En años recientes, se han multiplicado las voces que abogan por incrementar significativamente el Salario Mínimo (SM) como medida para reducir la pobreza y la desigualdad. Incluso, el presidente electo ha manifestado su intención de promover una iniciativa legal para asegurar la recuperación real de este indicador.
La preocupación de los proponentes de un mayor SM parece derivar de, por lo menos, dos razonamientos. El primero es jurídico y consiste en que, dado su bajo nivel, este pago difícilmente satisface las necesidades que debe atender según la Constitución. El segundo es moral y se refiere al afán de mostrar solidaridad con los que menos tienen.
Sin subestimar la legitimidad de estas motivaciones, conviene analizar las posibilidades de que los incrementos al SM alcancen los objetivos deseados. En términos generales, no puede descartarse que, al menos después de ciertos niveles, las mayores remuneraciones obligatorias resulten contraproducentes.
Al respecto, dos confusiones han tendido a magnificar la gravedad de la situación actual. Una tiene que ver con la impresión ampliamente compartida de que la caída y el posterior estancamiento, en términos reales, registrados por el SM durante los últimos cuarenta años en México es sinónimo de retroceso social.
El descenso del poder adquisitivo del SM obedeció, en gran medida, a la visión gubernamental que buscaba controlar la inflación mediante la contención de costos. Tal enfoque, que a la luz de la elevada inflación de muchos años no probó ser efectivo, ganó importancia a medida que el SM se convirtió en la principal referencia para la indexación de muchas obligaciones.
No obstante, el menoscabo del SM ha coincidido con un incremento, aunque discontinuo, del PIB por habitante, así como con una mejoría de los niveles de vida de toda la población, incluyendo la más pobre. Lo que parece haber ocurrido durante este tiempo es que el SM fue perdiendo relevancia, por lo menos en el mercado laboral formal, al aplicarse a una fracción decreciente de trabajadores.
El segundo enredo es más frecuente y se refiere a las comparaciones internacionales. En particular, se señala que el SM de México es de los más bajos dentro de ciertos grupos de países, por ejemplo, América Latina, para concluir que nuestro país tiene una desventaja en términos de bienestar.
Sin embargo, esa relación entre países no necesariamente se confirma. Por ejemplo, con base en cifras ajustadas por paridad de poder de compra, en 2017 el SM de Guatemala y el de Honduras fueron, respectivamente, casi el triple y el doble del de México. Al mismo tiempo, el PIB por habitante de ambos países se ubicó en aproximadamente un tercio del de nuestro país y sus tasas de indigencia son muy superiores.
En México, como en cualquier otro país, los incrementos en el SM no son la herramienta idónea para combatir la pobreza y la desigualdad. La principal razón es que tales aumentos pueden disminuir el empleo, afectando a aquellas personas a las que se busca proteger. Ello ocurre a través de dos vías.
Por una parte, el mayor SM aumenta el costo relativo de la mano de obra no calificada, que incluye pobres, pero también jóvenes sin experiencia, por lo que las empresas tienden a sustituirla con trabajo calificado o, incluso, máquinas. Por otra, las empresas buscan responder a los mayores costos mediante aumentos de precios, lo que puede disminuir la demanda de sus productos y, con ello, la de empleo.
Lo anterior pone de manifiesto la tensión que puede surgir entre las ganancias salariales de aquellos que mantienen su trabajo, los cuales no necesariamente son los más pobres, y los costos de los que lo pierden o no consiguen empleo a consecuencia de las mayores remuneraciones obligatorias. Tal conflicto tiende a aumentar la desigualdad en el ingreso de los trabajadores con baja calificación.
En nuestro país, dado el bajo nivel del SM y su escasa vinculación formal, es posible que los costos de incrementar moderadamente este indicador no resulten inicialmente evidentes. Ello no significa que no existan. De hecho, aun los proponentes de la recuperación del SM parecen aceptar que después de cierto nivel de SM, dichos costos podrían ser muy onerosos y dañar la economía. De lo contrario, si sólo hubiera beneficios, la propuesta debería ser aumentar la retribución mínima sin límites.
Una manera más eficiente de atenuar la pobreza y la desigualdad social es mediante transferencias directas a la población de bajos recursos. Este método tiene la ventaja de no interferir en el mercado laboral y, por tanto, no generar potencialmente desempleo.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).