El nuevo acuerdo comercial con los EUA: la industria automotriz, la farmacéutica mexicana, la protección intelectual y otros asegunes
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El nuevo acuerdo comercial con los EUA: la industria automotriz, la farmacéutica mexicana, la protección intelectual y otros asegunes

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El nuevo acuerdo comercial con los EUA: la industria automotriz, la farmacéutica mexicana, la protección intelectual y otros asegunes

04/09/2018
Actualización 04/09/2018 - 14:50

Todavía no se ha concluido la negociación del nuevo acuerdo comercial con los EU. Estamos en espera de un documento final y de que pueda incorporarse Canadá, como sería deseable, conforme al mandato del Congreso al presidente Trump. El balance sólo podremos hacerlo cuando conozcamos los textos finales. Por lo pronto el escenario sigue lleno de rumores y especulaciones. En cada tema ha habido versiones encontradas de lo acordado -hasta en el “cuarto de al lado”- donde el sector privado ha pretendido dar seguimiento a las negociaciones. Los medios ponen su granito de arena entrevistando a funcionarios empresarios y expertos.

No obstante, el saldo parece negativo para México. El TLCAN vigente ha tenido ventajas y limitaciones para nuestro desarrollo, pero la mayor parte de las noticias apuntan a un nuevo acuerdo en que se observan pocos avances para México y en cambio muchas restricciones y consecuencias negativas previsibles.

El gobierno mexicano y los optimistas resignados expresan que lo que saldrá es lo mejor que podía obtenerse frente a las terribles amenazas y presiones de Trump y nuestra realidad de dependencia comercial y económica de los EU, aunque se hayan tenido que hacer muchas concesiones. Incluso participantes del gobierno entrante han celebrado la conclusión del acuerdo, esperando quitarse de encima la carga y el riesgo de tener que continuar negociaciones con Trump a partir de diciembre. Pero no hay escapatoria. Un mal acuerdo es el peor camino para superar el estancamiento de las últimas tres décadas y emprender un nuevo camino de crecimiento con mayor bienestar social.

Los resultados de la negociación sobre reglas de origen son negativos para la industria automotriz y de autopartes de capital mexicano, europeo o asiático. Los vehículos ensamblados en México tendrán que contar con un contenido regional del 75 por ciento frente al 63 por ciento actual y un 40 por ciento del mismo tendrá que ser producido en países con salarios de 16 dólares por hora, o sujetarse a un arancel del 25 por ciento, lo que pone en jaque a la producción en México, que tiene un contenido mayoritario de componentes importados y sobre todo asiáticos (donde tampoco se pagan salarios de 16 dólares la hora). El tope acordado de 2.4 millones de unidades a las exportaciones de vehículos de México (1.8 en 2017) constituye también un desincentivo a la expansión de inversiones en nuestro país. El consumidor americano será afectado negativamente por mayores precios.

Se habla de un acuerdo bilateral automotriz en carta paralela que podría aliviar la situación. Se desconocen los términos, pero la experiencia pasada en materia de comercio de azúcar y edulcorantes evidencia que las cartas paralelas son difícilmente exigibles frente acuerdos superiores. Los negociadores de EU -presionados por sus grandes empresas- siempre se han sacado de la manga leyes y decretos ancestrales de seguridad nacional que nunca derogaron (ley antidumping de 1916). Los aranceles al acero y al aluminio son muestra de ello. Por ello es crucial el mantenimiento del Capítulo 19 sobre arbitraje para solución de controversias. Canadá lo sabe.

La industria textil y del vestido parecería estar preocupada, ya que hoy, a diferencia de hace 20 años, sus materias primas son en alta proporción importadas de China y otros países asiáticos. El problema es que en este sector existe en América del Norte poca producción competitiva. Habría que evaluar si a mediano y largo plazo sería viable recuperarla en México.

Hoy quisiera concentrarme en las lamentables condiciones que México parece haber aceptado en materia de propiedad intelectual, mismas que ya habían acordado las partes en el TPP y que, cuando Trump decidió retirarse del mismo, quedaron en suspenso en el nuevo CPTPP que México firmó y ratificó antes que todos los demás países. Todo indica que estas disposiciones, particularmente graves en el caso de la industria farmacéutica de capital mexicano, regresaron vía las negociaciones TLCAN con implicaciones más severas.

El fin de semana pasado comenzó a difundirse la circular del Representante Comercial de los EU (United States Trade Fact Sheet) que anuncia que los EU y México han alcanzado un acuerdo para reforzar los derechos de propiedad intelectual. Destaca que por primera vez un acuerdo comercial exigirá que: 1) Las autoridades detengan todos los bienes que se sospeche puedan haber sido pirateados o falsificados. 2) Se establezcan procedimientos criminales y penalidades para la copia de películas y el robo de señales satelitales o de cable. Y 3) Se establezca una protección amplia contra el robo de información secreta, incluyendo a las empresas estatales.

El acuerdo dispone: a) Otorgar tratamiento nacional a los derechos de autor para que “los creadores de los EU no sean mermados de sus derechos en mercados extranjeros frente a los nacionales”. b) Aplicar fuerte protección de patentes para asegurar que los innovadores de los EU -particularmente los farmacéuticos y agropecuarios- puedan proteger mejor sus innovaciones. c) Ampliar a 75 años los derechos de autor para la producción musical, de películas y libros e información gerencial. d) Proveer mayor seguridad para nuevas indicaciones de procedencia geográficas, salvaguardando los intereses de productores de los EU para que puedan usar denominaciones comunes. e) Reforzar la protección de las marcas y lo más grave, f) protección durante diez años de la información requerida para el registro de medicinas biológicas y otras posibles innovaciones.

Las empresas farmacéuticas de capital nacional están totalmente en contra de que se amplíe de 5 a 10 años la protección de datos clínicos a productos farmacéuticos y particularmente biológicos. Han crecido mucho en los últimos años en la producción de genéricos, la investigación y la innovación y en el suministro de medicamentos al sector salud y al consumidor.

Consideran que esta protección a las grandes empresas extranjeras, mayor incluso que la del TPP, afecta el desarrollo de la industria mexicana, retrasa la entrada de medicamentos biocomparables al mercado y mantiene precios muy altos en contra del interés del sector salud y del consumidor.

Juan de Villafranca, director de la AMELAF, subraya ayer en entrevista (El Economista) a Marcos Mares, que existen hoy 34 medicamentos biotecnológicos de alto impacto para tratar el cáncer, cuyas patentes habrán de vencer en los próximos años, para los cuales ya cuentan con sustitutos que podrían generar ahorros de hasta un 70 por ciento en los precios de los tratamientos y hacerlos accesibles a un gran número de pacientes. La protección de los datos clínicos por 10 años más impactaría un mercado de seis mil 100 millones de pesos de los cuales cuatro mil 700 son adquiridos por el sector público.

En general, la AMELAF estima que si se otorga la protección por 10 años el gasto total del gobierno a los precios actuales seria de 61 mil millones de pesos. Los ahorros que podrían generarse si se introducen medicamentos genéricos sería de alrededor del 50 por ciento, 15 250 millones en cinco años. Ahora resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor.

Adicionalmente el comunicado de la Oficina del Representante Comercial anuncia todo un capítulo nuevo protegiendo los intereses de las grandes empresas de comercio digital.

Destaca también que por primera vez en un acuerdo comercial se prohíbe cualquier exigencia nacional de almacenamiento local de datos para que el regulador financiero cumpla con su mandato regulatorio o de supervisión.

Informa sobre la inclusión de un nuevo capítulo financiero en el acuerdo con México que: liberaliza el sector de servicios financieros; asegura que las instituciones financieras estadounidenses tendrán el mismo trato que las nacionales y que todas las transacciones financieras se harán sin restricciones y “garantiza el acceso a los mercados, prohibiendo cualquier restricción cuantitativa o numérica que pudiera limitar los negocios de los proveedores estadounidenses de servicios financieros”.

No tengo noticia de que estas cuestiones se hayan discutido con todos los interesados o posibles afectados. ¿Las autoridades mexicanas están conscientes y de acuerdo con sus implicaciones? Estamos estableciendo, según parece, precedentes internacionales. Mi esperanza es que el nuevo gobierno examine estas cuestiones en detalle y que el Legislativo escudriñe responsablemente lo que llegue a firmarse con los EU y Canadá antes de ratificarlo. Entre más pronto mejor.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.