Opinión

Malas noticias de la ASF

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ASF

Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2013, presentados hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son un manojo de malas noticias.

Las auditorías realizadas por la ASF detectaron recuperaciones probables por 50 mil 721 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 5 mil 804 millones, cifra que podría aumentar a 12 mil 435 millones si se alcanza el pobre 22 por ciento logrado en años anteriores. Esto evidencia el bajo impacto de la fiscalización.

La ASF atribuye esta deficiencia a que las recuperaciones son responsabilidad de las entidades ejecutoras del gasto, a través de sus órganos internos de control, que obviamente no cumplen su cometido.

El informe es un compendio de irregularidades entre las que destacan enormes deficiencias en la recaudación fiscal y en la eficiencia del gasto público y abarca, no se olvide, el primer año de la administración de Peña Nieto.

Las conclusiones presentadas por la ASF no hacen sino recordar la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción que verdaderamente funcione. Es decir, uno que no se limite a documentar el uso indebido de recursos para que después no pase nada o, peor, para que las autoridades responsables se den el lujo de justificar o desvirtuar la información en lugar de corregir los problemas.

El informe, que merece un análisis cuidadoso y detallado, pone también de manifiesto que el mecanismo de revisión de la cuenta pública con 14 meses de retraso es insuficiente y por lo tanto no resulta efectivo.

La ASF realizó mil 413 auditorías individuales. De tales auditorías se desprendieron 10 mil 861 irregularidades que incluyen malos manejos de recursos públicos, deficiencias administrativas y políticas públicas inadecuadas.

Las deficiencias fueron clasificadas en 13 temas, que la ASF llama áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público. De este modo, la Auditoría identifica los problemas más importantes, lo que puede ser útil para diseñar y aplicar programas que efectivamente representen soluciones.

De entre los muchos aspectos que aborda la ASF –de los que el actual gobierno ya no puede echar la culpa a administraciones anteriores– destacan las siguientes conclusiones:

“El servicio público tiene una imagen negativa ante la sociedad.

“Los actos y comportamientos que han generado esta percepción se dan en un contexto en el que las instituciones públicas no contemplan a la integridad como un factor decisivo para el cumplimiento de sus labores.

“Esta condición puede tener un impacto en los tres ámbitos de gobierno, y efectos sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, los resultados de programas y políticas y la manera como el ciudadano concibe al sector público y a su desempeño”.

Dicho de otro modo, y para citar al secretario Luis Videgaray en una reciente entrevista concedida a Financial Times: “Podemos hacer diez reformas energéticas, pero si no añadimos confianza, no vamos a aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”.

La enorme trascendencia del trabajo de la ASF, sin embargo, se diluye tras una llamarada mediática sin mayores consecuencias.

El difícil entorno económico de los dos primeros años de esta administración –que continuará por lo menos durante este año y el siguiente– ya obligó al gobierno a reducir el gasto público y aceptar, por fin, que se requiere una reestructuración integral del gasto para 2016, aplicando lo que se denomina presupuesto base cero y así abandonar la práctica de hacerlo sobre bases inerciales.

La falta de credibilidad y la desconfianza en el gobierno ha llegado a límites insostenibles, de tal manera que aun a su pesar va a tener que cambiar. No puede seguir empecinado en tratar de convencer a la sociedad de logros inexistentes. Los discursos propagandísticos ya sólo irritan a la gente.

Pero como se dijo en una de las publicaciones favoritas de los neoliberales: quienes conducen este gobierno no entienden que no entienden. Es hora de que entiendan. El informe de la Auditoría Superior debería ayudarles. Y la sociedad y el Congreso empujar el cambio real, porque el Ejecutivo ha dado muestras de que, por su voluntad, no habrá cambio.

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