Esta semana, como parte de sus anuncios de lo que serían las primeras acciones de su administración o previas a su inicio, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los proyectos prioritarios en materia de infraestructura. Sin que se trate de un programa exhaustivo —por ejemplo, no mencionó proyectos en materia de agua, vivienda, salud o educación y, menos aún, en energía— apuntó que las prioridades se centrarán en: el nuevo aeropuerto (NAIM), el corredor del Istmo de Tehuantepec, el tren de la Riviera Maya, la construcción de caminos rurales, la ampliación de la cobertura de internet, la reconstrucción por los daños de los sismos y el apoyo a colonias marginadas en la frontera, en centros turísticos y en la zona conurbada de la Ciudad de México. Según AMLO, esos siete proyectos tendrán un costo de 500 mil millones de pesos, lo que parece ya una 'cifra mágica' dado que será el ahorro por abatir la corrupción; corresponde al costo de los nuevos programas sociales; será el resultado del plan de austeridad; y, ahora, será la inversión inicial en infraestructura o una combinación de todas las anteriores. En todo caso, conoceremos cómo cuadran los números en la propuesta de presupuesto para 2019.
Del NAIM, el presidente electo planteó que su dictamen técnico estaría listo el 15 de agosto; se realizaría un debate de dos meses; y una consulta pública a fines de octubre para tomar la decisión final bajo tres opciones: continuar el proyecto en sus términos actuales (financiamiento público-privado), concesionarlo para que el sector privado lo termine, o suspenderlo y construir otro en Santa Lucía. La realidad es que del nuevo aeropuerto se ha hablado mucho pero se sabe poco en términos técnicos y económicos, lo que no es atribuible a la falta de información, que la hay, sino a la complejidad de una obra de esa magnitud.
De ahí que surjan dudas sobre ¿cómo harán digerible para la ciudadanía un 'dictamen técnico' de especialistas? ¿Debate de dos meses sobre qué temas, entre quiénes y bajo qué formato (vía foros, mesas, redes sociales)? ¿Cómo se procesarán los resultados?, y por último, ¿quién y cómo se hará una consulta pública legal? ¿A población abierta, a usuarios? Mientras tanto, ya se anunció la postergación de diversas obras con costos para todos. El problema no sólo es el NAIM, sino si todos los grandes proyectos de infraestructura seguirán ese esquema.
El proyecto del corredor transístmico data de décadas. Su problema no es sólo la falta de inversión en infraestructura ferroviaria y carretera, que sin duda se requiere en grandes cantidades, sino su viabilidad económica, financiera y comercial, más aún si se busca atraer inversión privada. Para esa viabilidad es indispensable interconectarlo física y operativamente con las redes carretera y ferroviaria del resto del país, lo que implica cambios de fondo en la regulación para permitir derechos de paso y arrastre intercompañías. Además, se requiere reparar gran parte de la infraestructura que se ha deteriorado por fenómenos naturales y falta de inversiones en mantenimiento y, asunto no menor, liberar gran parte de los derechos de vía invadidos.
Del tren ecoturístico de la Riviera Maya (Cancún-Palenque con ramales a Tulúm y Calakmul), sería deseable que el nuevo equipo revisara los motivos de la cancelación del proyecto Mérida-Cancún: no rentable bajo ningún esquema y con serios impactos ambientales en la zona y altos costos de mitigación.
En caminos rurales —un concepto siempre presente en el Presupuesto de Egresos pero del que se desconoce su alcance e impactos— el reto no es la construcción de 300 caminos más, sino su mantenimiento, sobre todo en zonas montañosas y con elevadas contingencias climatológicas como el sur-sureste. En cuanto a internet, la reconstrucción por los sismos y el apoyo a colonias marginadas, habrá que conocer los detalles. Promesas siempre hay, lo que faltan son las realidades.