Opinión

Más desmesuras del moreirato

Hace siete años se desató una incontenible ola de violencia en Coahuila, particularmente en el área de la comarca lagunera. Nunca antes se había visto algo igual. Ejecuciones al por mayor en plena vía pública, fuego cruzado entre grupos de delincuentes aquí y allá con sus víctimas colaterales. Asaltos, robos, secuestros, homicidios por doquier. En fin, una situación de grave inseguridad pública.

Dato significativo de esta violencia de locura en Coahuila ha sido la campanuda pasividad del gobierno estatal. Como si lo que ha venido sucediendo tuviera lugar en otro planeta. Como se puede constatar, las fuerzas estatales y municipales responsables de la seguridad pública, así como los encargados de la persecución de los delitos han asumido una actitud que de plano raya en la complicidad. Algunos creen que en efecto así es.

Pues bien, esta violencia sin fin ha tenido entre otras graves consecuencias que haya decenas, cientos –se habla de alrededor de un mil seiscientos- de casos de personas desaparecidas en Coahuila.

Hombres y mujeres de los que de repente ya nada se supo. Y así han transcurrido dos, tres y más años. Como se comprenderá, se trata de una situación angustiosa, de auténtica tragedia para las familias que la padecen. Imposible imaginar siquiera su desesperación y sufrimiento. Mayores aún si se consideran las incomprensiones y desaires de que son objeto por parte de quienes tienen entre sus funciones velar por la tranquilidad y seguridad de toda la sociedad.

Y como para que no se diga que de plano se tiene en el olvido –que de hecho así es- a esas pobres familias, al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, se le ocurrió una absurda idea. Envió al Congreso local una iniciativa de Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas. Dijo que lo hizo, lo cual es cierto, en cumplimiento de la Ley General de Víctimas, que es un ordenamiento de carácter federal.

Como corresponde a todo estado donde el Poder Legislativo es punto menos que figura decorativa, el Congreso local aprobó sin chistar la iniciativa del señor gobernador, pues precisamente para eso están éste y aquél, para mandar y obedecer, respectivamente. Así, con el voto en contra del par de disputados locales panistas en el punto que corresponde al tema de este artículo, la iniciativa moreiriana se convirtió en ley, misma que fue publicada el pasado 20 de mayo.

¿Qué tiene de particular esa ley? Una inconcebible desmesura típica de la mentalidad moreiriana que se caracteriza, cuando de problemas se trata, en no resolverlos y aprovechar la ocasión para atizar los conflictos. Todo ello con el claro propósito de capitalizar situaciones, enfrentar a la sociedad y si el caso lo permite hasta hacerse la víctima. Ese numerito ya lo conocemos de ese par de hermanos demagogos, populistas y sinvergüenzas.

Sucede que el artículo 10 de la mencionada Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas dispone que los empresarios están obligados a proporcionar a los familiares e hijos menores los salarios y demás prestaciones de las personas desaparecidas en la entidad, sin especificar por cuánto tiempo durará tan insólita obligación de los patrones. Más increíble aún fue que los empresarios se vinieron a dar cuenta de tan increíble disposición más de dos meses después de la promulgación de la ley.

Como es de suponer, los empresarios pusieron el grito en el cielo. Han protestado. Han advertido que la inversión y el empleo caerán por este tipo de disposiciones absurdas. Han argumentado que el Congreso local carece de facultades para legislar en la materia laboral. Han señalado lo descabellado que resulta que la autoridad, responsable de la seguridad, no sólo incumpla su obligaciones sino que además tome decisiones que a la postre crearán más problemas, que terminarán por dañar aún más a la sociedad. La polémica seguirá. Veremos cuál es su desenlace.