Opinión

Marasmo legislativo

   
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Comité de Participación Ciudadana SNA

Otra de las asignaturas pendientes en el Poder Legislativo es terminar todo el entramado legal pendiente en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que para su implementación se dio un plazo de un año para que las entidades federativas adecuen sus leyes al nuevo sistema, estableciéndose además que en materia de sanciones se pasaría de una política de castigo a una política de prevención, por lo que contaría con mecanismos de autoevaluación para ir perfeccionado el sistema.

El 18 de julio vence el plazo de ley para que con toda plenitud empiece a trabajar el SNA, y aunque se han dado pasos importantes para la total implementación de acciones contra la corrupción, son los legisladores quienes han faltado a su compromiso de echar a andar en tiempo y forma el andamiaje legal en la materia, porque no han cumplido con nombrar fiscal y magistrados especializados en la materia, en tanto que los Congresos locales procesan con suma lentitud las reformas constitucionales requeridas para el caso.

A un año de la promulgación del SNA, seguimos padeciendo el marasmo legislativo derivado de los temas políticos que están en el tintero, y a medida que se acerca la elección presidencial, y que se termina la gestión de la LXIII Legislatura, los pendientes legislativos más relevantes se quedan en la congeladora.

Sólo habrá discursos y declaraciones, pero nada de acuerdos que den luz a nuevas normas. 'Leyes y castigos más duros' es la frase que con frecuencia escuchamos en el Legislativo entre quienes buscan encontrar fórmulas y mecanismos que combatan con mayor eficacia el fenómeno de la corrupción; sin embargo, cuando existe la oportunidad para dar pasos importantes en materia anticorrupción, diputados y senadores dan la impresión de que lo menos que quieren es erradicar el problema.

Hace ya un año de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes que conforman el nuevo SNA, con las que se pretende erradicar los abusos de aquellos servidores públicos que no cumplan con la ley, acción que de alguna manera responde al sentir ciudadano de establecer una cruzada nacional contra el fenómeno de la corrupción, porque si un problema preocupa a los mexicanos es éste y sólo por debajo de la inseguridad.

De entonces a la fecha las noticias en la materia no han sido nada halagadoras: acusaciones contra exgobernadores y servidores públicos por malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y fraude están a la orden del día, y a esa lista de irregularidades se han sumado los conocidos 'moches y sobornos' que esta semana dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), el Inegi revela que el costo de corrupción se estima a nivel nacional en mil 600 millones de pesos, causada entre las autoridades y las unidades económicas, por la realización de trámites o solicitudes de servicios durante 2016.

Es deseo de todos que en este periodo ordinario de sesiones que se avecina desde el 1 de septiembre, los legisladores pongan como prioridad los intereses del país y dejen de lado los intereses partidistas o personales, de otra manera se considerará una traición a los ciudadanos que confiaron y votaron por ellos.

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