Con motivo de la declaratoria de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Tabasco y Campeche el mes pasado, el tema volvió a cobrar relevancia mediática –en un contexto en el que las campañas electorales y los hechos de violencia dominan la cobertura de los medios de comunicación– ya que en teoría representan un instrumento de política pública para impulsar el desarrollo económico en las regiones de mayor marginación del país, y en cuya utilidad y viabilidad parece que todos los candidatos a la presidencia están de acuerdo.
Las nuevas ZEE en esas dos entidades del Golfo de México, que se ubican en la región de Seybaplaya en Campeche y Dos Bocas en Tabasco, se suman a las otras cinco creadas (en el papel) en Lázaro Cárdenas-La Unión, en Michoacán y y Guerrero; Coatzacoalcos, en Veracruz; Salina Cruz, en Oaxaca; Puerto Chiapas, en Chiapas; y Progreso, en Yucatán. Se trata de áreas geográficas delimitadas, aledañas a puertos marítimos para aprovechar sus ventajas logísticas, donde se instalarán empresas que recibirán diversos beneficios derivados de la creación de infraestructura y de descuentos y créditos fiscales (menor tasa del impuesto sobre la renta, así como en impuestos estatales y municipales), de contribuciones a la seguridad social, facilidades aduaneras y simplificación de trámites (ventanilla única), entre otros.
Hasta ahora las ZEE han generado "mucho ruido y pocas (muy pocas) nueces". Las autoridades han anunciado que ya hay ocho mil millones de dólares de inversiones 'comprometidas', sin que esté claro qué tipo de compromisos involucran esas inversiones o si son sólo buenos deseos, de los casi 16 mil millones de dólares que estiman en un plazo de 20-30 años y que crearían más de 50 mil empleos. ¿Cifras alegres? También han señalado que están en proceso de definición y selección de las denominadas empresas ancla en las ZEE, que serán los motores para atraer otro tipo de empresas e integrar las cadenas productivas de proveeduría; y que están a punto de licitar la selección de los administradores integrales de las zonas, que serán los responsables del desarrollo inmobiliario, la construcción de infraestructura y de su operación. Considerando que las ZEE se autorizaron desde 2016, 'los asuntos de palacio van despacio'. Eso sí, esta semana se firmó un convenio con el Inegi para facilitar la obtención y el intercambio de información, crear bases de datos y organizar cursos y talleres. Todo sobre algo que hoy no existe.
Más allá de los avances en el papel, de lo que se sabe poco es acerca de la creación de nueva infraestructura esencial para que se empiecen a detonar las ZEE, como la habilitación de los terrenos, la introducción de servicios básicos y, sobre todo, la construcción de vías de comunicación que les garantice conectividad y les dé viabilidad. A ello se suma otro tipo de infraestructura en las áreas de influencia o cercanas a las ZEE para la población que laboraría en las empresas ahí instaladas, desde vivienda, educativa y de salud hasta comercial y recreativa. La ausencia de este tipo de servicios ha sido el talón de Aquiles de múltiples parques industriales y agroindustriales a lo largo del país, que hoy lucen abandonados y en los que se han enterrado grandes montos de recursos públicos y privados.
Otro reto fundamental para las ZEE será definir dónde está el mercado. No basta ofrecer terrenos disponibles, incentivos fiscales y simplificación administrativa, si las empresas que potencialmente podrían instalarse ahí no tienen un mercado claramente definido y, previsiblemente, no será sólo la exportación. Sin un vínculo con el mercado interno será muy difícil que despeguen las ZEE, lo que por el momento no está claro, sobre todo si se considera el ya elevado número de ZEE –más asociadas a compromisos con gobernadores que a una verdadera estrategia de desarrollo— que competirán por recursos y fragmentarán las inversiones. En este tema, falta mucho.