El primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República realizado la semana pasada versó sobre las preocupaciones de la ciudadanía que merecen la más urgente atención gubernamental.
Los temas asignados fueron el combate a la corrupción y la impunidad; la seguridad pública y la violencia; y la democracia, el pluralismo y los grupos en situación de vulnerabilidad.
El INE ha manifestado que la distribución de tópicos para este y los siguientes dos encuentros en la contienda electoral, los cuales se llevarán a cabo en distintas ciudades, busca reflejar las prioridades regionales reveladas en un sondeo especial para tal propósito.
Los tres capítulos del primer debate resultan esenciales porque tocan los fundamentos de cualquier sociedad democrática, al referirse a las reglas del juego para el ejercicio del poder y la convivencia. Además, esos temas incluyen los problemas que parecen aquejar más a los mexicanos, según se desprende de varias encuestas de opinión: la inseguridad y la corrupción.
El deterioro de los indicadores correspondientes, así como la proximidad de la elección presidencial, hacen especialmente relevantes esos asuntos.
Específicamente, en años recientes hay evidencia de que la delincuencia en México se ha incrementado y su alcance geográfico se ha amplificado. La evaluación de la inseguridad en el país enfrenta dificultades, en gran medida porque la mayoría de los delitos no se denuncia, lo cual refleja, principalmente, la desconfianza del público en la administración de justicia.
Con esa salvedad, una de las estadísticas más confiables en la materia es el índice de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Después de dos años consecutivos de aumento, en 2017 este indicador alcanzó al mayor nivel de las dos décadas recientes, periodo para el que se tiene registro. Además, el número de entidades federativas con más de mil víctimas creció a más del triple en los últimos tres años.
Por otra parte, varios escándalos notorios de aparente enriquecimiento ilícito e insuficiente persecución han acentuado la prolongada tendencia al alza en la percepción de corrupción y de impunidad en México que han reportado diversas agencias internacionales.
Como era de esperarse, el propósito de los contendientes en el primer debate fue ganar o mantener simpatizantes, procurando generar la mejor impresión posible frente al público. La estrategia preferida fue responder de forma impactante las preguntas de los moderadores. Si su capacidad les permitía, recurrían a gestos empáticos y buscaban desacreditar al adversario utilizando, con frecuencia, ayudas visuales.
Lo anterior y las limitaciones de tiempo hicieron que la discusión no fuera el medio idóneo para el examen serio de las posibles soluciones a los problemas.
De hecho, a veces los candidatos reconocieron la carencia de propuestas, prometiendo que posteriormente las obtendrían de sus seguidores o de los expertos. En otras ocasiones, los ofrecimientos fueron vagos y se confundieron con arengas a favor de metas convertidas en clichés.
En la mayor parte de los casos, los contendientes parecieron preocupados por los síntomas más que por las causas de las dificultades y, cuando atendieron lo segundo, su diagnóstico resultó, a menudo, endeble. No fue sorpresa que los polemistas enarbolaran iniciativas cuya viabilidad legal o financiera resulta discutible.
En general, el debate careció de ideas nuevas y de sustancia. Así, fue común escuchar la defensa de medidas sólo marginalmente diferentes a las del pasado, incluso para aspectos en los que el enfoque en curso se rechazaba como equivocado.
Los remedios ofrecidos por el actual líder en las preferencias electorales resultaron motivo especial de controversia. En materia de corrupción, la solución estribaría en el buen ejemplo de la autoridad. Para la inseguridad, se contempla la amnistía de los grupos delictivos, aunada a un crecimiento económico sustancialmente superior al del pasado.
Y para la rendición de cuentas, se ofrece la posibilidad de revocación de mandato con base en una consulta popular.
Aun cuando es probable que los debates alteren sólo marginalmente la intención de voto, es preocupante que no parezca contarse con programas que atajen convincentemente los problemas fundamentales relacionados con la ley y el orden.
Los cimientos del Estado de derecho y la democracia son cruciales no sólo para la cohesión social sino también para la economía y sus posibilidades de mayor expansión sostenida, la cual constituye la única forma de mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.