Hace un mes, el 13 octubre, salió de Honduras rumbo a los EUA, la caravana de migrantes -2000 en un principio- a la cual se fueron sumando más hondureños y otros de países vecinos hasta llegar a más de 7 mil. Desde que pasaron la frontera guatemalteca y empezaron a saltar el Suchiate me quedó claro que se trataba de un fenómeno nuevo con raíces viejas, que iba a exigir de México una respuesta distinta, de fondo, más allá de la reacciones de corto plazo.
Las migraciones de centroamericanos 'ilegales' a los EUA vía México, buscando empleo, mejores salarios y un mayor bienestar social -el sueño americano- son una vieja historia; pero desde principios de los 90 el flujo comenzó a aumentar significativamente. Hoy se ha vuelto una bomba de tiempo.
La gran diferencia cualitativa es que ahora ocurre en masa –para protegerse mutuamente de los asaltos del crimen organizado, de las arbitrariedades y abusos de agentes migratorios y policías y otras asechanzas- con el apoyo de iglesias y organismos de la sociedad civil. Ello ha despertado la solidaridad de las poblaciones por donde van pasando pero también los resquemores típicos de habitantes locales que enfrentan sus propias carencias, problemas y desafíos.
¿Cuál es el origen de esta nueva manifestación de las migraciones?
La primera reacción de las autoridades hondureñas, fue culpar a la oposición de inducir esta caravana con fines políticos y criminales, Comentario repetido después por los diplomáticos de los EUA en Tegucigalpa. Esta explicación rechazada de inmediato por la oposición pretende tapar el sol con un dedo. "Ya quisiéramos tener los recursos para organizarla,"-me aclaró un miembro del gobierno de Zelaya.
Un excelente análisis de Ana Ortega (Del despojo a la migración forzada, la dramática expulsión de miles de hondureños y hondureñas) publicado por la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, pone el dedo en la llaga. La explicación se encuentra en las terribles condiciones prevalecientes de pobreza y desigualdad, inseguridad y violencia. También en las fraudulentas elecciones de noviembre de 2017, que permitieron a Juan Orlando Hernández, electo polémicamente en 2013, tras del golpe de estado a Zelaya, repetir un segundo periodo, con apoyo de los EUA y la complicidad de países latinoamericanos, a pesar de dudas europeas y de la recomendación de la OEA de repetirlas.
La represión poselectoral y la incapacidad de diálogo de JOH con la oposición, sumadas a su fracaso para emprender acciones que mejoren la vida de la población han estirado la liga a los extremos.
Según la información oficial hondureña, en 2017 sólo el 27.4 por ciento de la población tenía un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza se incrementó de 60.9 por ciento en 2016 a 64.3 por ciento en 2017. De cada 10 personas siete no tienen un empleo digno. La tendencia presupuestal complica el problema. El presupuesto de salud que en 2010 representó el 8.2 por ciento del PIB, para el 2018 representa el 5.6 por ciento. También el presupuesto de educación se ha reducido. En cambio la compra de armas para combatir la inseguridad y la violencia se incrementó en un 77.5 por ciento. Al igual que en México la militarización de la seguridad ha ido en aumento.
En 2014 se registró la primera migración masiva de menores de edad que llevaron al gobierno a decretar emergencia humanitaria. En 2018 se han producido dos episodios de migración masiva; el primero en marzo, el llamado 'viacrucis migratorio' y el segundo ahora. Estos se han sumado al tradicional alto flujo migratorio hondureño.
Pese a la reducción de la tasa oficial de homicidios, una de las más altas del mundo, la percepción de la población es que la violencia no disminuye y que las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas. Ello ha llevado a la población a buscar trabajo o asilo fuera del país y, como bien señala Ana Ortega, a popularizar la frase de que "no salen en búsqueda del sueño americano; huyen de la pesadilla hondureña".
La migración es un problema estructural y los factores tradicionales de 'expulsión y atracción' no parecen ser suficientes para explicar el incremento de los flujos y su forma. La actual caravana parece responder al reconocimiento del rol de estrategias colectivas de protección y atracción de visibilidad y solidaridad a lo largo de la ruta, que de manera individual no es posible obtener. Se observan también liderazgos sociales que orientan y encabezan el proceso con capacidad de convocatoria a otro tipo de actores, como ONG que brindan apoyo y acompañamiento.
Las nuevas tecnologías de la información facilitan también la organización y la coordinación de las migraciones y el acceso a información para sortear problemas a lo largo de la ruta y dentro de los EUA. "La globalización de las migraciones con todas sus implicaciones políticas ponen a prueba -nos dice la especialista Ortega- el derecho internacional humanitario… a la vez que reconfiguran conceptos claves del orden democrático como ciudadanía, soberanía y seguridad nacional".
El papel que ha jugado el gobierno de Trump, presionando a su aliado gobierno hondureño y a los otros presidentes de los países del Triángulo del Norte para que detengan el flujo migratorio evidencia el control regional de los EUA. El mismo gobierno hondureño se ha visto obligado a organizar un desafiante 'plan de retorno'.
México está incluido en esa tesitura. La frontera con los EUA es crucial como destino de los migrantes y potencial zona de conflicto, al igual que nuestra frontera sur, donde se espera que atajemos a la actual y a las nuevas caravanas en formación. Frente a los movimientos del ejército y la guardia nacional de los EUA y la reciente decisión de Trump de limitar el derecho de asilo a centroamericanos, México parece haber adoptado hasta ahora una posición aceptable, aunque desconocemos los términos de las consultas realizadas.
Tres desafíos parecen destacar en el horizonte.
1º En el plazo inmediato, urge atender a la caravana de migrantes en la protección de sus derechos humanos, y en particular su seguridad personal frente crimen organizado y sus cómplices y, al mismo tiempo, garantizar sus necesidades básicas de alimentación, salud y albergue.
2º En el corto plazo el desafió será aún mayor. Lidiar con el reto de generar empleos para 7 mil y aun 14, 21 o 28 mil hondureños (o guatemaltecos o salvadoreños) procedentes de caravanas o de inmigración ilegal amplificada es algo factible para la economía mexicana. Sin embargo, si los flujos llegan a ser significativamente mayores (un millón se decía) y los EUA siguen renuentes a aceptarlos e intensifican sus procesos de deportación, como es de preverse, el desafío será enorme. La experiencia internacional muestra que los inmigrantes tienden a concentrarse en ciertas regiones, localidades y zonas urbanas y ello se puede convertir en competencia por empleos y salarios (ya de por sí insuficientes para nuestra población) y en chispa de conflicto social. Urgen escenarios, estrategias y programas
3º En el mediano y largo plazos la única solución posible es la generación de inversiones y empleos en los países y localidades de origen. México tiene el reto económico y de seguridad nacional de elaborar, de una vez por todas, un programa de desarrollo regional para el rezagado sur de nuestro territorio, que pudiera extenderse a los países del Triángulo del Norte y Belice y ayuder a transformar esta zona geopolítica de riesgo social en una oportunidad de desarrollo compartido.
Lo que sorprende es que transcurrido un mes no haya ocurrido una cumbre de Peña Nieto con los presidentes de los países del Triángulo del Norte para abordar la crisis. Todavía le corresponde.