Opinión

Malas nuevas: el gobierno
se lanza contra la ONU

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ROUSSEFF

El año pasado, cuestionado sobre qué debe hacer México para combatir la tortura y los malos tratos, Rupert Knox, de Amnistía Internacional, recomendaba dos cosas que suenan, por decir lo menos, sensatas.

Se requiere, dijo en una entrevista con una televisora española (http://bit.ly/1xqfrWb), de “una voluntad política real desde la Presidencia y desde los más altos niveles del gobierno para primero reconocer que hay un patrón sistemático extendido por el país del uso de tortura y maltrato, como instrumento tanto de policías como de militares. Para combatirlo primero hay que reconocerlo. Y luego, enviar un mensaje muy claro a todas esas instancias de que cualquier persona que lo comete o que es cómplice será sancionado”.

¿Qué hizo el gobierno de México al respecto? Exactamente lo contrario. Y, por desgracia, un poco más: lejos de reconocer que la tortura y los maltratos son un problema generalizado, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la semana pasada que dejarán de trabajar en esa materia con la ONU.

La historia es tan simple como lamentable. A principios del mes, Juan Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, ratificó en Ginebra lo que ya venía diciendo desde el año pasado. En su informe sobre la materia, Méndez concluyó que “la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad”. (http://bit.ly/1E0KGnE)

De inmediato el gobierno negó que fuera cierto lo que sostenía Méndez (http://bit.ly/1a7wXUO). Y ahora ha informado, en declaraciones realizadas el viernes por José Antonio Meade, que México dejará de colaborar “por un rato” (el subsecretario Gómez Robledo dixit) con el relator.

El enfrentamiento del gobierno mexicano con el relator de la ONU coincidió con el informe anual del presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, ocurrido el miércoles.

Con un tono que le habríamos reprochado por su tibieza al anterior ombudsman (supongo que con éste sigue la luna de miel), González Pérez dijo que “nuestro país ha mostrado su firme compromiso con los derechos fundamentales al abrirse al escrutinio internacional”. Insisto, así se expresó a pesar de que dos semanas antes Méndez había sido duramente desmentido por Meade.

A lo más que se atrevió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el presidente Peña Nieto fue a decir que “los informes más recientes de desapariciones forzadas y tortura deben motivar la implementación de medidas propuestas, más allá de los diferendos que en cifras o percepciones se pudieran tener, los cuales son susceptibles de aclaración”.

González Pérez no se atrevió a mencionar ante EPN lo que en su informe, entregado por escrito, dice en esta materia: “La tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes continúan latentes en muchos de los lugares de detención del país, acompañados de un alto índice de impunidad al respecto. Los métodos empleados para practicar la tortura se han sofisticado, a fin de no dejar huella material, o bien, eliminar cualquier evidencia que permita acreditarla y, en consecuencia, sancionarla”.

A saber por qué el ombudsman se refiere a la tortura y a los maltratos como realidades que “continúan latentes”, rara formulación verbal, pero démosla por buena. La CNDH coincide con la ONU en que esas violaciones ocurren en muchos centros de detención y en que son impunes.

Pero se equivocó el ombudsman en no defender abiertamente al relator Méndez. Ahora, si quieren, a él también podrán congelarlo y en la ONU no habrá quién lo defienda. Y a nosotros, ni él ni la ONU.

Twitter: @SalCamarena

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