Opinión

Más transparencia, poca rendición de cuentas

El viernes pasado se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia. Se trata de una magnífica noticia porque añade a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos como sujeto obligado de transparencia, entre ellos los partidos y los sindicatos; porque dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) y a sus pares en los estados; y le da al Ifai facultad de revisión de las resoluciones de los órganos locales, cuando lo solicite un particular a quien se le ha negado acceso a la información.

Sin embargo, más transparencia no significa necesariamente más rendición de cuentas. Desde 2002, cuando se promulgó la primera Ley Federal de Transparencia, se han multiplicado las solicitudes de información a los gobiernos, pero ello no se ha traducido siempre, ni en mejor gestión de gobierno, ni en mayor rendición de cuentas, ni en menor corrupción. La transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas, pero se requieren otras condiciones facilitadoras que en México son escasas.

Los medios de comunicación, los organismos de la sociedad civil y los partidos políticos han sido los principales usuarios de información, y en ocasiones la usan para acusaciones políticas cuando detectan anomalías en la información gubernamental. Pero esos actores carecen de atribuciones para sancionar. Ciertamente la transparencia estimula la rendición de cuentas por su carácter preventivo, pero la disuasión debe acompañarse de sanciones para que sea sostenible en el tiempo.

Así como todos podemos solicitar información a los gobiernos, sólo hay pocos facultados legalmente para usarla para investigar, fiscalizar y, eventualmente, castigar. Esos actores son la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los órganos de fiscalización estatales, la Secretaría de la Función Pública (SFP), las contralorías estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) y las estatales (y, eventualmente, lo será la nueva Comisión Nacional Anticorrupción que sustituirá a la SFP).

La evidencia muestra que esas autoridades en ocasiones son omisas o sumamente lentas para sancionar. En los últimos años, por ejemplo, la ASF ha emitido miles de promociones de responsabilidad a servidores públicos, pero la Secretaría de la Función Pública, la única con atribuciones de sanción administrativa, aplicó castigo a menos de 4 por ciento de los casos. Asimismo, la ASF presenta denuncias penales ante el Ministerio Público, pero hasta 2012 ninguno de esos juicios había terminado en sanción o con alguien tras las rejas. Peor aún, en los muy pocos casos cuando se han impuesto multas a funcionarios públicos, el Servicio de Administración Tributaria ha recuperado una ínfima parte.

A nivel local el problema es mayor: los órganos de fiscalización funcionan con menores estándares de calidad, pero el problema de fondo es que la transparencia o la fiscalización no tiene consecuencias. En ocasiones las anomalías detectadas en los ayuntamientos, por ejemplo, se solventan “políticamente” en el seno del congreso del Estado e incluso se intercambian favores para perdonar a infractores de todos los partidos.

Debemos celebrar la nueva reforma de transparencia, pero ella dice poco sobre su impacto futuro. Podemos tener gobiernos más transparentes, pero mientras no se transformen las instituciones encargadas de usarla para sancionar desviaciones, la transparencia será pura poesía y contribuirá poco para la rendición de cuentas y para combatir la corrupción.

[Nota] Algunas ideas fueron tomadas de un texto del mismo autor publicado en Este País, noviembre 2012.