¿El fin de las reformas estructurales?
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¿El fin de las reformas estructurales?

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¿El fin de las reformas estructurales?

05/12/2018
Actualización 05/12/2018 - 11:05

Durante los años recientes, el gobierno de México promovió varias reformas estructurales cuyos beneficios apenas empiezan a manifestarse. Para cosechar mayores frutos, el país requiere mantenerse en el camino de la modernización económica.

Las reformas estructurales son medidas que buscan transformar el marco institucional y regulatorio en el que opera la economía, con el fin de remover los obstáculos a la eficiencia y acrecentar las posibilidades de crecimiento.

En México, el espectro de los cambios ha sido amplio al abarcar muchos sectores. Si bien el mérito de las acciones en cada ámbito es diverso, su objetivo común fue impulsar la productividad y, de esta manera, la expansión sostenida de la economía.

Tal meta se justifica teniendo en cuenta que el principal factor que explica el bajo dinamismo del ingreso por habitante observado por largo tiempo en nuestro país ha sido el estancamiento de la productividad. Las áreas de cambio reflejan la identificación de trabas, como la excesiva regulación, la insuficiente competencia y las prohibiciones para invertir.

Por su potencial impacto, destacan cinco reformas. La primera buscó flexibilizar la operación del mercado laboral, permitiendo la contratación temporal, reduciendo la compensación máxima en los juicios laborales y eliminando el requisito de pertenencia a un sindicato para trabajar en una empresa, entre otras disposiciones.

La segunda persiguió el mayor y mejor acceso a los servicios financieros y, en particular, al financiamiento, mediante la protección de los derechos de los acreedores, eliminando lagunas legales y agilizando el proceso judicial para la recuperación de garantías, con tribunales especializados cuya implementación está pendiente. También se promovió la competencia a través de facilitar la sustitución de créditos entre bancos y prohibir las ventas atadas.

La tercera empujó la competencia en el sector de las telecomunicaciones, tradicionalmente atendido por empresas con gran poder de mercado. Se autorizó a los concesionarios proveer servicios múltiples, con restricciones para los “preponderantes”, y aumentó la apertura a la inversión extranjera.

La cuarta es la más significativa puesto que abrió a los participantes privados las distintas facetas del sector energético, cuya explotación fue, por mucho tiempo, prerrogativa exclusiva del Estado. Se permitieron los contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, los permisos para procesamiento de gas, refinación de crudo, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de petrolíferos, así como la participación en la generación y venta de electricidad.

Y la quinta complementó a las anteriores a través del aumento de las capacidades de vigilancia y sanción de la autoridad encargada de la competencia.

Por su parte, la reforma educativa buscó dar un primer paso hacia la mejora en la enseñanza, mediante el otorgamiento de plazas magisteriales con base en concursos abiertos y la promoción atada a la evaluación del desempeño.

No es clara la aportación de la reforma hacendaria a la productividad, al haberse fincado en incrementos a las tasas marginales del ISR a las personas físicas, la eliminación de la consolidación fiscal de las empresas y el aumento de otros gravámenes.

Hasta ahora, las reformas no han generado los beneficios que invocaron originalmente sus promotores. Por ejemplo, a finales de 2013, el Gobierno estimaba que durante 2015-2018, la contribución de los cambios al crecimiento sería ascendente, con un promedio anual de 1.4 puntos porcentuales por arriba del escenario “inercial”, cuyo dinamismo medio era 3.6 por ciento. En contraste, el PIB se ha expandido en promedio 2.3 por ciento, ritmo igual al de los veinte años previos.

Estas y otras sobrestimaciones reflejaron probablemente la necesidad de promover políticamente las iniciativas. Empero, la exageración podría haber dañado su reputación.

Cabe señalar que, en cualquier economía, el impacto de los cambios toma tiempo en manifestarse y suele hacerlo primero en los sectores afectados, con repercusiones más amplias posteriormente. Dos aparentes beneficios iniciales de las reformas en México han sido la profundización de la tendencia a la baja en el precio de las telecomunicaciones, así como el aumento del empleo formal.

Para alcanzar mayores niveles de bienestar, México debe continuar avanzando en las reformas estructurales. Ello implica perfeccionar los avances, así como complementar su alcance abocándose a las grandes tareas pendientes, como el fortalecimiento del Estado de derecho y el combate a la inseguridad.

Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.