Opinión

Inflación 2018, ¿con qué instrumentos?

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Desde el 8 de enero pasado cuando el Inegi dio a conocer la tasa de inflación para el cierre de 2017 (6.77 por ciento diciembre-diciembre) la noticia ocupó buena parte de las primeras planas de los periódicos, de los noticiarios de radio y televisión, así como de los materiales de columnistas y analistas, tanto de las causas de ese incremento de los precios (el 'gasolinazo' de enero de ese año, la depreciación del tipo de cambio y el aumento de precios de otros combustibles y de algunos bienes agropecuarios) como de sus perspectivas para 2018; en particular, el descenso anticipado en enero por el efecto aritmético (ya que en el primer mes de 2017 el aumento fue 'atípicamente' elevado), que probablemente se extienda durante el primer trimestre.

Asimismo, se apuntaron los riesgos del entorno económico externo e interno que podrían traducirse en presiones inflacionarias en este año. Entre los primeros, como acertadamente señaló el Banco de México, están la normalización de la política monetaria en varias economías avanzadas (aumento de las tasas de interés internacionales), la reforma fiscal de Estados Unidos, el mayor proteccionismo de ese país, la sobrevaluación de activos financieros (elevado crecimiento de las bolsas de valores), la contracción del financiamiento externo a países emergentes y las tensiones geopolíticas en varias partes del mundo. De los internos destacan: las negociaciones del TLCAN, las elecciones a mediados de año (campañas y encuestas incluidas) y las reacciones que pudieran tener las autoridades financieras ante el alza de tasas de interés y la reforma fiscal de Estados Unidos. Todos esos factores podrían generar presiones en los precios por la vía de una depreciación del tipo de cambio y su transmisión al componente subyacente de la inflación; del aumento en los precios de la energía (como reportó EL FINANCIERO, el petróleo mexicano superó 60 dólares por barril); la evolución de los salarios contractuales; las tarifas de telecomunicaciones; y de los precios de bienes agropecuarios.

Más allá de la aritmética inflacionaria y de los buenos deseos de autoridades, financieros y analistas, la realidad es que prácticamente no hay instrumentos de política pública para reducir de manera significativa el incremento de los precios, sobre todo porque es una 'inflación de costos' y no por presiones de demanda. La efectividad de los aumentos en la tasa de interés interna de referencia son limitados, como quedó de manifiesto durante el año pasado. Las subastas de dólares que realiza Banxico para 'darle liquidez' al mercado han sido inefectivas frente a la volatilidad del tipo de cambio, incluyendo sus intervenciones no anticipadas. El ajuste adicional en finanzas públicas —que también incidiría en la demanda agregada no en la oferta— no tiene espacios: no habrá utilidades de Banxico para reducir el déficit como en 2016 y 2017; la reforma fiscal de Estados Unidos ejercerá presiones para reducir la recaudación (baja de impuestos o aumento de deducciones), como han solicitado organismos del sector privado; el aumento de los precios internacionales de los combustibles implicará ajustar los internos o disminuir el impuesto especial; y el gasto público corriente difícilmente se reducirá en año electoral (en los últimos cuatro sexenios se incrementó) y el de inversión ya está por los suelos.

Los únicos expedientes que les quedan a las autoridades de la Secretaría de Economía, Procuraduría del Consumidor (que ahora tiene más 'dientes') y Comisión de Competencia podrían ser la 'cacería de brujas' ante incrementos de algunos productos como los de la canasta básica, que inició el año con la tortilla y el huevo, y que se intensificaría durante 2018; y la apertura unilateral de importaciones provenientes de países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio o está bajo el régimen de cuotas de importación (Sudamérica y Europa).

Muy pocos márgenes frente a un gran reto para cerrar el sexenio.

* Socio fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados.

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