En la misma semana se generó información sobre la situación actual y perspectivas del sector energético, que apuntan hacia su profundo y sistemático deterioro. Por una parte, los resultados operativos y financieros de las dos empresas productivas del Estado al primer semestre de 2018. Por otro, la "estrategia" en la materia del nuevo gobierno y la presentación de los responsables de instrumentarla. Pésimas noticias en todos los ámbitos.
En enero-junio de 2018 tanto Pemex como CFE registraron pérdidas financieras: casi 50 mil millones de pesos la primera y 40 mil millones de pesos la segunda. Además de los factores financieros que explican ese resultado (pérdidas cambiarias y mayor costo de la deuda), en el caso de la petrolera su desempeño productivo y operativo sigue en caída libre, con una menor producción de crudo (-6.6 por ciento a tasa anual) y de productos derivados (-16 por ciento en gasolinas y -29 por ciento en otros petrolíferos); niveles sin precedente de importaciones para satisfacer el consumo nacional (74 por ciento en gasolinas y diésel); inversiones que no han generado rentabilidad ni mayor capacidad de producción (las refinerías operan a 30 por ciento de su capacidad de diseño, incluyendo la recién modernizada en Minatitlán). A todo ello, se le suma la persistencia de una elevadísima carga fiscal (los impuestos aumentaron 10 por ciento en el periodo) y los gastos de administración aumentaron 9.4 por ciento. En CFE la cosas no están mejor, producto de una estructura tarifaria disfuncional, subsidios al alza (sólo el de bombeo agrícola alcanza ya 45 mil millones de pesos al año), un mercado eléctrico en proceso de creación y, también, gastos administrativos crecientes. En resumen, políticas y administración deficientes en ambas empresas.
En ese marco, el virtual presidente electo anunció su "política energética", que queda limitada a canalizar recursos adicionales (¿a qué? ¿a la inversión de 2018?¿a la de los últimos años?) al sector por 175 mil millones de pesos en 2019 y poco más de 300 mil millones de pesos en los próximos tres años para: i) aumentar la producción, sin especificar si será en exploración —en la que las empresas privadas han invertido 37 mil millones de pesos en los dos últimos años como resultado de la reforma— o en extracción donde cada vez es más caro y complejo extraer petróleo (el fracaso de Chicontepec es prueba clara de lo anterior para Pemex), con lo que parece que sigue la idea de que para producir más sólo hay que hacer hoyos y poner popotes; ii) reconfigurar las refinerías existentes, objetivo loable que viene desde hace tres sexenios y a lo que se le ha invertido casi 160 mil millones de pesos en esta Administración, sin resultados palpables por ineficiencias del sistema, incapacidad de ejecución en los proyectos de inversión y exceso de personal; iii) construir la nueva refinería en Tabasco, en tiempo y costos irreales según parámetros internacionales; y iv) rehabilitar las plantas hidroeléctricas, cuando no sólo es un tema de rehabilitación sino de aumentar la capacidad en todo el sistema (generación, transmisión y distribución) y abatir los costos de proveer el servicio. Limitando la participación privada no se va a conseguir y, la cereza de pastel en electricidad, condonar adeudos por 43 mil millones de pesos para fomentar la cultura del no pago.
De los funcionarios designados se ha dicho todo, por propios y extraños al equipo de AMLO. Lo que es una realidad es que los mercados energéticos hoy son mucho más complejos en su operación y administración, y más transparentes en su gestión y resultados que en el pasado. Antes, la inexperiencia o decisiones equivocadas de administradores se cubrían o pasaban desapercibidas a corto plazo; ese ya no es el caso hoy. Malas decisiones tienen costos elevados.
Las perspectivas del sector no son buenas: reforma trunca; deterioro financiero de las empresas públicas; despedida a los mecanismos de mercado y la competencia; y como ha ocurrido en el pasado, los consumidores y contribuyentes serán los paganos.