Mariano Ruiz Funes

Compromisos: ¿cómo cumplirlos?

El columnista dice que los programas anunciados parecen orientarse a intensificar los apoyos privados e individuales más que al desarrollo de bienes públicos.

Los retos que enfrenta el presidente electo no son menores, particularmente a la luz de las expectativas (¿esperanzas?) que ha generado, como lo señalan tanto diversas encuestas post-electorales como los índices de confianza del consumidor y del sector empresarial que levanta el Inegi.

De los 25 proyectos y programas prioritarios que resumió AMLO esta semana, y que ha estado anunciando desde el 1º de julio, en el ámbito agropecuario destacan el apoyo a los cultivos básicos para alcanzar la soberanía alimentaria, la rehabilitación de una empresa pública de fertilizantes y el otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra. Además, se considera la edificación de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra, sobre todo en Oaxaca, que corresponde a las atribuciones de Comunicaciones y Transportes, pero sin duda incide en el ámbito rural; la siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, que aparentemente se asignará a la Secretaría de Desarrollo Social (o del "Bienestar") y que se enfocará más a la creación de empleos temporales rurales que a objetivos productivos o ambientales; y el "establecimiento" de una canasta básica de alimentos, sin que se haya especificado qué significa ese programa.

Recientemente se han publicado diversos trabajos de autores nacionales y organizaciones internacionales que pueden ayudar a orientar los programas de la nueva administración. El más reciente, elaborado por la FAO ("México Rural del Siglo XXI. Julio de 2018), entre otros aspectos señala que: i) en el país la políticas orientadas a proveer bienes privados individuales aumentan las desigualdades regionales, ii) en los programas públicos los esfuerzos se duplican, las decisiones son contradictorias y los recursos se pulverizan (de cada diez pesos invertidos, seis son para desarrollo social y sólo dos para apoyos productivos); iii) existen 54 preceptos legales que regulan la vida rural; iv) la tenencia de la tierra se caracteriza por baja productividad y fragmentación de los campos; y v) existe escasa incorporación de tecnologías e innovaciones, obsolescencia de la maquinaria, una desvinculación entre la investigación y los requerimientos de los productores, decreciente disponibilidad del agua y uso ineficiente de recursos.

La reciente Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 del Inegi dimensiona algunos de esos problemas. La tenencia de la tierra continúa con una elevada pulverización, ya que casi 40 por ciento de los terrenos tienen menos de 20 hectáreas; entre 2014 y 2017 se intensificó la aplicación de fertilizantes, insecticidas y herbicidas químicos de 60 por ciento de las unidades de producción a 65 por ciento y la labranza de conservación disminuyó de 23 por ciento de las unidades a sólo 16 por ciento; en ese periodo se redujo el uso de sembradoras de 33 por ciento a 23 por ciento de las unidades y la antigüedad de los tractores es cada vez mayor (los de más de 15 años aumentaron de 40.5 por ciento del total a 44.3 por ciento); si bien se avanzó en la tecnificación de riego que ahorra agua, prácticamente no se incorporó nueva superficie, con lo que casi 80 por ciento continúa siendo de temporal; más de la mitad de las cosechas se venden a intermediarios; en 2017 sólo 9.9 por ciento de las unidades utilizó créditos; y cuatro de cada diez productores tienen más de 60 años, lo que dificulta la adopción de nuevas tecnologías.

En ese contexto, los programas anunciados parecen orientarse a intensificar los apoyos privados e individuales más que al desarrollo de bienes públicos (con excepción de los caminos rurales) como serían los precios de garantía a cultivos básicos —que, como se ha especulado, ojalá se acoten a ciertas regiones y productos— o los créditos a la palabra. La nueva administración tiene la oportunidad y las condiciones para realizar una verdadera reforma al campo no sólo en el destino de los recursos públicos sino en todo el entorno regulatorio e institucional. A diferencia de otros sectores, el equipo designado hasta ahora tiene las cualidades y la experiencia para hacerla.

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