Los desafíos de la discriminación y la inclusión en México. Jóvenes y adultos mayores
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Los desafíos de la discriminación y la inclusión en México. Jóvenes y adultos mayores

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Los desafíos de la discriminación y la inclusión en México. Jóvenes y adultos mayores

02/10/2018

En memoria de las víctimas de la violencia en México del último medio siglo.

Más allá del estancamiento económico, la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la violencia e inseguridad, que vive México, prevalece en nuestro país un sistema de relaciones de poder asimétricas que excluye o margina a grupos sociales; ya sea por su edad, sexo, estrato socio-económico, raza, etnia, color de piel, origen y ubicación territorial, identidad sexual e incluso religión y nacionalidad.

Ello impacta a las personas y provoca discriminación a lo largo de todo su ciclo de vida- desde el vientre materno, nacimiento, juventud hasta su edad adulta y sus últimos años de existencia. Su acceso a la educación, la salud y la vivienda de calidad y aun al ocio y el esparcimiento condicionan sus oportunidades de empleo, ingreso económico, bienestar social y ascenso a etapas y estratos superiores.

Estas aseveraciones, que parecen obvias, no se traducen lamentablemente en la práctica en políticas públicas apropiadas y eficaces para combatir la discriminación y promover la inclusión, a pesar del siglo transcurrido desde la Constitución de 1917 y los grandes esfuerzos y recursos canalizados por gobierno y sociedad en las diversas etapas de nuestra historia- tal como se observó el sábado pasado en la Reunión-Diálogo del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi AC. Hay avances-no hay duda; pero en muchas áreas los desafíos se mantienen y acentúan y nos hacen más vulnerables como nación.

El evento, que ocurrió en el marco del proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo Futuros (ver centrotepoztlan.org), fue enriquecido por las presentaciones de Alexandra Haas- , actual Presidenta del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación; Carlos Cruz, líder de la organización Cauce Ciudadano , con gran experiencia práctica en jóvenes y violencia; y Verónica Montes de Oca –experta en políticas sobre adultos mayores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Clara Jusidman, gran conocedora del tema, coordinó las reflexiones y el debate. Destacó como fue hasta la última década el siglo pasado que en México reconocimos la existencia de una cultura fuertemente discriminatoria que excluía a amplios sectores de la población. La lucha de las mujeres por la equidad y la igualdad sustantiva -1975 (México) ; 95 (Beijing)- el levantamiento indígena zapatista de 1994, el surgimiento de organizaciones de la comunidad LGTBI, así como de personas con discapacidad- evidenció la existencia de grupos de la población que enfrentan fuertes obstáculos para el acceso a sus derechos y que sufren maltratos por prácticas discriminatorias a veces explicitas y en ocasiones implícitas.

Advertimos que fue gracias al admirable esfuerzo encabezado por Gilberto Rincón Gallardo que en junio de 2003 se expidió la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, estableciendo el Conapred y las regulaciones y programas nacionales que convirtieron a México en un líder internacional en la materia. Se reconoció también que desde que la discriminación se asumió como un problema público se han realizado numerosas investigaciones y se han establecido sistemas de información y políticas públicas, dirigidos a confrontarlas. Hemos sido líderes en foros y acuerdos multilaterales.

Desde entonces hemos comprendido mejor las causas estructurales de la discriminación y sus consecuencias. Sin embargo, queda claro que los avances son insuficientes. Hay enormes asignaturas pendientes- como el de la población indígena. Las transformaciones demográficas, sociales y económicas del país obligan a redoblar el paso y a reconocer la emergencia de nuevos retos con niños y jóvenes, las personas mayores, afrodescendientes, los migrantes y los desplazados internos, las víctimas de la violencia y los que pierden su empleo o ven precarizada su situación laboral y bienestar por el cambio tecnológico o políticas y acciones insensibles -públicas y privadas.

Lo subrayó Alexandra Haas: la mayoría de la población de México sufre algún tipo de discriminación. Se espera que las personas se ajusten a políticas generales y no las políticas a las necesidades de las personas. No se logran afectar las verdaderas barreras que impiden a las personas acceder a sus derechos. La discriminación es independiente de las intenciones. La gente puede argumentar que no discrimina y sin embargo lo hace. En la práctica hay relaciones desiguales de poder político y económico, de acceso a los recursos, a la justicia y a los servicios de educación y salud; diferencias en el punto de partida; viejos y nuevos privilegios.

Las discriminaciones son acumulativas. Ser mujer, anciana, indígena, discapacitada, que vive en un lugar apartado, sin acceso a la educación y servicios de salud agrava su situación y la posibilidad de que sus hijos y nietos salgan del círculo perverso. Se requiere quitar obstáculos, empoderar a la gente discriminada, con políticas afirmativas y leyes e instituciones que abran el camino a la justicia y a la igualdad de oportunidades.

Impresionó el testimonio de vida y de lucha y las reflexiones humanistas y realistas de Carlos Cruz. Hombre valiente y audaz de Ecatepec, conoce bien a los adolescentes y jóvenes y a los sistemas injustos, discriminatorios, violentos de la sociedad en que se creó él y en que actúa su organización Cauce Ciudadano en favor de una vida mejor. No hay un barrio, calle, nos advierte, que no esté dominado por el crimen organizado que controla a los adolescentes y jóvenes; que los induce a la ilegalidad e incorpora a sus filas a cambio de seguridad y protección. 12% de los jóvenes en las escuelas de Ecatepec admiten haber sido invitados por el crimen organizado y amenazados de no cooperar.

El criminal es remunerado con ingresos cada vez menores. En la medida que el empleo falta y los salarios se hacen más precarios, el crimen organizado sigue la misma pauta. El “outsourcing” o subcontratación es una práctica cada vez más recurrente. Los ritos de iniciación terribles.

Se requiere, además de una efectiva lucha contra el crimen organizado, un gran salto de calidad en la educación y en la creación de empleos, pero también la creación de una red de facilitadores comunitarios, agentes restauradores, asesores sociales -que hoy no están disponibles en escuelas, centros de capacitación, cultura y deporte y empleo- para romper el miedo de los jóvenes y orientarlos hacia salidas realistas en su vida personal y social.

Los programas de educación y empleo previstos por el nuevo gobierno y empresarios tienen que verse en una luz diferente y dentro de un contexto integral. Se corre el riesgo de que sean ineficaces si no se prevén las vinculaciones de oferta y demanda, los efectos del cambio tecnológico y no se considera el contexto en que viven los jóvenes. La beca o pago de aprendiza puede ser un ingreso insuficiente o marginal frente a las ofertas, tentaciones y presiones del crimen organizado. Urgen programas continuos, permanentes y de largo plazo; no fórmulas temporales de corta duración. El reto es muy grande porque el déficit social y las fallas institucionales son enormes.

Verónica Montes de Oca nos hizo notar que la creciente esperanza de vida de la población exige políticas nuevas y más recursos. Hasta 1982 se efectuó la 1ª Conferencia sobre envejecimiento en América Latina. Los gobiernos se ocupaban sólo del reto de los de 60 años y más. No distinguían los diferentes requerimientos de la población en los tramos de 70, 80, 90 años y más.

El mayor reto es que solo el 25% de la población con más de 60 años recibe hoy en México una pensión- las mujeres en desventaja.

Los mayores desafíos de las personas mayores son: 1) seguridad económica: a falta de ingreso las personas mayores suelen seguir trabajando “hasta que el cuerpo aguante”; 2) Las más vulnerables son las mujeres e indígenas; 3) Bajísimo acceso a servicios médicos y sobre todo especializados. ¡Solo 600 geriatras en México!; Seguro Popular hace muy poco por ellos. 4) Entornos sociales desfavorables; cada vez menos atención de hijos y familiares; 5) Entorno físico y de movilidad muy adverso en las ciudades ante discapacidades.

Se requieren políticas renovadas y programas para atender el envejecimiento digno y garantizar la protección efectiva de derechos de las personas mayores, evitando la discriminación injustificada en el empleo y aprovechando en cambio su experiencia en beneficio de la sociedad. ¿El Inapam? Abandonado, con menos de 200 empleados. Al igual que el INJUVE y el DIF exige una revisión radical.

¿Quo vadis en un gobierno progresista y con sensibilidad social? ¡Enorme el reto!

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.