Opinión

Maestro, no estamos arreglados

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Polanco

Un conocido que hace años trabajaba en la delegación Miguel Hidalgo me decía “a los vecinos de Polanco, hasta lo que no comen les hace daño”. En efecto, si se revisa la prensa, se confirma que las organizaciones de vecinos de Polanco cuentan con una sorprendente capacidad para oponerse, y frecuentemente bloquear, toda clase de proyectos. Sin embargo, los desarrollos nuevos y las afectaciones que éstos causan, generan oposición en todas las colonias. La normatividad para el uso de suelo, y su aplicación por parte de las autoridades, existe precisamente para buscar un equilibrio entre la necesidad de dotar a la ciudad de vivienda y servicios, el interés de los vecinos de minimizar dichas afectaciones y el interés de los desarrolladores de hacer negocio.

Lo excepcional de Polanco –y muy particularmente de la calle Rubén Darío– es la gran concentración de residentes notables (o meramente ricos) que cuentan con los recursos y los contactos suficientes para movilizar a la opinión pública e influir en las decisiones de las autoridades de más alto nivel. Aquellas personas con las que, a diferencia de los ciudadanos de a pie, el jefe de Gobierno probablemente acceda a reunirse personalmente. En las últimas semanas se ha ventilado en los medios la confrontación entre grupo Abilia (propiedad de María Asunción Aramburuzavala, quien controla una de las mayores fortunas del país y pretende construir una torre de departamentos de 30 pisos) y un grupo de vecinos de Rubén Darío, entre ellos el periodista Joaquín López Dóriga y su esposa, Adriana Pérez Romo. Esta confrontación ha evidenciado el carácter abusivo al que puede llegar la presión que ejercen estas organizaciones de ciudadanos influyentes. Abilia difundió un video en el que se observa al abogado de los vecinos solicitar cinco millones de dólares a cambio de frenar su batalla legal en contra del proyecto.

Desde siempre ha existido una enorme corrupción en la asignación e inspección de licencias de construcción. Basta ver la cantidad de sellos de clausura que proliferan en las construcciones en toda la ciudad para constatar que el sistema está diseñado para que las autoridades extorsionen a los desarrolladores. Si las reglas fueran claras y su aplicación consistente, los desarrolladores terminarían por acatarlas como regla general. Sin embargo, actualmente hay amplios márgenes de discrecionalidad que los inspectores de las dependencias capitalinas aprovechan para extraer rentas de los desarrollos.

Lo interesante del conflicto en torno al desarrollo de Abilia en Rubén Darío es que demuestra cómo las organizaciones de vecinos también pueden operar de forma coordinada con las autoridades para extorsionar a los desarrolladores. Después de que Abilia se negara a pagar los cinco millones de dólares que solicitaban los vecinos, el Gobierno del Distrito Federal, en efecto, inició un “juicio de lesividad” en contra del desarrollo. Es decir, un procedimiento para frenar una obra que previamente había autorizado. Existen dos posibles explicaciones: o Seduvi (es decir el GDF) actuó de forma negligente al aprobar un proyecto que no cumplía con la normatividad; o el GDF cedió ante las presiones de los vecinos para actuar arbitrariamente en contra de un desarrollo legal.

A lo anterior hay que agregar que en el video difundido por Abilia el abogado de los vecinos da a entender que ellos tienen la capacidad para influir en las decisiones del gobierno capitalino, en particular en un juicio de lesividad. El abogado se refiere al jefe de Gobierno, no como una autoridad, sino como un gestor que procura los intereses de los vecinos; dice que, en el momento en el que lleguen a un acuerdo (Abilia y los vecinos) tendrán que ir a su oficina para decirle “maestro, ya estamos arreglados, ya hay finiquito entre ambas partes, desístete”.

En una sociedad y una economía como la mexicana, donde los recursos se encuentran concentrados en muy pocas manos, las confrontaciones entre los grandes intereses económicos revisten una importancia particular. Algunos grupos de interés, acostumbrados a actuar de forma arbitraria e impune, sólo encuentran un contrapeso real cuando se enfrenta a otro grupo con un poder económico equiparable. Grupo Abilia puede darse el lujo de “llegar a las últimas consecuencias” porque su propietaria es igual o más acaudalada que sus adversarios, los vecinos de Rubén Darío.

Ojalá que esta confrontación no sólo sirva para exhibir las conductas abusivas de un grupo de vecinos, sino que también genere consecuencias y abra la puerta a un cambio en la forma como se regulan las construcciones. Por lo pronto, ojalá Xóchitl Gálvez, la nueva delegada en Miguel Hidalgo a quien el abogado de los vecinos se refiere como “la lorencita”, cumpla su promesa de transparentar los cambios de uso de suelo y eliminar vacíos legales en el ámbito inmobiliario. Ojalá haya también responsabilidad política por parte del gobierno de la ciudad.

Twitter: @laloguerrero

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