Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de París, en contra de Twitter, promete establecer un estándar de conducta para esta red social, que no sólo apunta a ser atendida a nivel internacional, sino que se prevé pueda alcanzar a muchas de las otras redes sociales. La demanda fue interpuesta por la Unión Federal de Consumidores y tendrá como consecuencia que Twitter deba modificar sustancialmente los términos y condiciones de uso de su plataforma, al ser consideradas como ilegales y abusivas.
Uno de los principales puntos de análisis en la resolución recae en la presunta cesión de derechos de autor y datos personales que los usuarios de la red social realizan de todos los contenidos que suben a la misma, y que expresamente Twitter se reserva como material licenciable a terceros. Esa política, de ser procedente, convertiría a esa plataforma en una de las propietarias de derechos de autor y datos personales más robustas en el mundo, al lado de competidores de la talla de Facebook, Instagram o Youtube.
De entrada, la resolución del Tribunal sanciona como inválidas esas cláusulas, dada la generalidad de sus términos y lo desbalanceado de sus cargas con relación a los consumidores. Todo un precedente que debemos voltear a ver como referencia para muchos casos análogos que son planteados constantemente a nivel doméstico.
La decisión tiene también el mérito de esclarecer una serie de conceptos que suelen mantenerse bajo cierta ambigüedad en el manejo de nuevas tecnologías, que derivan en preservar conductas al margen de la ley de muchos de sus principales jugadores. Bajo este artilugio, Twitter argumentaba que sus usuarios no son "consumidores", dado el carácter gratuito de sus servicios. La determinación judicial aclara que la contraprestación que Twitter recibe de cada usuario es el incremento en el tráfico de su plataforma, que se traduce en una serie de servicios complementarios que producen grandes beneficios económicos.
El otro punto alegado por la red social como excepción a sus obligaciones frente a la ley de protección de consumidores, es el hecho de que la misma no es otra cosa que un medio de alojamiento de contenidos. Algo como el alegato de Uber de no ser empresa de taxis, sino una plataforma de administración de transportistas privados, o el argumento de Airbnb de no operar espacios de alojamiento hotelero, sino de rentas particulares a huéspedes. Al final, el Tribunal desnuda estas metáforas estableciendo que, más allá de definiciones retóricas, Twitter claramente aloja, procesa y gestiona la información que recibe de sus usuarios, convirtiéndola en una mercancía propia.
Con independencia a las sanciones económicas a las que se condena a Twitter, lo remarcable es la obligación impuesta por las autoridades judiciales para modificar sustancialmente los términos y condiciones de uso del sitio, preservando de forma categórica el interés público por encima del privado. Una decisión que adquirirá carácter de "histórica", en la medida en la que otras instancias de gobierno y justicia hagan suyos sus postulados. Aunque tardía, empieza en el mundo a darse una reacción enérgica para controlar a los nuevos monopolios de lo digital. Veremos en los próximos tiempos si no resultó tardía.