El PIB por persona de México pasó de 5000 dólares (a precios constantes de 2008) en 1994 a casi 6,600 dólares al cierre de 2016. Puede parecer mucho, pero una tasa media de crecimiento inferior al 1% anual es bastante decepcionante para un país emergente que venía de expandirse a un ritmo de 3.4% por año entre 1960 y 1980 –el tramo declinante del periodo dorado de la economía mexicana.
Si el TLCAN hubiese restablecido la tasa de crecimiento de los años anteriores a 1980, cuando las políticas desarrollistas eran la norma, México sería hoy un país de altos ingresos, por encima de Portugal o Grecia. No fue así.
Los 24 años de TLCAN tampoco han permitido aproximar nuestro producto per cápita con los EUA y Canadá, en contraste con la convergencia que sí ocurrió entre España, Irlanda y Portugal y los países más ricos de la UE, gracias a la movilidad laboral y a los fondos de cohesión social, que indujeron grandes inversiones en infraestructura en países y regiones rezagadas. En la última década Polonia, Hungría y la Rep. Checa han logrado también un PIB por habitante más cercano a la media de la UE.
A los EUA nunca le ha interesado nuestro desarrollo relativo; menos aún a Trump, a pesar de su importancia para desalentar la migración.
Los grandes desequilibrios regionales de México en términos de la actividad económica y bienestar de sus habitantes se han agravado en los 23 años de TLCAN. En el norte del país y parte del centro, incluyendo la Ciudad de México, el ingreso per cápita es alto y por arriba de la cota nacional, mientras que en el sur y sureste del país se observan bajos niveles de PIB per cápita, excepto en la Península de Yucatán, la cual se benefició hasta 2012 de la actividad petrolera de Campeche y sigue beneficiándose de la intensa actividad turística en Quintana Roo.
Con la llegada de AMLO debe corregirse esta situación, si se adopta una política de desarrollo agropecuario e industrial de nueva generación, lo que no se hizo en los últimos 30 años.
México cuenta con un gran mercado interno, posición geográfica estratégica y recursos humanos y naturales atractivos, que en el nuevo entorno global nos otorgan ventajas y un poder de negociación considerable, que no debe desaprovecharse. 127 millones de habitantes hoy; alrededor de 140 millones estimados en 2030, y una creciente clase media consumidora deben ser pilar del futuro desarrollo industrial y de servicios mexicanos, como sucede en los EUA, China, la India, y muchos países asiáticos de rápido crecimiento.
La política de "America First" de Trump debe encontrar respuesta en una política #ConsumaloHechoenMéxico, acompañada de una nueva definición estratégica pública-privada de prioridades industriales y regionales y de un conjunto de estímulos financieros a la producción competitiva y de calidad. En una economía abierta, las grandes empresas comerciales deben ser convocadas en paralelo a este esfuerzo, ya que sus preferencias por productos importados se han vuelto predominantes. Deben entender que a la larga será en su propio beneficio el desarrollo y consumo de productos nacionales.
Las exportaciones deben aumentarse, diversificarse y elevar su contenido local, con participación creciente de empresas, tecnologías y marcas nacionales.
Todo ello requiere reconstruir el sistema institucional de fomento del desarrollo industrial, la educación, la capacitación y la innovación, buscando contar con instituciones comparables a las de países desarrollados y emergentes que han adoptado políticas industriales de nuevo cuño. Es sintomático que, a diferencia de países de industrialización exitosa, en México no exista una Secretaría de Industria, Comercio, Desarrollo Tecnológico e Innovación, con áreas y especialistas capacitados y orientados a promover el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas. Tampoco contamos con una banca comercial y de desarrollo comparables a las de países en rápido crecimiento. El gobierno ha sido débil y complaciente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores totalmente omisa frente a las necesidades del desarrollo productivo.
Han disminuido enormemente en el gobierno y la banca los financiamientos productivos de largo plazo pero también el número de ingenieros y economistas con capacidad de hacer estudios prospectivos industriales, mantener interlocución efectiva con las empresas, así como de estructurar y evaluar políticas y proyectos industriales.
México requiere urgentemente un programa de inversiones en infraestructura física y social para estar en capacidad de promover un desarrollo regional más equilibrado y detonar nuevos polos de industrialización, innovación y exportación, otorgando prioridad a aquellas inversiones que faciliten la integración local y la conectividad terrestre, marítima y aérea con nuevos mercados en los EUA, pero sobre todo en Asia, América Latina y Europa, que permitan diversificar nuestro comercio exterior, muy concentrado en el mercado estadounidense. El proyecto planteado por el nuevo gobierno para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec entre Coatzacoalcos y Salina Cruz puede ser crucial en esa dirección.
Las Zonas Económicas Especiales pueden jugar un rol crucial -al igual que en China y Vietnam en las últimas dos décadas- para impulsar nuevos proyectos y empresas en condiciones óptimas de seguridad y acceso a los recursos humanos, materiales y financieros necesarios. Sin embargo, no pueden ni deben constituirse en archipiélagos de prosperidad. Por el contrario, se requiere fomentar procesos integradores, impulsados por carreteras, escuelas y hospitales; el estímulo a la creatividad y desarrollo social local, y mecanismos de participación efectiva, diálogo, y gobernanza regional.
Es importante que estas acciones se conciban en el marco de las actuales negociaciones del TLCAN, del CPTPP y otros posibles mecanismos alternos, o complementarios de negociación regional y multilateral. Tenemos demasiados acuerdos de libre comercio con resultados deficitarios a falta de políticas de fomento productivo.
Las nuevas instituciones y mecanismos de coordinación y cooperación que están surgiendo en la región de Asia-Pacífico, la de mayor crecimiento industrial y tecnológico mundial, como es el caso de la Nueva Ruta de la Seda y "One Belt; One Road" y del Banco Asiático de Desarrollo de Infraestructura, liderados por China, abren nuevos horizontes que hay que provechar para relanzar a México hacia una nueva senda de desarrollo industrial y crecimiento acelerado de la economía nacional -sin descuidar las oportunidades geoestratégicas con los EUA.
El próximo gobierno necesita un plan y una estrategia de desarrollo industrial de mediano y largo plazo, que busque que las manufacturas recuperen su papel de motor del desarrollo y el cambio tecnológico y articulador de la agricultura, la minería, el sector energético y servicios clave para el futuro desarrollo del país.
Para que la economía en general pueda alcanzar una tasa promedio de crecimiento de 4% y más tarde del 6% anual, es necesario elevar al 6% la participación de la inversión pública en el PIB y recuperar los niveles de inversión privada sobre todo en las manufacturas y la economía del conocimiento para que crezcan a un ritmo superior y lo hagan con un creciente valor agregado nacional.
Con ese propósito será crucial construir una alianza pública –privada, con participación activa de los sectores académico y laboral, que garantice las condiciones y cambios necesarios en el andamiaje institucional y en la disponibilidad de recursos para realizar las tareas necesarias y crear un nuevo espíritu nacional industrializador.
¿De dónde van a salir esos recursos? Esa es la gran pregunta que requiere contestarse. A un estado desarrollador no le bastarán los ahorros del gobierno austero, por importantes que sean. En el mediano y en el corto plazo urgen una reforma fiscal y otra financiera que generen ingresos adicionales y los canalicen a la inversión, no al gasto corriente y al consumo; niveles sostenidos de inversión total de cuando menos 25-30% del PIB. Esa es la lección del Asia exitosa. No hay escapatoria.