Jennifer L. O´Donoghue
La reforma al Artículo 3º de la Constitución establece la responsabilidad del Estado de garantizar calidad en la educación obligatoria, entendida como "el máximo logro de aprendizaje". Este planteamiento representa un cambio de gran importancia: ahora se puede entender el derecho a la educación como el derecho a aprender, y la obligación del Estado va más allá de facilitar el acceso a una escuela; implica la obligación de promover el desarrollo de comunidades de aprendizaje eficaces, que cuenten con las personas, las relaciones y las condiciones materiales para la enseñanza y el aprendizaje, y todo esto dentro de un marco de apoyo institucional. El derecho a la educación de calidad nunca significa la excelencia excluyente, sino el aprendizaje incluyente. En pocas palabras, sin equidad, no hay calidad y no hay acceso efectivo al derecho.
Esta conceptualización del derecho a aprender tiene implicaciones importantes para la manera en la que se gasta en la educación. Exige un uso estratégico de los recursos económicos: el gasto educativo debe orientarse hacia el desarrollo de las escuelas, financiando la presencia y el tiempo de las personas, además de preocuparse por lo material, para que todas y todos puedan aprender y desarrollarse a su máximo potencial.
En México uno de cada cinco pesos se gasta en la educación. Sin embargo, las niñas, niños y jóvenes mexicanos no aprenden como deberían. Un estudio reciente concluyó que México gasta 35 por ciento más de lo necesario para obtener los resultados educativos actuales (Sutherlande, Price y Gonand, 2009). De hecho, se declara a México uno de los países menos eficientes tanto entre los países emergentes como los desarrollados en cuanto a su gasto educativo (Schwellnus, 2009).
Estamos frente a una realidad preocupante: gastamos mucho, pero gastamos mal. ¿Por qué?
En primer lugar, el gasto educativo es ineficaz. No asegura la presencia de los alumnos, maestros y padres de familia; no asegura el desarrollo de relaciones de aprendizaje ni la operación cotidiana de las escuelas; y tampoco proporciona la infraestructura y equipamiento académico adecuados. El sistema se caracteriza por ausentismo crónico, deserción y condiciones deficientes.
El gasto es inequitativo en todos sus niveles: los niños, maestros, escuelas y estados en contextos más vulnerables reciben menos. Los niños con mayor necesidad van a "no escuelas", espacios que no tienen ni el mínimo para emprender el proceso de aprendizaje. Existe una variación injusta entre los salarios de los maestros: un maestro en una escuela aventajada gana, en promedio, hasta 2.3 veces más que sus pares laborando en contextos marginados. Cinco de los seis estados más rezagados en materia educativa gastan menos por alumno que el promedio nacional.
El gasto está capturado. No existen mecanismos efectivos para que las escuelas, los maestros, los padres de familia y los ciudadanos puedan participar o tener voz en el proceso. Las dirigencias sindicales, en cambio, capturan un gasto desproporcionado.
El gasto es ineficiente. El presupuesto es inercial, elaborado con información parcial y un proceso político, opaco y capturado, con criterios anuales y no de largo plazo. El ejercicio es tardío –las escuelas reciben recursos programáticos al final del ciclo escolar–, la evaluación es omisa o insuficiente, y la vigilancia no tiene consecuencias. Año tras año la ASF identifica "uso indebido" de recursos federales (casi 25 mil millones de pesos en 2010 y 2011), sin que haya sanción ni corrección.
El gasto es opaco. Se carece de datos transparentes y accesibles al público sobre los sistemas educativo y financiero. Como resultado, los ciudadanos no tienen elementos suficientes para intervenir y su participación es rechazada. No se rinden cuentas, ni en la escuela, ni en los estados, ni a nivel nacional.
El gasto es corrupto. En vez de exhibir un uso justo y fidedigno del dinero público, dinero que corresponde a la gente joven para el desarrollo de su máximo potencial, hay desviación sistemática en beneficio de personas o grupos particulares. Falta pasar del registro de esta corrupción a la sanción plena de ella.
El gasto es uno de los principales instrumentos de política pública; si no se ponen los recursos materiales al servicio de la tarea educativa, que es enseñar y aprender, este derecho quedará como un mero compromiso retórico. Hay que aprender a gastar y gastar para aprender.
Twitter: @jennodjod
Investigadora en Mexicanos Primero.
Opinión