Como parte de su propuesta del Modelo de Política Pública Visión 2030 para los Sectores Agroalimentario y Forestal, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) plantea 40 recomendaciones agrupadas en torno a nueve temas: recursos para investigación y desarrollo; infraestructura; información; financiamiento; atención a pequeños y medianos productores; agenda transexenal; asistencia técnica, capacitación e innovación; recursos hidráulicos; y producción sustentable, las cuales presentan tanto novedades como demandas 'históricas' del sector privado agropecuario.
Entre las primeras sin duda destacan las vinculadas con el agua y el cambio climático, no porque no se hubieran planteado en ejercicios anteriores del CNA, sino por la relevancia que se les atribuye en esta ocasión: invertir y modernizar la infraestructura hidroagrícola, lo que se viene haciendo en los últimos dos sexenios pero no a la velocidad deseable; la atención a suelos, que ha sido materia olvidada en las políticas públicas; incrementar la infraestructura de tratamiento de agua y aprovecharla para fines productivos agropecuarios; e impulsar proyectos que ahorren agua, lo que no sólo es impostergable para la agricultura y la ganadería, sino para el país, dado que el sector utiliza casi 80 por ciento del agua disponible.
En materia de cambio climático, se propone cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas que involucran reducir en más de una tercera parte las emisiones de gases efecto invernadero en el sector, y de los que México es signatario; mejorar el manejo de residuos sólidos, lo que implicaría profundizar el programa, hoy voluntario, de Campo Limpio que ha tenido resultados muy limitados; e instrumentar modelos para reducir la deforestación, en particular sistemas de ganadería sustentable y silvopastoriles, lo que es una necesidad fundamental sobre todo en el sureste del país.
Por otra parte, abundan las recomendaciones (o solicitudes) recurrentes del sector. Desde canalizar financiamiento barato y abundante —aunque ahora se pide focalizarlo a pequeños productores, a la investigación y desarrollo, al fomento de incubadoras y a la transformación de las cadenas frías, así como una mayor participación de la banca social, lo que es un avance—; impulsar la creación de infraestructura pública agroalimentaria y en caminos rurales; ampliar la información para los productores vía el fortalecimiento del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y del Inegi (censo agropecuario); establecer ventanillas distintas para proyectos de 'alto impacto' y los de fomento a la producción de productos básicos (léase agricultores pequeños, tradicionales y de autoconsumo), con una diferenciación en la atención al sector social del 'productivo', hasta presupuestos multianuales que ahora denominan 'blindar la agenda 2030', incluyendo cambios a los mecanismos normativos y legales para garantizarla.
El mayor atributo de las recomendaciones de la agenda del sector privado es el enfoque propuesto de las políticas públicas y los presupuestos hacia la generación de bienes públicos como la investigación (incluyendo la creación de nuevos centros), el fortalecimiento de la capacitación, la asesoría técnica y de esquemas de educación empresarial a los productores y el impulso a la infraestructura pública comercial, entre otras.
Su deficiencia: que más de 90 por ciento de las recomendaciones dependen de la disponibilidad de recursos federales, lo que requeriría un redireccionamiento sustancial del Presupuesto de Egresos, y en las que no se ve cómo y cuál sería la aportación de las empresas privadas para su consecución.
Las ausencias (o la minimización de su importancia): la política de sanidad en el sector, las propuestas de política comercial y de defensa de prácticas no competitivas, el sistema de aseguramiento y la inducción de una mayor competencia en ese mercado y, el tema tabú, la tenencia de la tierra.