La incertidumbre electoral
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La incertidumbre electoral

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La incertidumbre electoral

14/03/2018
Actualización 14/03/2018 - 13:56

En los círculos financieros recientemente ha crecido la preocupación sobre un posible cambio adverso de política económica derivado de la próxima elección presidencial. Sin minimizar los riesgos, es razonable esperar que cualquier administración enfrentará límites.

Las elecciones son el medio por el que las sociedades democráticas seleccionan a sus representantes para ejercer el poder político. La base del proceso es la competencia entre contendientes que presentan sus plataformas para atraer el mayor número de votos, criterio con el cual se define la victoria.

Como en todo concurso, el resultado final se desconoce previamente. Sin embargo, la incertidumbre se magnifica con las fragilidades que caracterizan los comicios en cualquier parte del mundo.

En primer lugar, el ciudadano podría no tener motivos para votar si advierte que, en electorados amplios, la probabilidad de que su voto defina el desenlace es muy reducida. Las elecciones con un margen de éxito de un voto han sido una rareza histórica.

De ahí que la participación ciudadana dependa, más bien, de otros objetivos como la satisfacción de cumplir con un deber cívico y el consiguiente reconocimiento social. Empero, el grado de abstencionismo es incierto.

En segundo lugar, aun si decide participar, el ciudadano tiene pocos incentivos para hacerse de información que le permita fundamentar su preferencia. En las urnas, cada persona tiene un voto, independientemente del grado de indagatoria y razonamiento que realice. Además, las minorías carecen de representación en el resultado.

Lo anterior hace poco redituable investigar. Ello conduce a que el votante medio termine guiándose por criterios superficiales, como la simpatía, la elocuencia o la aparente sinceridad de los candidatos. Tal ligereza explica, a su vez, por qué con frecuencia los contendientes compiten mediante promesas de beneficios monetarios, independientemente de su viabilidad financiera.

En tercer lugar, incluso si examina las propuestas, es posible que el elector opte por secundar alguna plataforma económicamente inadecuada si percibe que el costo personal de hacerlo es nulo.

Esa actitud podría reflejar la convicción de que, como el voto individual pocas veces es definitorio, abrazar ideas equivocadas no tiene consecuencias. No obstante, la generalización de esa actitud podría conducir a la irresponsabilidad colectiva.

Otra fuente de potencial soporte a propuestas improcedentes sería la falta de coincidencia entre los electores y los contribuyentes. Cuando la base del segundo colectivo es baja, como en México, es probable que prosperen plataformas cuya carga recaiga en esa minoría.

De esta manera, las ofertas electorales pueden fácilmente contener medidas hostiles al crecimiento económico, incluyendo aquellas que impliquen inseguridad jurídica, favoritismos, distorsiones, así como obstáculos al comercio y la inversión.

A pesar de su relevancia, las elecciones no determinan, de forma definitiva, la marcha de la política económica. Por lo menos, tres factores pueden limitar la ejecución de acciones inconvenientes por parte de cualquier candidato triunfador.

El primero es que, en las democracias, el poder no se concentra en una sola persona, sino que se distribuye entre diferentes órganos, los cuales constituyen un sistema de pesos y contrapesos. En consecuencia, diversos grupos pueden cabildear ante el Poder Legislativo para modificar propuestas que dañen sus intereses. Además, el Poder Judicial tiene la facultad de rechazar disposiciones que contravengan las leyes.

El segundo elemento consiste en que, aun cuando los votantes puedan endosar planes improcedentes, el rechazo público de los resultados negativos motivaría al gobierno a evitar o acotar su implementación. Ello contribuye a explicar la amplia brecha que suele existir entre las promesas de campaña y la actuación de los representantes electos.

El tercer factor, relacionado con el anterior, se refiere a que, en una economía abierta como la mexicana, la reacción severa de los mercados internacionales ante medidas de política económica perjudiciales tiene un elevado costo reputacional, lo que introduce un elemento adicional de disciplina a los gobernantes.

En suma, los riesgos de un viraje extremo adverso de política económica en la próxima administración en México parecen acotados. Sin embargo, ello no significa que puedan descartarse retrocesos considerables.

Además, prevalece, como principal peligro la posible complacencia de posponer los cambios necesarios para propiciar un incremento sustancial en el crecimiento sostenido de la economía.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.