Opinión

Mal de muchos, consuelo de tontos

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topo chico

Una vez más la deplorable situación del sistema de readaptación social empañó la imagen de México en un momento de alta exposición mediática. Hace apenas unos meses la fuga del Joaquín Guzmán Loera sorprendió al presidente Peña Nieto cuando aterrizaba en Francia para realizar una pomposa visita de Estado. En la medianoche del miércoles pasado, un día antes del inicio de la visita del Papa Francisco, tuvo lugar en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, la riña más sangrienta al interior de una cárcel mexicana de la que se tenga registro en la historia reciente (y la sexta a nivel mundial). Inicialmente se reportaron 52 muertos, posteriormente la cifra se corrigió a 49. El enfrentamiento entre dos facciones rivales de Los Zetas, y los sucesos que lo rodearon, exhiben nuevamente la crítica situación que prevalece en buena parte de los penales mexicanos, así como la negligencia de las autoridades para atender esta crisis.

Al parecer, el ataque se suscitó cuando Juan Pedro Saldívar Farías, el Z-27 intentó disputar el control del penal a César Iván Hernández Cantú, El Credo. Por lo menos desde 2012 el grupo del Credo operaba una red de extorsión a los internos del penal, que –de acuerdo con testimonios de sus familiares– debían pagar cuotas de hasta cinco mil pesos semanales. Por su parte, el Z-27 fue trasladado apenas hace un par de meses del penal de Matamoros por orden de un magistrado que consideró que no era peligroso (Topo Chico no es un penal para delincuentes de alta peligrosidad, sino para procesados, lo que explica que la mayor parte de quienes murieron no fueran criminales sentenciados). Será necesario esperar hasta que avancen más las investigaciones para determinar con exactitud qué detonó la masacre de la noche del pasado miércoles en Topo Chico. Sin embargo, vale la pena preguntarse si el grupo comandado por el Z-27 inició su ataque con la intención de sólo intimidar a sus rivales, o si tenían desde un comienzo la encomienda de liquidarlos. En el segundo caso quedaría de manifiesto que los criminales tenían razones para pensar que podían llevar a cabo de forma impune ejecuciones al interior del penal.

También queda la pregunta de por qué poco antes de que concluyera el mandato del gobernador Rodrigo Medina se tomó la decisión de no renovar el convenio con Sedena para que elementos del Ejército custodiaran Topo Chico y los otros dos penales de Nuevo León (y por qué la administración de Jaime Rodríguez El Bronco no lo reactivó de forma oportuna). La vigilancia de Sedena al menos había sido eficaz para contener la ola de riñas y fugas que culminó en febrero de 2012 con la muerte de 44 internos en el penal de Apodaca.

No es suficiente escudarse en las omisiones del gobierno de Roberto Medina: la actual administración es responsable si conocía el riesgo y no actuó, e igualmente responsable si no lo conocía. Algunas de las declaraciones de funcionarios estatales han sido francamente desafortunadas. Como si fuera justificación; han señalado que la situación de hacinamiento y autogobierno criminal que prevalecía en Topo Chico es la norma en los penales mexicanos. Sin lugar a dudas en los penales de varios estados existen condiciones que podrían conducir a tragedias similares.

Sin embargo, los penales no están “todos iguales” como señaló en entrevista Roberto Flores, procurador General de Nuevo León. En el penal de Ciudad Juárez, por ejemplo, se ha logrado que se cumplan reglas básicas para evitar el autogobierno criminal y posibles enfrentamientos: se separa de forma efectiva a los internos por grupo criminal, grado de peligrosidad y nivel de avance del proceso; un interno no puede salir de su celda si no está registrado con 24 horas de anticipación en una capacitación o trabajo; y se ha eliminado el efectivo (los internos usan tarjetas de débito y su huella dactilar para hacer alguna compra). El Bronco y su equipo deberán responder por los hechos del pasado jueves.

Ahora bien. Es cierto que se podrían registrar tragedias similares en otros estados, y que es urgente que varios gobernadores y el Ejecutivo federal tomen cartas en el asunto. Es mucho lo que se puede hacer en el largo plazo para combatir los grandes males del sistema de readaptación social: por ejemplo, reducir la sobrepoblación por medio de programas eficaces de preliberación de delincuentes de baja peligrosidad o hacer cumplir reglas como las que existen en los penales de Chihuahua. Sin embargo, también se requieren medidas inmediatas.

Es momento para que los gobernadores tengan el valor de dar un paso al frente. Si en algún penal de su entidad existen condiciones graves de autogobierno criminal es indispensable que lo reconozcan y que soliciten que la federación se haga responsable, como mínimo, de la seguridad externa y de la realización de cateos. De lo contrario podría haber nuevas tragedias.

Twitter: @laloguerrero

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