Como cada seis años por estas fechas, múltiples organizaciones del sector privado presentan sus propuestas para la siguiente administración federal; ahora la novedad es que también se están sumando entidades públicas autónomas como la Comisión Federal de Competencia Económica o 'semiautónomas' como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se supone han hecho planteamientos no políticos sino técnicos.
En ese marco, hace unos días el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) presentó su Modelo de Política Pública Visión 2030 para los Sectores Agroalimentario y Forestal, del que destacan varios aspectos. Primero, que su lanzamiento pasó prácticamente desapercibido ya que, salvo algunas menciones en foros sectoriales (como el EF Agro organizado por EL FINANCIERO, no captó la atención de medios de comunicación ni de analistas especializados. Segundo, a diferencia de versiones anteriores, la propuesta abarca un horizonte de mediano plazo y transexenal, y no se limita sólo a sugerir lo que debe hacer la siguiente administración. Tercero, se incluye al sector forestal, lo que abona para ir quitando la idea de que la silvicultura es una actividad independiente, desconectada y que compite con las de los sectores agrícola y pecuario; ya es hora de establecer políticas coordinadas para el sector primario con una visión integral y eliminar los cotos burocráticos. Cuarto, el trabajo realizado por el CNA no se queda en generalidades sino que propone 240 líneas de acción, más de 300 indicadores de medición y 40 recomendaciones de política pública; es decir, entra al detalle de los temas. Por último, y sin duda lo más relevante del 'modelo de política pública' propuesto, es que en general busca orientar los esfuerzos hacia la generación de bienes públicos —en su definición de acceso general y no individualizado— para impulsar el desarrollo del sector.
El CNA plantea seis modelos para atender la problemática del sector primario y que buscan impactos a mediano plazo: i) investigación e innovación, que incluye a los servicios de extensión y transferencia de tecnología para aumentar la productividad; ii) producción sustentable y cambio climático para fortalecer la resiliencia del sector y aminorar la generación de gases de efecto invernadero; iii) encadenamiento productivo a fin de potenciar el valor de las cadenas agroalimentarias y su rentabilidad con beneficios para productores, transformadores y consumidores (por primera vez, la visión del CNA pone en un papel preponderante al consumidor); iv) comercialización y diversificación de mercados para mejorar la oferta, productividad y competitividad; v) inversión en bienes públicos, que incluye instalaciones necesarias para incrementar la productividad, reducir las pérdidas de producto, acceder a nuevos mercados y elevar los márgenes de los productores; vi) bienestar laboral, que considera aumentar la formación y el desarrollo técnico de los trabajadores del campo, así como sus salarios y prestaciones laborales.
Difícilmente se puede diferir de los aspectos conceptuales propuestos por el CNA. Los rezagos y deficiencias en materia de capacitación y disponibilidad de tecnologías para los productores son históricos; la sustentabilidad productiva ya no es opcional; los problemas de comercialización implican pérdidas de márgenes para productores y afectaciones para los consumidores, sin que Aserca sirva para nada; en esta administración los subsidios han llevado 'nombre y apellido' y los canalizados a bienes públicos se han reducido; las mermas alcanzan niveles sin precedente; y el cuestionamiento a las condiciones laborales va en aumento.
Los retos radican en cómo instrumentar los modelos conceptuales propuestos. Las recomendaciones del CNA, como ha ocurrido en el pasado, gravitan en el presupuesto público, y ahí está la mayor debilidad de la propuesta, lo que será materia de otra contribución.