Nunca es fácil el cambio de sexenio para los trabajadores de confianza. Sin importar si hay alternancia partidaria o no, en el minuto que se anuncia el ganador de un nuevo gobierno, inicia su zozobra.
Los más, saben que tan pronto llegue el nuevo titular de la dependencia o entidad le pueden pedir su renuncia. Con independencia de sus conocimientos o desempeño previo, el que viene llega con su equipo y ese puesto puede ser requerido para sus propios colaboradores de confianza.
Otros, esperanzados en algún tipo de vínculo directo o indirecto con el nuevo gobierno, hacen lo que pueden para convencer a los indicados que su colaboración es esencial para la dependencia y que pueden ser leales al nuevo titular, o por lo menos neutros e institucionales. Aspiran a ser ratificados o, por virtud de sus conocimientos, invitados a algún otro puesto equivalente.
Unos más, especulan sobre su retiro. Si en su haber laboral imperan las décadas, saben que es usual que una nueva administración emita programas de retiro voluntario y debaten en su interior si ha llegado el momento de concluir su servicio público.
AMLO ha elevado esa zozobra a la máxima expresión posible. El anuncio de su intención de reducir 70 por ciento de los puestos de confianza del gobierno federal ha generado pavor entre ese universo de la burocracia federal y a ello sumemos su objetivo de revisar sueldos a la baja y de trasladar oficinas al interior del país.
Considero equivocado haber anunciado esa decisión de personal en la antesala de una transición de cinco largos meses, pero concedo razón plena al virtual presidente electo en una cosa: en casi todas las dependencias públicas que le dan actuar al gobierno federal sobran burócratas. Sobran tanto funcionarios de confianza como trabajadores de base.
Imposible construirse un juicio técnico sobre el down-sizing de puestos de confianza pretendido sin algún tipo de estudio que contemple las 320 dependencias públicas que registra el Inegi. 70 por cinto, sin embargo, se percibe como un número tan alto, que puede resultar más aspiracional que una decisión de gobierno meditada y materializable con diligencia e inmediatez.
Entre que ocurra lo que ocurra, bien vale la pena decirles a aquellos funcionarios, bien preparados, y que posiblemente serán parte del anunciado recorte: hay vida más allá de un cargo público de confianza en el gobierno federal.
Cierto. A nadie le gusta que lo despidan de un trabajo, mucho menos con una estrategia política estereotipada. Pero si usted es un profesional con altos conocimientos, realmente trabajador y honorable en su desempeño, tocando las puertas adecuadas, el mercado le brindará nuevas oportunidades más temprano que tarde.
En estricto sentido, nadie es esencial en un puesto. Ni en el gobierno, ni en el sector privado. Sí algunos son muy necesarios, necesidad que –por cierto-- no suele ser confirmada y valorada hasta que ocurre la ausencia, pero procuremos ser cautos con la arrogancia que aflora cuando se afirma que no hay quien pueda sustituir bien un puesto en tal o cual condición o que un puesto no puede ser simplemente eliminado.
Un colaborador de confianza, si bien tiene funciones y tareas de alta responsabilidad en el funcionamiento de una dependencia o entidad, su lealtad debe responder al gobierno que lo ratifica. El sueldo y prerrogativas diferenciadas del personal sindicalizado van de la mano con el hecho de que el patrón puede terminar la relación laboral con sólo alegar un motivo razonable de pérdida de confianza. Esa es la regla del juego.
Y a los funcionarios de confianza que tiene el país, AMLO ya les dijo en público y fuerte que simple y llanamente no confía en ellos. Ojalá no haya muchos ilusos para que no haya tantos desilusionados.