Habilita USMCA filtros para remover de la red obras protegidas
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Habilita USMCA filtros para remover de la red obras protegidas

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Habilita USMCA filtros para remover de la red obras protegidas

10/10/2018
Actualización 10/10/2018 - 11:28

De los diversos compromisos asumidos por Estados Unidos, México y Canadá en el nuevo capítulo de Propiedad Intelectual del USMCA, el tema que ha resultado más controversial, como se esperaba, es el de la obligación de habilitar en nuestras leyes de derechos de autor las medidas disciplinarias necesarias para inhibir la presencia de obras protegidas en la red, ante la sola reclamación del titular de los derechos. Este grupo de medidas, que así explicado parecería un tema meramente procesal, tiene amplio fondo en México –como lo ha tenido en diversos países– en la medida en la que pueda considerarse como un medio de censura contrario a la libertad de expresión.

La gran plataforma de estas disposiciones es la llamada Digital Millenium Copyright Act (DMCA), que Estados Unidos promulgó en 1998, siguiendo la línea de los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, por lo que, para los estándares de internet y las redes, es una legislación “muy antigua”. Los dos fundamentos de esta ley consisten, por una parte, en el llamado 'takedown notice', que esencialmente dota a un titular de derechos sobre música, audiovisuales, textos, imágenes o software, de la facultad de avisar de la presencia ilegal al sitio para que el contenido sea eliminado. El segundo postulado es la llamada cláusula 'safe harbour', que traslada a los proveedores de servicios de internet (ISP) la responsabilidad de revisar y bajar determinados contenidos ilegales, haciéndolos, también, jurídicamente responsables.

Para los ISP, dicha responsabilidad no los debería alcanzar, dado que no son sino el medio neutral en el que cualquier usuario sube contenidos y no se benefician directamente de dicha actividad. Preguntémonos, por ejemplo, en qué medida el tráfico que da valor a YouTube obedece a la presencia de millones de videos que ilegalmente explotan derechos de autor, y si ese hecho beneficia o no al propietario de la plataforma.

Dos han sido los momentos cruciales en los que este tema se ha discutido: el primero, cuando a la luz del tratado antipiratería firmado por México (ACTA), que imponía esta obligación, el Senado negó la aprobación luego de un amplio debate con la sociedad civil. Un factor de peso en la decisión, en ese momento, fue el activismo de diversas ONG defensoras de las libertades en internet, que impusieron su visión enaltecida de los derechos humanos, recientemente acogidos en la Constitución bajo los auspicios de su nueva doctrina; y el segundo momento, la decisión dictada por la Corte en el asunto Alestra, en el que concedió el amparo a la empresa como proveedora de servicios de internet en contra de medidas provisionales dictadas por el IMPI, que ordenaban el cierre del sitio mymusic.com, considerando que la medida era desproporcionada por no probarse que “el total del sitio traficaba con contenidos ilegales”.

La pregunta que aún debemos responder, a 20 años de distancia, es si la experiencia de los países que han optado por la implantación de medidas tutelares del derecho de autor en internet ha generado una red digital cerrada, pobre en contenidos y sin libertad de expresión, o si, más bien, la certeza de tener un ambiente seguro, que permite el uso de obras de buena calidad mediante el pago de regalías a los creadores, impulsa una red rentable y en crecimiento.

Yo opino que lo segundo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.