos compromisos en el Tratado. Si bajamos un poco, lo que veremos es la claudicación de un sistema que intenta revertir un deterioro que, de tan profundo y permanente, luce ya como imbatible. La piratería se ha adueñado de múltiples sistemas de distribución de productos ilegales, involucrando a amplios sectores de la sociedad que hoy se definen desde la ilegalidad y la corrupción asociada, que permite su proliferación y defensa.