El tema del agua vuelve a ser noticia, para mal. Primero, por la reciente posposición de la operación del sistema digital para el manejo (solicitud, renovación, transmisión, etc.) de las concesiones que opera Conagua. Una herramienta que habría contribuido a incrementar la transparencia, reducir la corrupción y, sobre todo, a sistematizar y ordenar 513 mil concesiones para uso del agua, no entra en vigor con el argumento de que muchos usuarios no tienen firma electrónica. Hace algunos años Sagarpa, en coordinación con el SAT, generó esas firmas para casi todos los 2.4 millones de beneficiarios de Procampo en pocos meses. Con pretextos, simplemente no avanzamos.
Segundo, sin ninguna relación pero ello se vinculó con los cuestionamientos a los diez decretos publicados en junio pasado por el presidente Peña Nieto, que modifican el estatus legal de casi 300 cuencas hidrológicas en el país e involucran a 55 por ciento de la aguas superficiales, y a los cuales diversas ONG's se opusieron. Los decretos implican transitar de un régimen de "veda" que data de los años 30 —y prohíbe en el papel cualquier tipo de aprovechamiento del agua— a uno de "reserva" que ordena y regula qué usos se le puede dar (doméstico, urbano, agrícola, industrial) incluyendo no utilizarla al crearse reservas de conservación ecológica. Si bien los decretos eran perfectibles, en el sentido de que podrían haber detallado condiciones específicas para los usos del agua, y reducir su explotación sin control, se calificaron como "privatizadores" y que otorgarían aguas nacionales a "empresas extranjeras mineras y petroleras". La argumentación de las autoridades y del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), que fungió como asesor de Semarnat, fue insuficiente, débil y tarde; esto es, la característica de la comunicación social de esta administración. Otra vez, una oportunidad mal instrumentada que permitiría avanzar en el ordenamiento del agua en el país.
Tercero, para rematar el tema, Conagua y el sistema de aguas del Valle de México anuncian un megarecorte sin precedente en el suministro de agua a la zona metropolitana durante cuatro días (seis u ocho, ya no se sabe), aprovechando el puente vacacional del día de muertos, debido a reparaciones y aumento de capacidad del sistema Cutzamala que, según diversas autoridades, ya era impostergable y "se debió realizar hace varios años". No se duda de esas afirmaciones, pero ¿se tenía que llegar a ello si se hubiera realizado una planeación adecuada, una buena ejecución de obras complementarias o alternas y destinado los recursos para hacerlas? Todo mundo resignado ante la fatalidad.
En el ámbito de las aguas agrícolas, que involucran a casi 80 por ciento del total disponible y están en un proceso de degradación creciente, tanto las superficiales por contaminación como las subterráneas por sobreexplotación, nadie quiere hablar del tema, ya que es políticamente sensible al vincularse con el tema de cobro-pago del agua, entre otros aspectos. En ese sentido, recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un análisis de reformas recientes en las políticas del agua en la agricultura (Reforming Water Policies in Agriculture: Lessons from Past Reforms. OECD Papers No.113, en www.oecd.org); aunque como ahí se señala sus resultados no son generalizables ya que se trata de reformas específicas en ocho países, las medidas, los retos que enfrentaron y algunas de las soluciones pueden ser ilustrativas para México, incluyendo los instrumentos utilizados para compensar a los agricultores ante una estrategia de racionalización física y financiera en el uso del agua. Lo que ya no se debe hacer es soslayar el problema como si no existiera y esperar que haya crisis de abasto de agua en el campo.
Lamentablemente, parece poco probable que la nueva administración atienda esas problemáticas; en el mejor de los casos, las someterá a "consulta".