Adiós al aeropuerto por muchos años más
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Adiós al aeropuerto por muchos años más

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Adiós al aeropuerto por muchos años más

01/11/2018

Por sus implicaciones, es inevitable tocar el tema de la decisión en torno al aeropuerto, tanto las económicas (costos de corto y mediano plazo, en la infraestructura y en la actividad económica) como las políticas (estrategia y herramientas de gobierno). Lo que parece un hecho es que la CDMX, y buena parte del centro del país, se quedará sin aumentar su capacidad aeroportuaria, y sin nuevo aeropuerto, por al menos una década.

De los costos directos ya se ha calculado casi todo (al menos $120 mil millones de pesos entre inversión realizada y enterrada, y compromisos pendientes sin considerar costos adicionales por demandas contractuales), a lo que en su caso habría que sumar el desmantelamiento de las obras actuales y la rehabilitación del terreno para cualquier propósito, lo que previsiblemente no ocurrirá, más lo que se destine presupuestalmente a estudios, proyectos e inicio de la obra en Santa Lucía, si es que algún día empieza. A ello se agregarán los costos “indirectos” derivados del impacto de la depreciación cambiaria y el consecuente incremento de las tasas de interés generados por la desconfianza y la incertidumbre. Para el gobierno, vía el costo de la deuda pública, ello podría implicar un gasto adicional hasta por $400 mil millones de pesos en los próximos seis años ($73 mil millones por año), según cálculos de Mauricio González en su artículo del periódico Reforma de ayer; una presión adicional a las finanzas públicas, no incorporada en el pre-presupuesto para 2019. También se alterará el marco macroeconómico para 2018-2019: mayor inflación, tasas de interés y tipo de cambio más elevados y menor crecimiento económico.

Desde la óptica de la infraestructura, México se quedará no sólo sin “hub” aeroportuario, sino sin ampliación de la rebasada capacidad actual, aún si se considera la ocurrencia de último minuto de Jiménez Espriú de incorporar Toluca al “sistema”. Más allá de los aspectos técnicos de ese aeropuerto señalados por especialistas (elevación que no permite que las aeronaves operen con “peso comercial” y carga de combustible adecuada, inviabilidad económica para las líneas aéreas comerciales, mal tiempo en las mañanas casi todo el año, etc.), el hecho evidente es que Toluca no fue atractivo para las aerolíneas que ahí operaban, lo que quedó probado. Ni qué decir de la conectividad entre aeropuertos; los 10 kilómetros del segundo piso del Periférico en el Distrito Federal tardaron tres años en construirse, de 2002 a 2005. Construir vialidades (aparentemente “segundos pisos” a la Rioboó) de entre 45 y 60 kilómetros para conectar los aeropuertos parece una ilusión. La opción será hacer entre 2:30 y 3:00 horas en horas pico y cerca de 1:30 hrs en no pico para las interconexiones. ¡Vaya conectividad!. Así, la evidencia hasta hoy indica que Santa Lucía sería un aeropuerto alterno, pero de Pachuca.

A reserva de lo que resulte de los estudios técnicos y de factibilidad que se realicen para Santa Lucía –dicen que ahora sí serán serios— no sería remoto que el país quedara con dos elefantes blancos, el 30% de la obra en Texcoco y lo que se hiciera en Santa Lucía, cortesía de AMLO y su consulta, que pagarán los que votaron y los que no votaron por él, así como los que usan el aeropuerto y los que no. Y todos más endeudados y con infraestructura deficiente.

Desde el punto de vista político, el nuevo proceso “democrático” es preocupante por sus implicaciones a mediano plazo; no hay mucho que agregar a los análisis realizados por GEA, el banco suizo UBS o los representantes empresariales, entre otros: el balance de poder en el equipo entrante y el daño a su credibilidad; el uso (o mal uso) de las “consultas” como proceso de “legitimación” de las decisiones de gobierno; y el aumento de la confrontación y la polarización en el futuro.

Así, acabaremos sin aeropuerto en la CDMX, más endeudados pero, eso sí, con una redefinición de los “mecanismos de la democracia”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.