El dinero del IMPI
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El dinero del IMPI

07/11/2018

Según la ley, las tarifas que los particulares pagamos por servicios que presta el Estado deben corresponder a los costos involucrados. Bajo esa premisa, al cubrirse los casi tres mil pesos que corresponden al trámite de un registro de marca, la contraprestación debe ser proporcional al tiempo de los empleados que participan, el uso de instalaciones, recursos técnicos y materiales y todo aquello que incide en poder brindar al usuario un servicio expedito y confiable.

Tradicionalmente hemos sabido que, muchas de las tarifas que se pagan al IMPI, son claramente desproporcionadas. Mientras que, para ciertos servicios, como la tramitación completa de juicios de nulidad o infracción los costos son excesivamente bajos, para otras gestiones simples y rutinarias los costos son excesivos e injustificables, como sucede con la renovación de registros de marca o el trámite de las llamadas “oposiciones”. Hemos entendido que unos financian a otros. Al final, tener un excedente anual de más de 500 millones de pesos, por lo menos, llama la atención.

Sin embargo, las cuentas no resultan en el balance anual, porque invariablemente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le sobra ese enorme monto. Ese resultado nos lleva a dos consideraciones: la primera, que el IMPI tendría que reducir sus tarifas, a fin de estimular la protección y defensa de los derechos que administra, los cuales constituyen un resorte de desarrollo de cualquier economía. En particular, en materia de patentes, reducir tasas sería un estímulo muy importante para inventores nacionales que suelen retraerse ante la erogación que significa proteger una invención. Un segundo planteamiento ante este escenario consiste en mantener las tarifas, con el objetivo de poder ensanchar y reforzar los servicios del Instituto, que desde hace un par de lustros se mantienen sin cambios.

Aún cuando la demanda de servicios del IMPI se ha incrementado en número y tipo, la plantilla de funcionarios sigue siendo la misma. Algunas reformas, como las declaratorias de notoriedad y la introducción del trámite de solicitudes directas del extranjero vía el Protocolo de Madrid, han sido atendidas sin ajustes mayores. Sin embargo, las recientes reformas ponen demasiada presión en el IMPI, con temas tan demandantes como las Indicaciones Geográficas, el nuevo sistema de oposición de solicitudes de marca y las llamadas “declaraciones de uso” de marcas registradas. Además, la necesidad de difundir estos cambios, a lo largo y ancho del país, requiere el empleo de cuantiosos recursos humanos y digitales.

Todas estas necesidades del sector deben considerarse de la mayor prioridad, y retrasarlas o ignorarlas tendrá costos elevados en términos de ineficiencia en inversiones y dinámica del mercado. La tentación pecaminosa en que la nueva administración del Ejecutivo podría fácilmente incurrir, es en la del uso irrestricto de esos fondos en fines ajenos al mejoramiento del sistema de Propiedad Intelectual en el país. Ese sería un error grosero, que pondría en riesgo mucho de lo que en esta materia se ha construido, con tantas dificultades, en los últimos 25 años. Ojalá las urgencias de ahorro del nuevo régimen, no comprometan la estabilidad y la eficacia de una Institución que es clave en el desarrollo de cualquier economía con afanes de crecimiento y estabilidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.