Opinión

Más casas

El reportaje en el que el WSJ da cuenta de una casa en Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, provocó la necesaria aparición del vocero Eduardo Sánchez a explicar, responder y ofrecer datos y cifras que pretenden, de alguna forma, transparentar el hecho.

La compra fue legal –hasta donde podemos ver–, el precio pagado está dentro de los márgenes de una casa de campo para un funcionario público que ha trabajado los años respectivos y, para ventaja del funcionario, fue incluida en su declaración patrimonial. Todo en orden hasta ahí.

Lo que aparentemente no está en el registro del equipo presidencial, es el daño que estas aparentes relaciones entre constructores y el funcionario público en cuestión, causan a la imagen, a la credibilidad y al prestigio del presidente de la República.

Para nadie es un secreto en este país que muchos empresarios realizan negocios al amparo de relaciones políticas. Para nadie es un secreto tampoco que esas relaciones entre inversionistas, empresarios y servidores públicos, ocultan, esconden o maquillan acuerdos secretos de beneficios y comisiones.

Cuando un constructor o desarrollador inmobiliario, cuya relación familiar data “de varias décadas atrás”, realiza proyectos de obra pública continuos y consecutivos en el mismo estado durante el mismo periodo, llama la atención, especialmente cuando no se aclara si fueron por concurso, o peor aún por asignación directa.

Cuando lo he discutido con funcionarios y políticos de distinto nivel, responden ofendidos, como si hubiera acusación de por medio, ¡Y qué tiene de malo! Si de todas formas la obra la tiene que hacer alguien.

Exactamente. La obra, la construcción, el desarrollo, es una necesidad que brindará servicios a la ciudadanía y que responde al más impecable interés público; el problema es a quién se encarga la encomienda.

Por eso existe una ley de adjudicación que establece procedimientos y mecanismos para evitar no sólo cualquier sospecha, sino toda influencia o injerencia del funcionario titular del despacho, en el otorgamiento de los contratos. Instrumentos de transparencia, concursos, comparación de presupuestos, información pública. Y con todo, lo sabemos, la astucia mexicana ha encontrado formas de burlar, de simular, de producir concursantes “patito” para asegurar victorias en licitaciones dudosas.

El hecho de que el presidente posea una casa construida por un desarrollador que recibió contratos millonarios por obra pública en el Estado de México, es delicado y sospechoso. Lo es más y de forma agravada, cuando se sabe que ese constructor recibe ahora contratos de obra pública del gobierno federal cuando nunca había realizado ninguna a ese nivel. Resulta particularmente delicado y preocupante, cuando parece un patrón de conducta, que se repite entre un constructor y otro (San Román y Grupo Higa) y donde hay casas involucradas.

La cancelación de la primera adjudicación en el caso del tren México-Querétaro pareció una buena señal para corregir el curso.

Estos dos desarrolladores, no podrían, por la sola razón de proteger la imagen y credibilidad del presidente, aparecer en ningún otro concurso de obra pública federal en esta administración.

No pueden aparecer más casas ligadas a relaciones político-empresariales que supongan una conducta indebida en la adjudicación de contratos de obra pública.

La casa ya no aguanta más cuartos.

Twitter: @LKourchenko