Más allá de su resultado, la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es todo un acontecimiento que ha sacudido las formas tradicionales del ejercicio gubernamental.
En México nunca se ha realizado una consulta de los gobernantes al pueblo.
Ahora aparecen exfuncionarios y hasta exgobernantes a detallar las fallas técnicas y metodológicas de la consulta.
Y la pregunta que surge con naturalidad es, ¿si son tan expertos en consultas por qué nunca hicieron una?
Como lectores de la prensa, radioescuchas, televidentes y ahora usuarios de las redes sociales, nos damos cuenta de los procesos de consulta que ocurren en otros países.
En Quebec se vota si esa región se mantiene como parte de ese país o se independiza. En Escocia se vota lo propio en relación con Gran Bretaña.
En Grecia se consulta sobre políticas financieras y compromisos internacionales.
En España se votó hace años sobre el ingreso de ese país a la OTAN.
En Bolivia se consultó al pueblo sobre la permanencia del Presidente en el gobierno.
En Ecuador se vota una nueva Constitución por la ciudadanía.
En Brasil se consultó hace años sobre el destino del presupuesto público.
En Francia, Alemania y Estados Unidos los habitantes son consultados sobre proyectos aeroportuarios.
Pero en México, repito, nunca se ha hecho una consulta a nivel nacional.
Las nuevas formas de participación ciudadana se han cristalizado en el discurso jurídico internacional desde hace más de tres décadas.
El plebiscito para consultar actos de gobierno; el referéndum para consultar decisiones legislativas; la revocación de mandato para consultar sobre la permanencia de un mandatario al frente del gobierno; el presupuesto participativo para consultar sobre el destino del gasto público. La iniciativa ciudadana para que el ciudadano común presente iniciativas legislativas; la contraloría ciudadana para fiscalizar el gasto desde la sociedad civil. Las asambleas vecinales, ciudadanas y comunitarias.
En nuestro país, dichos mecanismos sólo se han concretado a nivel local, particularmente en la Ciudad de México.
La capital del país cuenta con una importante tradición de participación social.
En 1993 se celebró el famoso Plebiscito Ciudadano, impulsado por organizaciones de la sociedad civil y algunos asambleístas locales.
Ese ejercicio sirvió precisamente para promover la elección democrática del gobernante de la Ciudad, con gran éxito por cierto.
Y en 1997, ya con una nueva mayoría de izquierda en la capital, se incorporó la figura del Plebiscito en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En 1998, en la nueva Ley de Participación Ciudadana, se plasmó el referéndum consultivo.
En 2002 por primera vez se llevó a cabo un Plebiscito formal, acerca de la construcción del 2o piso de periférico, en la Ciudad.
Mientras tanto, a nivel nacional nunca se ha celebrado una consulta organizada o convocada por autoridades federales.
Hemos vivido consultas nacionales como la zapatista (1995), la del Fobaproa (1998), la del petróleo (2008), pero todas ellas convocadas desde la sociedad civil o la oposición política.
Por ello, cuando al calor de la reforma energética del 2013 se exigía consultar a la sociedad, se aprobó una legislación federal para la consulta popular.
Sin embargo, dicha legislación no sirvió para consultar sobre la reforma energética...ni sobre ningún tema.
Seis millones de mexicanos solicitaron consulta sobre el destino del sector energético nacional... Y no hubo.
También se solicitaron consultas sobre otros temas, como la representación plurinominal, y tampoco las hubo.
Esa legislación parece estar hecha para que nunca haya consultas.
Se juntan millones de firmas, se pide aval del órgano legislativo, validación del INE, calificación de constitucionalidad de la Corte. Y al final no hay nada de consulta.
En este contexto, resulta muy relevante que el Presidente Electo haya convocado a un ejercicio de participación ciudadana para decidir conjuntamente el destino del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, antes del 1o de diciembre.