Opinión

Magistrados electorales

   
1
   

   

Ayer 67 magistrados electorales de 18 estados del país rindieron protesta en el Senado de la República. (Cuartoscuro)

La reforma constitucional en materia electoral de 2007 incorporó la regla de escalonamiento en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La racionalidad de este nuevo sistema de elección de magistrados electorales fue que la renovación por fracciones de los colegiados evitaría, por una parte, rupturas abruptas en la continuidad doctrinal y, por otra, el riesgo de petrificar en el tiempo distribuciones específicas del poder de nombrar. La estabilidad se conjugaría, desde entonces, con la adaptabilidad del órgano.

La reforma detonó procesos periódicos de elección sujetos a un límite: nadie puede desempeñar la función por un plazo mayor a nueve años. La vía para hacer operativo el principio de escalonamiento suponía diferenciar a la baja el período del mandato de algunos de los integrantes de las salas electorales. El poder revisor de la Constitución no fijó reglas para la elección escalonada de integrantes, sino que delegó expresamente tal potestad al Congreso de la Unión. El régimen transitorio de la adecuación legislativa estableció cuatro reglas: a) la fecha para el nombramiento por parte del Senado de sus siete integrantes (20/10/2016); b) la fecha del inicio del mandato de los siete (4/11/2016); c) tres ámbitos distintos de vigencia del cargo para grupos de dos, dos y tres magistrados (31/10/2019, 2022 y 2025, respectivamente), y d) la facultad del Senado de individualizar la duración del encargo jurisdiccional para cada magistrado.

Entre el nombramiento y el inicio del mandato, el Congreso modificó el escalonamiento para ampliar el plazo de los cuatro magistrados de menor duración. El legislador ordinario realizó un balance cuidadoso entre las circunstancias específicas del ejercicio de la función jurisdiccional electoral y los fines que se pretenden alcanzar con la regla de escalonamiento. En particular, consideró que se pone en riesgo el principio de independencia judicial cuando como consecuencia de la aplicación sistémica de un conjunto de normas relativas al estatuto de los juzgadores electorales, dos magistrados concluyen su mandato un año después de haber resuelto, en última y definitiva instancia, las impugnaciones del proceso electoral de 2018 y quedan, además, inhabilitados –sin derecho a garantía o haber de retiro– para ejercer profesionalmente en la materia. Se advirtió que, bajo estas condiciones, no se cumplían satisfactoriamente los parámetros básicos de estabilidad en el empleo que exigen la independencia y autonomía jurisdiccional. Así, sin alterar las dos restricciones constitucionales –límite máximo del cargo y escalonamiento imperativo–, el legislador optimizó fines constitucionalmente legítimos, a través de un ejercicio de ponderación entre circunstancias concretas y razones normativas fundamentales.

Tres razones sostienen la constitucionalidad de este proceder. En primer lugar, el legislador goza de amplía libertad de configuración para el escalonamiento, pues así lo prevé expresamente la Constitución y, además, no hay derechos de terceros involucrados, en colisión directa o en situación de riesgo. En segundo lugar, el ámbito de validez de la norma transitoria no se agotó con el acto del nombramiento, sino que siguió causando efectos, al menos en cuanto a las dimensiones de realización de la función de nombrar, así como a las fechas de inicio y fin de los mandatos. En tercer lugar, la norma fue modificada de manera previa al inicio del encargo, esto es, antes de que se constituyera a plenitud la situación jurídica del nombramiento.

La Suprema Corte ha reiterado que cuando la autoridad legislativa goza de amplios márgenes de libertad configurativa y no se presentan “categorías sospechosas” que eventualmente puedan poner en peligro valores constitucionales, las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores. La garantía de ley privativa protege la esfera de derechos del gobernado frente a intromisiones concretas de la autoridad vía un acto legislativo, pero no tiene vocación para oponerse de forma abstracta a otro principio constitucional. La discusión es sobre la maximización de la independencia judicial en el contexto de una transición hacia renovaciones periódicas y parciales de un órgano límite. Es una cuestión sobre el diseño de una institución constitucional y no sobre los alcances de derechos. Un caso, pues, para la practicar la deferencia judicial hacia las razones de la política.

* El autor es senador de la República.

Twitter:
@rgilzuarth

También te puede interesar:
Nada para nadie
2017, juego nuevo
La pacificación de México