Programas asistenciales por venir
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Programas asistenciales por venir

31/05/2018
Actualización 31/05/2018 - 12:53

El lunes pasado en estas páginas Jorge G. Castañeda perfiló algunos de los elementos de la propuesta de Ricardo Anaya sobre la implantación de un ingreso básico universal (IBU), que ha recibido múltiples críticas y cuestionamientos. Bienvenida la información y discusión acerca de las políticas públicas que instrumentarían los candidatos a la presidencia en caso de alcanzarla. El IBU se enmarcaría en los programas asistenciales de apoyo a la población de menores ingresos y/o a grupos vulnerables que, con diversas modalidades (la mayoría desconocidas), también han planteado otros candidatos en las campañas; de manera destacada, Andrés Manuel López Obrador que propone multiplicarlos: becas para todos los estudiantes de preparatoria por dos mil 400 pesos al mes, apoyos de tres mil 600 pesos mensuales a “2.3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis)” para capacitación durante un año, y universidad gratuita y garantizada para todos los que quieran estudiar una carrera, entre otros.

De acuerdo con Castañeda, el IBU sería temporal (de seis a 10 años), con una población objetivo (personas mayores de 15 o de 18 años de edad) por debajo de la línea de sobrevivencia básica determinada por Coneval y un apoyo de mil 500 pesos al mes. Su aplicación sería gradual en el tiempo y a nivel geográfico, es decir, iniciaría con un número limitado de grupos poblacionales en las entidades federativas con mayor marginación, a fin de ir modulando su impacto fiscal. No estaría sujeto a ninguna condición (como es el caso de Prospera, que involucra requisitos de salud, educación y alimentación) y los beneficiarios se definirían a partir de un 'censo' de todos los programas de asistencia social a nivel federal, estatal y municipal, entre algunas de principales características.

En ese sentido, tanto para la propuesta del IBU como para otros programas de asistencia social, conviene aprender de los aciertos y deficiencias de otros que se han instrumentado en el pasado. Un caso ilustrativo es Procampo-Proagro Productivo, que se creó en 1994 para homologar los subsidios al campo con nuestra contrapartes del TLCAN y sustituir los apoyos vía precios por apoyos directos y cuya duración sería de 15 años; ya lleva 24. El programa 'sólo' cubre a casi 2.5 millones de beneficiarios, cuyo padrón se ajusta anualmente (cuando el productor renueva la solicitud de apoyo) y se actualizó integralmente y modernizó en 2012; aún así cada año hay observaciones de la Auditoría Superior sobre apoyos 'mal' canalizados. El apoyo tenía que haberse mantenido constante en términos reales desde su origen, lo que no ha sido el caso por razones presupuestales. Además en el tiempo se ha incrementado el número de productos (cobertura) sujetos a apoyo y ha variado su condicionalidad, desde la obligación de sembrar algún producto apoyado, sembrar lo que sea o no sembrar, hasta el destino de los apoyos (libre asignación y, ahora, canalizarlos a 'tareas productivas').

Ello habla de la complejidad de instrumentar eficazmente programas asistencialistas, en términos de población objetivo, apoyos y operatividad y, por tanto, de su viabilidad para alcanzar las metas que buscan.

A su diseño e instrumentación pueden coadyuvar los trabajos que ha realizado Coneval, con un elevado costo y excelentes recursos técnicos. Esta semana ese Consejo puso a disposición el Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social, construido a partir de variables cuantitativas y cualitativas, cuya utilidad es contar con información sobre los indicadores, metas y resultados de esos programas y acciones, así como definir si continúan, se eliminan o se corrigen para mejorar las políticas públicas. Ojalá y la nueva administración, del color que sea, tome en cuenta esas aportaciones y no lance programas al 'ahí se va', que podrían traducirse en un enorme desperdicio de recursos y nula efectividad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.