Transparencia de la industria extractiva: reto para México
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Transparencia de la industria extractiva: reto para México

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Transparencia de la industria extractiva: reto para México

21/12/2017
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Petróleo
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Desde fines de 2006 Pemex se adhirió a la Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y fue representante del sector industrial en su Consejo Directivo de ese año a 2011. EITI es un estándar de transparencia único.

No es un tratado internacional, sino un acuerdo voluntario en el que participan en igualdad de condiciones gobiernos, empresas y la sociedad civil. Se creó en 2003 con el objetivo de limitar la corrupción en las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) al transparentar los recursos provenientes de esas actividades y que las empresas que participan publiquen los montos que efectivamente pagaron a los gobiernos de los países en que operaron.

También los gobiernos firmantes reportan el monto de recursos que recibieron de las empresas y su destino. Esa información debe publicarse en un reporte anual para un año fiscal específico, la cual se verifica por un auditor independiente. Ese reporte debe mencionar si “las cuentas cuadran” y, en el caso de que no ocurra así, explicar las causas. El reporte es público y accesible.

EITI es un estándar poco conocido, pero su instrumentación ha servido para que muchos países con recursos extractivos mejoren no sólo la información a la población, sino la percepción sobre corrupción y la del clima para los negocios. EITI ha sido muy importante para varios países africanos que, con base en sus estándares, han desarrollado reformas legales para robustecer sus aparatos anticorrupción.

En la definición de objetivos y requisitos de los estándares de EITI participan representantes de la sociedad civil y de las empresas extractivas. Grandes empresas como Exxon, BP, Chevron, Shell, Total y BHP están representadas en su junta de gobierno. Sus contrapartes son organizaciones de la sociedad civil como Natural Resource Governance Institute (NRGI), Publish What You Pay, y organizaciones civiles de varios países. Recibe financiamiento de varias empresas, así como de países donantes como Noruega, la Comisión Europea, Holanda, Dinamarca y Alemania.

Si bien Pemex participa en EITI desde la década pasada —lo que fue importante para mejorar sus sistemas de información y el reporte sobre el destino de los recursos que genera— como país México anunció su intención de adherirse al protocolo apenas en 2015. Gracias al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil (PODER y Transparencia Mexicana), así como de universidades, representantes del sector privado petrolero y las secretarías de Energía, Hacienda y Economía, el país fue aceptado como candidato en 2017. Ello es particularmente importante a la luz de la reforma energética, ya que ahora no sólo Pemex aportará recursos al gobierno sino todos los nuevos participantes en el mercado.

Será fundamental conocer con toda claridad y transparencia el origen pero sobre todo el destino de los ingresos gubernamentales generados por la extracción de los recursos naturales del país.

Aunque la adhesión de México a EITI es relativamente tardía, en el marco de la reforma se han venido concretando varios esfuerzos en materia de la transparencia en el sector hidrocarburos: la mecánica de las rondas de licitación de campos fue inobjetable y el acceso a la información sobre petróleo y gas ha mejorado sustancialmente; hoy se puede conocer la ubicación de los campos, su naturaleza y el pago que cada contrato hace a las arcas nacionales, mediante el Fondo Mexicano del Petróleo y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Los retos están, además de que se conozca con detalle el destino de los ingresos petroleros, en generar información relevante sobre el sector minero, que sistemáticamente es fuente de problemas sociales, y la de la industria extractiva en materia ambiental, social y de gasto a nivel de los estados y municipios, financiado con los ingresos del Estado.

Agradezco a Esteban Manteca su apoyo para esta contribución.

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 * El autor es socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.