Benito Solís Mendoza
En las próximas semanas se seguirá discutiendo la propuesta fiscal recientemente presentada al congreso, ya que la población y las empresas no quieren pagar más impuestos y el gobierno no quiere reducir sus gastos. Como cada grupo tienen argumentos para justificar su posición, algunos válidos aunque otros son dogmáticos, éste será un tema relevante en las siguientes semanas. La discusión de los pasados meses se había centrado en el pago del IVA para alimentos y medicinas, propuesta que ya esperaba la sociedad y a la cual varios grupos políticos ya se habían preparado para combatirla. Al no presentarse se ha diluido un conflicto político, lo cual es importante en el actual escenario de confrontación que existe en el país, aunque tiene implicación para el mediano y largo plazo.
La llamada Reforma Fiscal había generado grandes expectativas dentro de los diversos grupos, pero al analizar el detalle de sus puntos de vista se percibía que cada quien entendía por la misma distintas cosas. Algunos grupos políticos y académicos la percibían como un instrumento para mejorar la mala distribución del ingreso que predomina en el país, ya que aumentaría los impuestos que pagan los sectores de mayores ingresos para poder elevar los subsidios a los sectores más necesitados. Por otro lado, algunos otros la interpretaban como un importante instrumento para generar incentivos para invertir, crecer y crear empleos, así como para elevar el ahorro. Por su parte, los empresarios pensaban que era la gran oportunidad para realizar un esquema más simple, con menores tasas impositivas y más general, esto es que también paguen los que no lo hacen.
En el sector público se ve a la reforma fiscal como el mecanismo para enfrentar la caída en los ingresos petroleros que tiene el gobierno, la cual ya empezó y se agravará de manera notable en los siguientes años. Por su parte, los gobiernos locales la identificaban como el esquema que les permitiría tener más ingresos y, en varios casos, enfrentar el grave problema fiscal derivado de su elevado gasto del año pasado, por las campañas políticas que tuvieron y por el mayor endeudamiento que han realizado. Hay que recordar que las participaciones y transferencias del gobierno federal representan cerca del 92% de los ingresos de los gobiernos estatales y municipales.
La propuesta fiscal presentada en días pasados contiene algunas partes de lo que esperaban los distintos grupos, pero por lo mismo no cumple todas las expectativas de todos ellos. Lo ideal de un esquema fiscal es tener impuestos generales, bajos y de aplicación sencilla, que distorsionen la actividad productiva lo menos posible, que fomenten la inversión (no el consume, ya que este no necesita incentivos, solo mayores sueldos y salarios) y el empleo, para así elevar el ingreso real de las personas.
Sin embargo, en nuestro país hay una grave confusión entre una baja recaudación (lo que obtiene el gobierno por impuestos) con bajas tasas de impuestos. México tiene una baja recaudación como porcentaje de su economía, por lo que varios concluyen que la solución es solo incrementar la tasa de los impuestos; sin pensar que puede deberse a que la población que paga impuestos es muy pequeña. Hay que recordar que la mitad de la población que trabaja es informal y no paga impuestos, pero si recibe los beneficios sociales que paga la otra mitad. Luz pública, seguridad, infraestructura, energía eléctrica, drenaje, seguro popular, educación pública y muchos otros servicios más le son proporcionados al sector informal de manera gratuita, pero que son pagados por la otra mitad de la población.
Son numerosos los casos en el mundo en donde hay una elevada recaudación fiscal, lo cual se debe a que predominan bajas tasas de impuestos a las empresas, lo que propicia una elevada recaudación. Algunos ejemplos son Suiza, los Estados Unidos y lo realizado en los países nórdicos y en Gran Bretaña en las últimas décadas, quienes bajaron los impuestos a las empresas y han aumentado la recaudación de impuestos.
La reforma propuesta anuncia objetivos sociales como la pensión universal y el seguro del desempleo, así como presenta algunos aspectos para facilitar el pago de impuestos, como es la eliminación del IETU, temas que son positivos. Sin embargo, no tiene un esquema que quite incentivos a la economía informal, sino incluso lo contrario al elevar impuestos y eliminar deducciones para las empresas. Destaca el caso del IVA a la venta y renta de viviendas, lo que agravará aún más la crisis que hay en este sector. Por su parte, la limitación a la deducción del pago de las prestaciones sociales afectará la creación de empleos formales, y fomenta la informalidad, al igual que la deducción inmediata a la inversión en las empresas. Por su parte, la zona fronteriza se verá afectada por la eliminación del esquema de importación temporal que perjudicará a la industria maquiladora.
Una importante preocupación de la propuesta fiscal es el incremento en el déficit del sector público, ya que al tomar en cuenta todos los conceptos que requiere financiar el sector público se necesita el 2.9% del PIB para este año y el 4.1% del PIB para el próximo. Este dato es el que presionará a los mercados financieros del país en los siguientes meses.
Opinión